Escribe Leonardo Perna
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La mitad de la Argentina, 25 millones de personas, está bajo la línea de pobreza y buena parte, bajo la de indigencia. De acuerdo al informe que publicó el INDEC, en el primer semestre la pobreza subió al 52,9 %, aumentando el 12,8 % en un año, mientras que la indigencia se duplicó llegando al 18,1 %. Según, en este caso, UNICEF, el 66 % de los niños es pobre y el 27 % es indigente.
El gobierno de Javier Milei ‘logró’ llevar estos índices a una situación emparentada a la del año 2002, durante la gran bancarrota que desató la rebelión popular del Argentinazo.
Meses antes, el Observatorio de la Deuda Social de la UCA marcaba índices similares para el primer trimestre del año. Este informe del INDEC es la primera estadística oficial durante el gobierno de Javier Milei. Son 6 millones los nuevos pobres y 4 millones los nuevos indigentes, un sector donde impacta fuerte el retiro de los alimentos a los comedores y la eliminación de buena parte de la asistencia social. Entre otros factores, pega duro el congelamiento de los planes sociales en $78.000, que llevan perdido el 70 % de su valor.
La inflación del 4 % mensual orada lo poco que se obtuvo por actualizaciones de montos en la AUH, la asignación universal por hijo -unos$ 80.000 que llegan a 2,4 millones de titulares-. La Tarjeta Alimentar -que equivale a unos $50.000- mensuales llega hoy a unos 2,2 millones de beneficiarios. La canasta familiar de agosto supera el millón y medio de pesos. La distancia es descomunal.
La desocupación, mientras tanto, sumó dos puntos porcentuales completos y se colocó en el 7,6 %. Un aumento de 336.000 personas que perdieron sólo en los últimos 3 meses, 60.400 puestos de trabajo. Dentro de los empleados hubo una transferencia de 328.000 hacia puestos de “menor calidad” o sea trabajo precarizado o en negro. Por otra parte, beneficiarios de los planes y changarines siguen siendo contabilizados como “ocupados”.
Es cierto, todos estos indicadores llevan décadas en declive social. Durante el gobierno de Mauricio Macri la pobreza pasó del 30 % al 35,5 % y en el gobierno de Alberto Fernández paso del 35,5 % al 41,7 %.
Para la camarilla que festejó con un asado el veto a los jubilados esta situación es resultado de “años de deterioro vinculados a la inestabilidad macroeconómica que afecta al país, el mal manejo de los recursos públicos, el agotamiento del modelo basado en el consumo y una legislación laboral que excluye a los nuevos trabajadores”.
En Capital Humano se jactan de que “ahora la ayuda social llega directamente a sus destinatarios”. Sin embargo, parte de los alimentos se pudrieron en los galpones y lo poco que se distribuyó a través de iglesias y escuelas fue producto de intimaciones judiciales a la ministra Sandra Pettovello. El desmantelamiento y liquidación de la ayuda y protección social es una de las causas de la duplicación estadística de la indigencia, determinada por un deterioro social que lleva años de gestación y se ha profundizado con cada crisis capitalista.
En comedores y merenderos de todo el país las colas se acrecientan con familias que piden su plato de comida, en municipios del conurbano y la ciudad, la asistencia brindada no alcanza y empieza a darse una puja por los pocos recursos. Esto puede chocar de frente con el fantasma de la desocupación en masa y el parate de la actividad.
El movimiento de desocupados con sus exponentes más firmes y organizados tiene que tomar el desafío y abrir una lucha a fondo frente al gobierno liberticida que lleva todos los índices sociales hacia una catástrofe humanitaria.