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A las 22 horas del martes un operativo policial con decenas de efectivos munidos de armas largas, escudos y caras tapadas había ingresado en la casa de Fernanda Miño, extitular del FISU, catequista militante y exconcejal cercana a Juan Grabois. La excusa para el allanamiento fue el robo de una moto. A la brevedad surgió la información de que el ciclomotor tenía fecha de robo el 26 de agosto, con lo que aumentaron la operación policial.
Una hora antes, Fernanda Miño había estado en el piso del canal C5N dando una entrevista junto con exfuncionarios y trabajadores sobre el cierre final del ENOHSA (Ente Nacional De Obras Hídricas De Saneamiento), que tiene en parálisis las obras en importantes distritos de la provincia de Buenos Aires. Al volver del canal Miño entró a su casa y encontró adentro un equipo de policías con el rostro tapado que habían ingresado forzando la puerta. Fue golpeada, aprehendida, le impidieron hablar con su abogado y durante dos horas revolvieron su casa con ella y sus hijas en el piso. Entrada la medianoche sin más información respecto al operativo, los efectivos se retiraron.
Por la noche, el gobernador Axel Kicillof se solidarizaba con Miño, pero no sabía dar respuesta respecto a quién había dado curso a semejante operativo de la policía bonaerense, tampoco ofrecieron nada al respecto desde el Ministerio de Seguridad del GBA.
Fernanda Miño estuvo a cargo en el gobierno anterior del FISU (Fondo de Integración Socio Urbana), un fondo multimillonario que llevaba adelante las obras de urbanización en asentamientos y villas. Uno de los entes apuntados por el Gobierno en varias oportunidades como un caso típico de desvíos de fondos y manejo discrecional. Denuncia que llevó a un conflicto de nueve meses por su manejo entre Sandra Pettovello y Sebastián Pareja, el actual titular.
El Fondo aún está en disputa a pesar de que fue reducido en un 90 %. En el gobierno de Alberto Fernández manejó unos 500.000 millones de pesos llegando a ser la caja más importante del exministerio de Desarrollo Social. Casi todos sus trabajos fueron asignados a cooperativas de la UTEP y del Movimiento Evita, que ahora están paralizados.
