Escribe Marcelo Ramal
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El paro de los gremios del transporte liderados por el moyanismo, convocado para este miércoles 30, ya tuvo una respuesta por parte del Congreso. Un día antes, libertarios, macristas, radicales y varios otros dieron dictamen de comisión al proyecto que declara a Aerolíneas “sujeta a privatización”. Naturalmente, todavía deberán reunir los votos del pleno y luego pasar por el Senado. Pero el camino ha quedado abierto para una privatización que tiene varias alternativas -desde la venta parcial del paquete accionario hasta la liquidación lisa y llana de la compañía. En las próximas semanas, la cuestión se cruzará con el debate del presupuesto 2025, donde los gobernadores provinciales -y los pejotistas en primer lugar- están mendigando fondos para sostener alguna obra pública provincial junto con sus obligaciones de deuda. La cuestión ya se ha filtrado en la “gran” interna peronista, pues el riojano Quintela -el rival de Cristina- fue descubierto en una visita a la Rosada, en medio de las impugnaciones por la cuestión de los avales en esa misma interna. Del otro lado, Máximo Kirchner recorre las tribunas para proclamar el derecho de Milei a vetar leyes y gobernar por decreto.
Los votos de Aerolíneas se juegan en medio de este festival de colaboraciones sigilosas con Milei y Caputo. Lo mismo ocurre con la cuestión universitaria, que los rectores -y las burocracias sindicales que bailan a su compás- han depositado definitivamente en manos del Presupuesto 2025. El gobierno se dice dispuesto a negociar los fondos para las casas de estudio, pero sobre la base de consolidar el despojo a los salarios docentes y no docentes perpetrado en 2024. Esos recursos representan el 80% de los gastos de la educación superior. Para el 20% restante, que es la caja de los rectores, el gobierno ha sacado el látigo de las auditorías, o sea, de la extorsión. El operativo es inconstitucional y viola la autonomía universitaria. Para el caso en que los ajustes presupuestarios para 2025 no sean convalidados, el gobierno prorrogaría el presupuesto 2024, que es en realidad una extensión del de 2023.
El escenario parlamentario se completa con una significativa demora: la del tratamiento del DNU que modifica la ley de Administración Financiera, que autoriza a negociar la deuda pública incluso en condiciones más onerosas para el país. Es justamente lo que está haciendo Caputo con los vencimientos de 2025. La oposición no parece querer perturbar el rescate del gobierno libertario por parte de los fondos internacionales.
El paro parcial de transportes del día 30 será acompañado por los sindicatos docentes de varios niveles. Levanta la bandera difusa de la “soberanía”, como si la “línea de bandera” viviera fuera del contexto financiero de Argentina. En nombre de esa “soberanía” ha aceptado de hecho los ajustes salariales y laborales de Milei. El gobierno maneja la autogestión de la empresa por parte de sus trabajadores o sus organizaciones, por la falta de compradores interesados. Apunta a una autofinanciación y un autoajuste. El carácter del paro es difuso y aislado. Al paro del 30 se ha sumado el sindicato del Subte, sin hacer una convocatoria por las reivindicaciones de sus trabajadores -asbesto, salarios, presión flexibilizadora.
Finalmente, los gremios universitarios se han plegado a la jornada, después de sus paros aislados y pasivos en contramano del movimiento de ocupaciones de facultades. El escenario se completa con el paro “por cuerda separada” de la UTA el día jueves, sólo para evitar que la jornada del miércoles, por la vía de una interrupción general del transporte, empujara a una paralización de actividades al menos en el conurbano. Hace rato que la UTA ha colgado a sus reclamos salariales de los tarifazos en el transporte, que auspicia sin ningún tapujo.
Los paros de aparato de este miércoles y jueves son parte de la componenda que los partidos capitalistas, afuera y adentro del Congreso, sostienen con el gobierno liberticida. Son protagonizados por la misma burocracia que dejó pasar la mayor liquidación de derechos laborales incurrida en las últimas décadas. Las ocupaciones de facultades, las marchas de jubilados y las huelgas docentes provinciales estallaron en oposición a los aparatos sindicales, y principalmente los llamados “combativos” u opositores. Mientras ello ocurría, el moyanismo negociaba despidos en centros de distribución cruciales. Esta inquietud por abajo debe ser orientada al impulso de una huelga general mediante organizaciones autoconvocadas.