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El pasado viernes 15 de noviembre hallaron muerta a Sofía Delgado, una joven que había desaparecido el 30 de octubre en la localidad de San Lorenzo. Su cuerpo fue encontrado en Ricardone, a unos 25 kilómetros de donde fue vista por última vez.
El caso de Sofía, catalogado como femicidio, destapa dos cuestiones sumamente importantes: por un lado, la inacción del Estado y su brazo policial en la búsqueda y, por otro lado, cómo operan las redes de trata en el Cordón Industrial de Santa Fe.
Desde el primer momento que Sofía no volvió a su casa el 30 de octubre, sus familiares acudieron inmediatamente a la comisaría a denunciar la desaparición y apuntaron contra tres personas de las que sospechaban. La policía inició la búsqueda de la joven, pero no fueron hacia los sospechosos sino hasta una semana después, cuando ya el caso había tomado relevancia nacional en los medios de comunicación.
Mientras tanto, en la ciudad de San Lorenzo, la comunidad salía todos los días a la calle a manifestarse por la aparición de Sofía. Los vecinos realizaban marchas que pasaron rápidamente de ser “pacíficas” a ser piquetes cuando no obtenían respuestas. Las marchas se extendían hasta Puerto General San Martín, donde finalmente Sofía fue hallada.
Por el caso hay cinco personas detenidas. Los tres hombres que fueron señalados desde el primer momento por su familia y dos mujeres.
La zona donde hallaron a Sofía es conocida como “zona roja” en la que abundan galpones clandestinos donde se ejerce la prostitución y la venta de drogas, tráfico relacionado directamente con la circulación de camioneros que transportan las producciones de grano del sector agroexportador local. Se habla entonces de redes de trata que operan cotidianamente en la localidad. No hace mucho fue hallada -también asesinada- Andrea Portillo, en el mismo camino rural de La Cremería donde fue encontrada Sofía, luego de casi un año desaparecida.
La inacción del Estado en ambos casos, la demora en comenzar a investigar “de verdad”, en lugares donde es de público conocimiento la operación de estas redes, lleva a la consideración de que al Estado provincial no sólo no le importan las mujeres desaparecidas ni enfrentarse a quienes controlan estas redes, sino que es cómplice de éstas.
El hallazgo de Sofía, al igual que el de Andrea, fueron conseguidos por la presión de las familias y de la comunidad, que se organizó y luchó hasta encontrarlas.
Justicia por Sofía Delgado y por Andrea Portillo. El Estado es responsable.
