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Con la designación de Nicolas Pakgojz, ex funcionario de Larreta vinculado a Eduardo Elzstain, al frente de la Agencia Administradora de Bienes del Estado (AABE) y el decreto 636/24, el gobierno liberticida se ha lanzado a la liquidación y remate de tierras públicas.
El decreto en cuestión empodera al organismo con “plenas facultades para disponer, tramitar, aprobar y perfeccionar la venta de inmuebles del dominio privado del Estado Nacional”. Ya desde su creación, en 2012, durante el gobierno de Cristina Kirchner, la AABE ha tenido la facultad de centralizar y ejecutar las concesiones y ventas de tierras públicas. Y sobre esa base ha sido un vehículo del remate de patrimonio público bajo todos los gobiernos que le sucedieron.
Serían 309 los inmuebles puestos en subasta mediante el Anexo del decreto 950/2024 (Ver “Desde un futuro centro de esquí hasta un terreno frente al mar, todos los inmuebles que el Estado quiere subastar” en Infobae, 2/11). Bajo el planteo de que “en función de las medidas tendientes a eficientizar el rol del Estado, se impone la necesidad de impulsar la venta de inmuebles pertenecientes al Estado nacional que resultan innecesarios para su gestión”, se busca rematar tierras en todo el país y especialmente en lugares clave de la Ciudad de Buenos Aires. Además, entre los inmuebles a liquidar se encuentran también aquellos que no encontraron comprador en los remates entre 2016 y 2019.
En consonancia con este planteo, el 26 de septiembre pasado la legislatura porteña aprobó en primera lectura el proyecto de actualización del Código Urbanístico (CUR) presentado por Jorge Macri, que incorpora mayor discrecionalidad para el Poder Ejecutivo. Según el Observatorio de la Ciudad, el CUR vigente “habilita la construcción de 309 millones adicionales o sea multiplica por 2,5 la cantidad de m2”, en una ciudad que no crece poblacionalmente, sino que se mantiene estancada en tres millones de habitantes permanentes desde hace más de seis décadas – diariamente ingresan otros tres millones, en su mayoría, habitantes del conurbano, a trabajar-.
La complementariedad entre el decreto nacional y el CUR de CABA consiste en abrir nuevas perspectivas de negocios para el remate de las tierras públicas, toda vez que el CUR habilita la construcción de más metros cuadrados aéreos y construcciones que permitan exprimir al máximo la ganancia a cada metro cuadrado.
El bocado más preciado se ubica en el corredor norte de la Ciudad, es decir toda la línea costera que va desde Retiro hasta San Isidro. Esta política tiene larga data, como lo prueban los proyectos de traslado y remate de las tierras de Aeroparque, el profesorado de educación física Romero Brest, el CENARD, Tiro Federal -ya vendido-, el Centro de Salud Mental Nº 1 “Dr. Hugo Rosarios” -actualmente en lucha- y la ESMA, entre otros. Estos son los lugares que hoy vuelven a ser amenazados. Precarización, vaciamiento y privatización del suelo se combinan en una política de estado a favor de los intereses patronales. El argumento de evitar gastos innecesarios por instalaciones en desuso busca ocultar el vaciamiento de los servicios públicos, particularmente educación y salud, para despejar el camino al uso capitalista de las tierras. Incluso se llega a la desfachatez de catalogar como baldío al propio Centro de Salud Mental N°1, como si allí no funcionara nada cuando en realidad se atienden un millar de personas por día.
A instancias de la convocatoria de los trabajadores del Centro N°1 se va agrupando una coordinadora contra estos negociados.
Lo que está en juego es para qué se va a usar el suelo, si para el negociado y rescate de un puñado de parásitos capitalistas o para dar respuesta a las necesidades de salud, esparcimiento, educación, entre otros, de los trabajadores.
Esta es una pulseada de poder donde al ataque del Estado, las patronales y las burocracias debemos responder con un solo puño coordinando esfuerzos y medidas de lucha.
