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Los trabajadores de la empresa de recolección de basura Cliba se rebelaron contra la burocracia moyanista, que ha cedido a la presión patronal y del gobierno de la Ciudad. Reclaman que se haga efectivo el pago de las indemnizaciones. Acusan a la burocracia de haber abandonado la lucha.
El 31 de octubre vencieron las concesiones a las empresas de recolección de residuos de CABA, lo que planteó el reclamo de los trabajadores camioneros de la actividad para que se respete la continuidad laboral, se mantenga la antigüedad y se paguen las indemnizaciones correspondientes por el cambio de firma o renovación de la concesión.
Para el caso de renovación o la compra de paquete accionario -equivalente a un cambio de dueño- las empresas deben despedir a los trabajadores bajo convenio, para luego indemnizarlos y volver a emplear a la totalidad, manteniendo la antigüedad.
Desde 1998, Camioneros viene acordando con las empresas que se cumplan con estas pautas cada vez que se renueva la concesión del servicio o cuando lo adquiere una nueva. Esto se extendió más allá de CABA, como en el caso de los recolectores de residuos de Lanús, y en otras actividades, como en la cervecería Quilmes, el correo privado FedEx, OCA, la logística Dorinka de Walmart, o en el caso de las empresas dedicadas al acarreo de autos en CABA. Esto le dio carácter de derecho adquirido.
Para los camioneros, es una conquista muy importante, ya que de este modo logran evitar que la nueva firma que se queda con la continuidad de la actividad pueda deshacerse del plantel y evitar la licuación de antigüedad en cada cambio de firma o nueva concesión.
Sin embargo, el 31 de octubre, el gobierno de la Ciudad y las empresas se negaron a abonar la indemnización bajo el argumento de que la suma que deben desembolsar es muy alta y que, al no estar reglamentada en ninguna ley, no estarían obligados a hacerlo. Esto llevó a los trabajadores camioneros de la recolección a realizar asambleas y medidas de fuerza, como el quite de colaboración, en reclamo de la misma.
Sin lugar a dudas, lo que está en juego no es sólo el pago de las indemnizaciones, sino la flexibilización laboral en la actividad de recolección. Ya que los cambios de firmas y renovación de concesiones le dan a la patronal la posibilidad de mantener un plantel de trabajadores con poca antigüedad y, en consecuencia, más permeable a despidos, lo que quita la estabilidad laboral.
Por su parte, la burocracia moyanista, que tanto se vanagloriaba de lo que llamaban la "ley Moyano", envió a los delegados a las asambleas para disuadir a los trabajadores de la medida, con lo cual la retención de la conquista ahora solo está en manos de los propios trabajadores, que no dan el brazo a torcer y continúan con la lucha.
