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Después de 39 días de conflicto con los trabajadores del centro de distribución de la ex Walmart, el empresario Francisco De Narváez y el sindicato de Camioneros llegaron a un acuerdo. La empresa les pagará por única vez una “gratificación extraordinaria no remunerativa, no acumulable ni compensable” en hasta cinco cuotas a los trabajadores del centro de distribución. El monto será de entre $115.000 y 1 millón de pesos, según la antigüedad de cada trabajador, la recibirán trabajadores del centro de distribución, 477 de los 9872 trabajadores de todas las sucursales de la ex Walmart.
Al retirarse Walmart de las actividades comerciales del país, De Narvaez adquirió sus 31 sucursales y su centro de distribución. El conflicto nació de las bases del centro de distribución y más tarde fue tomado por el sindicato, que reclamó ante el cierre que la empresa se hiciera cargo de mantener al viejo personal, respetar su antigüedad y que se aplicaran los decretos presidenciales en cuanto al pago de la doble indemnización del personal.
El conjunto de las patronales argentinas puso el grito en el cielo ante este reclamo. Los medios de la derecha lo consideraron “fuera de la ley” y bautizaron el pedido del sindicato con el nombre de “Ley Moyano”.
Ante la intransigencia de De Narváez, se produjeron bloqueos en los centros de distribución de Walmart que afectaron la reposición de mercaderías y los ingresos de la patronal. Por el lado de De Narváez, se abrieron discusiones sobre el conflicto que llegaron a Sergio Massa y hasta el propio presidente, un viejo amigo de los Moyano.
Finalmente, en un encuentro privado entre Hugo Moyano y De Narváez -ambos compartieron una misma lista peronista en el pasado- arribaron al acuerdo mencionado más arriba, que luego Pablo Moyano plasmó en un acta ante el Ministerio de Trabajo. El acuerdo establece que no hay indemnización, ni simple, ni doble a los trabajadores sino, como se dijo, una “gratificación extraordinaria no remunerativa, no acumulable ni compensable” por única vez, acotada a los trabajadores del centro de distribución.
El reclamo inicial de Moyano que implicaba unos 600 millones de pesos. Con el acuerdo, pasó a $227.576.922 pagaderos en cuotas.
Los cierres en las empresas de transporte, donde se han producido centenares de quiebras y ventas truchas y una brutal absorción de cuatro o cinco grupos a costa de centenares de empresas chicas, tienen un antecedente nefasto en la UTA. La propia burocracia es fogonera de acuerdos que ni siquiera ponen como requisito la mantención del personal. Las empresas de micros que absorben otras siempre conllevan una depuración del personal -fundamentalmente de activistas- y solo algunas veces reconocen la antigüedad de los trabajadores de la vieja empresa. El acuerdo de Moyano, aunque tiene enormes límites, supera la práctica de la burocracia de otros gremios del transporte, lo que deja un antecedente para luchar por los derechos de los trabajadores afectados por este tipo de ventas en todos los sindicatos.
El Ministerio de Trabajo actuó en consonancia con los reclamos patronales, no reconoció un decreto presidencial en vigencia sobre despidos y homologará el centésimo acuerdo de una “gratificación extraordinaria no remunerativa”, “no acumulable ni compensable”.
El sindicato de camioneros, paradójicamente, también ha “absorbido”, como De Narváez, una docena de otros sindicatos, una política que lo ha enfrentado con una parte importante de la burocracia sindical. Los trabajadores de esos gremios han recibido con este cambio algunas mejoras salariales, pero por otro, se han incorporado al sindicato que les “absorbe” el 10% del salario porque además de la “cuota sindical” correspondiente al 3% de cada sueldo, el sindicato percibe otro 3% como “contribución solidaria” de los no afiliados, el 1,5% para un Fondo de Sepelio, y el 3% para la Obra Social (Oschoca), todo esto sin “derecho a protestar”. La democracia sindical es la gran ausente del sindicalismo de los Moyano.
15 de Mayo
