Violencia escolar en Villa Ballester: las autoridades educativas y la burocracia sindical acusan a los docentes

El 19 de noviembre del corriente año se realizó en la EES N° 13 (ex Comercial de Villa Ballester) una reunión a la que asistieron aproximadamente 40 docentes, representantes de SUTEBA, UDOCBA, FEB, el inspector y el jefe distrital. La misma se convocó a raíz de la presión ejercida por docentes, estudiantes y padres ante la falta de respuesta del inspector y del equipo directivo frente a los hechos de violencia cometidos por un alumno, que derivaron en dos docentes golpeados, la afectación del resto de los estudiantes perjudicados en su integridad emocional, las sanciones a dos directivos y un profesor separado del cargo, por la aplicación del artículo 139 del Estatuto Docente, que establece que cuando a un docente se le imputan faltas o hechos graves, se procede a una investigación y, según el resultado, la instrucción del sumario puede concluir con el despido.

Disparan contra los docentes

En la reunión, las autoridades presentes intentaron desviar el eje, haciendo hincapié en la falta de canales de comunicación en la escuela y en el “desconocimiento de los docentes” de los protocolos de intervención ante situaciones violentas. Por su parte, los docentes reclamaron explicaciones sobre los compañeros apartados; el inspector se limitó a contestar que no era ese el motivo de la reunión, cuando esa fue la razón de la convocatoria. En tanto, los representantes gremiales de SUTEBA, UDOCBA y FEB presentes, en ningún momento pidieron que los compañeros fueran reinstalados, reforzando de esta manera la regimentación que se pretende imponer. La reunión concluyó sin que se satisficiera el reclamo de reinstalación del profesor y con una nueva convocatoria al cuerpo docente para llevar a cabo una jornada de capacitación los días 12 y 13 de diciembre, lo que será una nueva oportunidad para plantear el cese de sanciones sobre los docentes.

Esta sanción al compañero no es una cuestión aislada, ya que se vienen “armando causas” para “justificar” la aplicación indiscriminada del artículo 139, lo cual tergiversa su fundamento, ya que el mismo implica una separación momentánea del cargo sin afectar el salario, permitiendo su derecho a defensa, algo que no viene ocurriendo con más de 150 docentes investigados en el distrito de San Martín, con procesos sumarios interminables de hasta 3 años, lo que de por sí,da cuenta de su carácter arbitrario y de que las escuelas son un receptáculo del actual colapso social.

Los docentes, que ya padecen una creciente sobrecarga laboral, también corren el riesgo de ser sancionados ante el menor reclamo para desarrollar sus tareas o preservar su integridad física. Entretanto, las autoridades y la burocracia intentan ocultar el ajuste y la degradación social, planteando la falta de capacitación como argumento para aplicar sanciones a los docentes, lo que se ha transformado en la práctica habitual de las Jefaturas Distritales y Regionales.

Es necesaria una salida

Los hechos de violencia escolar recorren el conjunto de las escuelas de la provincia sin que los docentes tengan garantizada su seguridad, ni dentro ni fuera del aula o de la escuela, y, a la hora de evaluar los hechos, el gobierno y la burocracia sindical responsabilizan a la docencia, como ya está ocurriendo en el ex Comercial de Villa Ballester.

Desde el gobierno de Milei y el de Kicillof se atacan y degradan los recursos materiales y las posibilidades profesionales de los docentes (poder adquisitivo, sobreexigencia laboral, “reforma laboral”, etc.) y, por otro lado, se extorsiona al trabajador de la educación, pretendiendo que contenga las consecuencias de una política más general de ajustes y tarifazos, que condena a 7 de cada 10 chicos en edad escolar a vivir por debajo de la línea de pobreza e indigencia, lo cual representa un ataque a su formación educativa.

Nuestros alumnos no solo padecen las consecuencias del ajuste, sino que, además, son víctimas del creciente negocio de la droga, la violencia intrafamiliar, el hacinamiento, la desocupación, la violencia policial y, en general, la ausencia de perspectivas para la juventud.

Es en este cuadro social que se desarrolla la violencia escolar, y ante ello nos encontramos con gabinetes que no dan abasto para realizar un abordaje serio de los problemas que se presentan. Tampoco el Estado, que es quien ha provocado esa situación, les ofrece a los docentes las herramientas para resolver el problema, ya que tampoco existen profesionales de la salud a disposición en los hospitales, porque también estos se encuentran afectados por el ajuste. Por lo tanto, no ha de ser desde el punitivismo que se resuelva el problema de los alumnos violentos, sino desde la atención profesional que estos se merecen y que el Estado debe garantizar.

La política de ajuste planteada con la reforma laboral y la resistencia social que se genera ante la necesidad de contenerla para avanzar y ajustar aún más las condiciones de trabajo no resiste esta contradicción en quien ya trabaja 2 y 3 cargos. El sentido de la aplicación indiscriminada del artículo 139 cumple la función de amedrentar en momentos en que se pretende imponer el Proyecto de la “esencialidad educativa”, modificar el Estatuto Docente, implementar un “Nuevo Régimen Académico” y continuar estrangulando los salarios.

Frente a esta situación de derrumbe social en la que son golpeados física y moralmente docentes, alumnos o padres, es necesario desarrollar un cuadro de organización independiente que aborde el conjunto de los problemas que agobian a la comunidad educativa.