La oligarquía liberal y la Ley de Asociaciones Sindicales: la intervención de Álvaro Alsogaray en el Congreso sobre el debate de “reordenamiento sindical”

A continuación, reproducimos integralmente la intervención de Álvaro Alsogaray, diputado de la UCeDe por la Capital Federal, en la sesión de la cámara de diputados del 10 de febrero de 1984, durante el tratamiento de la “ley de reordenamiento sindical” o “ley Mucci”, impulsada por el radicalismo. El jefe político de la oligarquía liberal de la época se opone con vigor a la modificación de la Ley de Asociaciones Sindicales, que reclama el alfonsinismo y recibe una ovación de la barra de la burocracia, que había copado las galerías de la cámara. Esta versión fue citada por Marcelo Ramal en un artículo reciente.

Sr. Presidente (Silva). — Señores de la barra: debo advertirles, por última vez, que de no guardar compostura voy a proceder a desalojarlos. Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Alsogaray. — Señor presidente: obviamente, nuestra intervención en el debate de hoy va a desentonar un poco —con seguridad—, con respecto a las brillantes exposiciones aquí realizadas. Pero es nuestro estilo, y no tenemos más remedio que continuar diciendo las cosas tal cual las pensamos.

—Manifestaciones en las galerías.

Sr. Alsogaray. — Ya me van a escuchar en la barra; no se aflijan. (Risas.)

Sr. Presidente (Silva). — Ruego al señor diputado no dirigirse a la barra sino a la Presidencia.

Sr. Alsogaray. — Señor presidente: que la actitud sea recíproca.

Sr. Presidente (Silva). — Así trato de lograrlo, señor diputado.

Sr. Alsogaray. — De acuerdo.

En primer lugar, creemos que este debate, abierto en este momento, es inoportuno y en realidad contrario a lo que establece la Constitución al prescribir que las sesiones extraordinarias pueden ser convocadas por el Poder Ejecutivo "cuando un grave interés de orden o de progreso lo requiera". No era indispensable tratar este tema ahora. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Silva). — Continúe, señor diputado.

Sr. Alsogaray. — Bastaba con liberar al movimiento sindical de las restricciones que tuvo durante estos años y dejar que las cosas se desenvolvieran tranquilamente por unos cuantos meses, mientras atendíamos otros problemas y en tanto se elaborara una ley de fondo en este sentido.

Sin duda existen problemas. El país está en cesación de pagos; estamos ante la existencia de un desborde monetario que nos coloca al borde de un colapso financiero; van a faltar insumos en las fábricas, lo cual paralizará un buen número de ellas; el nivel de vida se reduce todos los días y, en el trasfondo, está el problema de la hiperinflación, aunque por medio de este "notable" control de precios transitoriamente se la intente disimular.

Estos problemas trabajan día y noche, y en este sentido muy poco importan las leyes electorales. Estos son los problemas que deberíamos atender en primer término, y lamentablemente pronto nos daremos cuenta de que estamos haciendo muy poco para solucionarlos.

Pero, en fin, el país ha sido atraído por este debate. Todos los medios de comunicación están dedicados a él. Se ha anunciado una concentración masiva para esta tarde y hay otra prevista para la semana que viene. Todo el mundo está absorbido por el debate. Espero que la tranquilidad con que se está desarrollando afloje las tensiones, que terminemos con esto y nos dediquemos pronto a los demás problemas.

En cuanto a la ley en sí, tiene por objeto normalizar los sindicatos y reglar la elección de autoridades. No se trata de una ley de fondo; ésta no está contenida —por lo menos no debiera estarlo— en este proyecto. Sin embargo, el dictamen de la mayoría se refiere a temas de la ley de fondo que se injertan en esta ley transitoria. Establecer, por ejemplo, la representación de las mayorías y las minorías en los sindicatos no tiene nada que ver con el régimen electoral que establece este proyecto. En todo caso, sería una cuestión de organización de los sindicatos en el futuro. Y éstos deben organizarse no como el gobierno quiera, sino como quieran los trabajadores. (¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos prolongados.)

Ni en mis sueños ni fantasías hubiera esperado un aplauso así. (Risas y aplausos.)

El proyecto oficial es un proyecto dirigista y reglamentarista: democracia a la fuerza, de acuerdo con el modelo oficial. Si otros interpretan la democracia de otra manera, no caben en este proyecto. (¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.) Es expresamente violatorio de la Constitución Nacional en sus artículos 14 y 14 bis y también, como ha sido citado, del Convenio número 87 de la Organización Internacional del Trabajo. El proyecto de la minoría se ajusta más al criterio de la libertad sindical de la Constitución. (Aplausos.)

Ojalá esto durara hasta el final, pero hay algunas cláusulas que todavía no he analizado. (Risas.)

El dictamen de minoría se ajusta mucho más a lo que debió ser este proyecto: algo muy simple, con unas pocas reglas dando garantías a todos los afiliados de que las elecciones se realizarán libremente; un mínimo encuadre que incluso hubiera podido hacerse sin ley, pero en todo caso con un instrumento legal muy simple.

Después de esto, viene la segunda parte: los trabajadores normalizados y sus autoridades son quienes deben decidir cuál va a ser su futuro estatuto, y no el poder político. (Aplausos.) Esto lo decimos con convicción porque es consecuente con la idea liberal que sustentamos siempre. (Aplausos.)

Estas ideas de libertad son coincidentes con la filosofía liberal. Liberal quiere decir libertad. No veo por qué algunos se enojan con la palabra si es algo que todos aplaudimos, desde todos los puntos de vista.

Si tuviéramos que elegir uno de los dos despachos —y tal vez debamos hacerlo—, entre las dos propuestas concretas nos inclinaríamos por la de la minoría. (Aplausos.) Interpretamos que es más simple, no introduce problemas, es más expeditivo y concordante con el texto de la Constitución y de la resolución de Ginebra. Establecida asi nuestra posición, no quiero hacer un escamoteo a los "compañeros" que me han aplaudido, deteniéndome aquí. Quedaría incompleto mi pensamiento si no lo expresara en su totalidad.

La libertad debe ser integral y los sindicatos, cuando reclaman libertad, tienen también que hacerlo en forma integral. Bajo ningún punto de vista pueden pedir libertad para organizarse y luego solicitar privilegios o ventajas al Estado. La libertad debe jugar a todas las puntas. Ojalá siempre estemos de acuerdo con esta apreciación. Los sindicatos no pueden tener ventajas de tipo monopólico porque, de lo contrario, obtendrían un poder de coerción que está en contra del poder de coacción del Estado.

Hemos tenido ese tipo de ponencias en el país y lo mismo ha ocurrido en sociedades libres como Gran Bretaña y Francia, donde los sindicatos han ejercido un poder de coerción que ha resultado perjudicial a los intereses generales de la Nación. Sin embargo, ese poder de coerción no lo tuvieron por el hecho de ser sindicatos, sino porque reciben de los gobiernos determinados privilegios monopólicos inaceptables.

Así como nosotros defendemos, en términos económicos, a los empresarios libres y competitivos, y nos oponemos a aquellos otros que predican la libertad, pero luego piden al poder público ventajas, promociones especiales, privilegios, exenciones impositivas, etcétera, estamos también en contra de los sindicatos que procuran obtener ventajas indebidas. Es decir, de la misma manera que rechazamos a esa clase de empresarios cuya actitud se contrapone a la idea liberal, también lo hacemos a los sindicatos que obtienen ventajas o privilegios no justificados.

Estas reflexiones me llevan a señalar —como dije —tres aspectos relacionados con la futura ley, que los menciono ahora porque de cualquier manera están explícita o implícitamente en los dos proyectos. En el proyecto de la mayoría están en forma explícita, porque el presidente de la República ha dicho taxativamente lo que quiere hacer; el proyecto de la minoría implica retroceder a una ley que ya los contiene. De manera que no es inoportuno agregar estos conceptos, sobre todo porque —como lo he señalado— no quiero tener la ventaja de decir lo que puede resultar grato a determinados sectores y callar lo que no les resulte tan aceptable.

Esos tres aspectos son los siguientes. En primer término, no debe haber más personería gremial para el sindicato más representativo. En segundo lugar, no se debe, como pretende el mensaje del Poder Ejecutivo, privilegiar a las federaciones y confederaciones. Finalmente, no se puede imponer a los empresarios la obligación de retener la cuota sindical.

Cuando los sindicatos renuncien a estas ventajas y privilegios —eso es justicia social— nos pondremos de acuerdo, porque entonces sí la libertad será integral. Aclaro que, si se formara un sindicato único en cualquier actividad o lugar, o bien federaciones y confederaciones únicas, no tenemos nada en contra de ello. Sólo pretendemos que se constituyan de manera espontánea. Si un sindicato actúa con eficiencia y capacidad para captar afiliados, transformándose en un sindicato único. eso no es contradictorio con lo que estamos sosteniendo. Se trata de que no logren este carácter por la vía del privilegio, sino por haber sabido defender mejor el derecho de los trabajadores. De esta manera, la libertad sería completa y jugaría a dos puntas: la libertad para organizarse y la libertad para trabajar y defender lícitamente los intereses de los trabajadores, sin prebendas ni privilegios.

En resumen, nuestra posición se inclina por el levantamiento de las restricciones que pesan sobre la actividad sindical, la cual fue prohibida durante varios años. Pero pensamos que se podría haber arbitrado un medio para levantar todas las restricciones en un solo día. En segundo lugar, es necesario convocar a elecciones mediante el método más simple posible.

Si se llega a un acuerdo en esta Cámara en virtud de los criterios de la mayoría o de la minoría, enhorabuena. Cuanto antes se ponga en marcha este proceso, mejor. Entonces el reordenamiento se realizará, en los próximos meses, y cuando comience el período ordinario de sesiones comenzaremos a preocuparnos por la futura ley de encuadre de las asociaciones profesionales.

Voy a anticipar cuál será nuestra posición con respecto a ella. La ley deberá limitarse exclusivamente a mencionar lo que no se puede hacer, en función de la Constitución Nacional y del sistema democrático. Tiene que contener muy pocos puntos, que digan qué es lo que no se puede hacer. Todo lo demás debe ser decidido por los trabajadores a través de estatutos por ellos mismos elaborados. La forma de realizar las elecciones y de controlar los fondos corresponde que quede en manos de los trabajadores organizados. (Aplausos.)

Pidamos la libertad, como ansiosamente la estamos solicitando en el país, pero busquémosla en forma total. Dejemos de lado la libertad a medias que nos lleva a aceptar lo que nos conviene y a rechazar las restricciones que impone el Estado cuando no nos agradan. (Aplausos.)

Extraído del diario de sesiones de la Cámara de Diputados https://www.hcdn.gob.ar/secparl/dtaqui/diario-de-sesiones.html