Escribe Aldana González
Una ronda de canje de prisioneros.
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Desde hace dos semanas, el gendarme Nahuel Gallo está detenido en Venezuela. Fue arrestado cuando intentó cruzar la frontera desde Colombia.
El Gobierno de Maduro lo acusa de formar parte de una conspiración terrorista para desestabilizar. Las denuncias de este tipo son reiteradas por parte del gobierno venezolano, por buenas razones y por muy malas también.
El Gobierno de Milei ha exigido su liberación y pidió la mediación de Lula y Petro -dos gobiernos que reclaman la presentación de las actas de votación de las elecciones que se adjudicó Maduro. La ministra Bullrich argumenta que el viaje del gendarme no precisaba ser anunciado especialmente dado que viajaba a Venezuela por cuestiones personales –visitar a su novia y a su hijo–, un reconocimiento de que contaba con guiño u orden oficial. Las autoridades venezolanas cuestionan que el argentino haya realizado un periplo por tierra, atravesando varios países, en vez de arribar en avión a Caracas.
Estos días se supo que Nahuel Gallo se encuentra recluido en el penal de Helicoide, señalado por organismos internacionales como centro de torturas.
La detención de este gendarme es un hecho más de una cadena de conflictos diplomáticos que se aceleraron desde el gobierno de Milei, y la ruptura del acuerdo entre Biden y Maduro acerca de la transparencia que tendrían las elecciones presidenciales. Entre los antecedentes se encuentran el reconocimiento de un Juan Guaido, como presidente de facto, por parte de Macri, y el secuestro de un avión venezolano en Buenos Aires, ya bajo el gobierno de los Fernández. Si bien la tripulación del avión venezolano no estuvo formalmente encarcelada, enfrentó restricciones significativas a su libertad. Los 19 tripulantes -14 venezolanos y 5 iraníes- fueron alojados en un hotel cercano al aeropuerto, donde permanecieron bajo custodia sin poder abandonar el país durante más de cuatro meses, mientras que el avión fue secuestrado y entregado a Estados Unidos. Este año, la crisis se intensificó con el fraude electoral que pergeñó Maduro para seguir en el poder, tras lo cual acentuó la persecución política hacia los opositores de todo tipo. En agosto pasado los diplomáticos argentinos fueron expulsados de Venezuela y la embajada argentina quedó bajo el cuidado de Brasil.
Desde marzo, seis opositores venezolanos se encuentran refugiados en la embajada argentina. Esta semana, uno de ellos logró salir gracias a negociaciones internacionales cuyo contenido no se dio a conocer. Sin embargo, el canciller colombiano, Luis Murillo, anunció que el gobierno de Venezuela exigió liberar “a una persona muy cercana” al chavismo detenida en la Argentina -algunos medios especulan que podría ser Milagro Sala-, y al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas -quien fue secuestrado este año en la embajada mexicana ubicada en Quito por el gobierno actual de Ecuador. A cambio, se otorgarían los salvoconductos a los seis opositores venezolanos refugiados en la residencia del embajador argentino en Caracas.
Colombia también está negociando hacerse cargo de la embajada argentina ya que Maduro le revocó el permiso a Brasil tras acusar a los asilados de seguir planificando atentados terroristas desde dentro. Por la Convención de Viena, Brasil sigue a cargo hasta que haya otro estado responsable. Mientras, Maduro mantiene sitiada a la embajada con prolongados cortes de luz y agua y un francotirador que apunta desde el frente.
Maduro está dispuesto a permanecer en el poder con los métodos de una dictadura, alimentando así el caudal político de una derecha que le oficia de oposición y le sirve al imperialismo. Los coletazos de la guerra mundial llegan por ahora a América Latina en forma de conflictos diplomáticos.