Córdoba: reforma jubilatoria contra los jubilados y trabajadores

Escribe Tendencia Partido Obrero Córdoba

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En una sesión exprés, el 20 de mayo pasado, la legislatura de Córdoba aprobó una reforma jubilatoria.

Esta implica un ataque no solo a los actuales jubilados, sino al conjunto de los trabajadores. Los aspectos más relevantes de esta reforma plantean, para los jubilados actuales, una reducción de los haberes por el diferimiento del cobro de los aumentos que perciben los activos por dos meses. La suba de estatales del 10 % acordada en mayo, impactará recién en julio en los haberes. Con una inflación del 2% o 3%, la licuación del aumento es del 50%. A los jubilados que cobran el 82% del 89% del salario, se les impone un nuevo cálculo de los haberes. Este nuevo cálculo es sobre la base del 82% u 84% del salario, lo que implica una reducción de hasta el 6%. Se baja el porcentaje de las pensiones del 75% al 70%, además de eliminar el beneficio de que el primer año el pensionado cobraba el 100 % del haber. Por el lado de los trabajadores en actividad, en vez de calcular su jubilación sobre los últimos cuatro años de salarios, se calculará sobre los últimos 10 años. Lo más pérfido de la actual reforma es que trata de encubrir su carácter de ataque generalizado a los jubilados y trabajadores, planteando que sería una corrección circunscripta a las jubilaciones más altas de la provincia, cuando se trata de un ataque al conjunto de los jubilados y a los activos, quienes accederán a una jubilación con una reducción de sus pensiones del 75% al 70%, del salario en actividad.

La aprobación contó con el voto del conjunto de los diputados de “Hacemos por Córdoba”, excepto los dos diputados de extracción sindical, José Pihen y Sara García. Lo que sí garantizaron los burócratas sindicales fue desocupar las calles y no tomar ninguna medida de acción directa. En un documento conjunto del Sindicato Regional Luz y Fuerza, La Bancaria, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales y la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ), entre otros, anunciaron que… ¡irán a la Justicia!

El profundo ataque del gobierno de Schiaretti a los jubilados y trabajadores cordobeses está determinado por el quebranto provincial, la necesidad de generar un ahorro para pagar la deuda y la presión de la burguesía -que exige la reducción de los “gastos” del estado- para obtener ella misma más subsidios y eximiciones impositivas.

Estamos frente a un ataque a una conquista histórica de la clase obrera cordobesa, dirigido a convertir a la Caja Provincial de Jubilados en una “Anses provincial” para subsidiar a los capitalistas, como FIAT y Roggio, y convertir los haberes jubilatorios en pensiones de la vejez.

El gobierno de Schiaretti contó además con el voto del bloque de Caserio y De la Sota, del Frente de Todos. La ley propone la pospuesta armonización entre las cajas jubilatorias nacionales y provinciales. En otras palabras, la grieta entre el kirchnerismo y el “cordobesista” Schiaretti se cerró contra los trabajadores y jubilados.

La Legislatura fue el centro de estas operaciones contra los trabajadores. El terreno fue preparado por la reunión de “labor parlamentaria” en la cual los jefes de bloque acordaron con la reducción por cuatro meses las dietas dispuesta por el vicegobernador Calvo. Un vuelto comparado con lo que le acaban de sacar a los jubilados. Esta comisión contó con la comparsa de todos los bloques políticos, incluido el FIT, con la excepción del MST.

Luego trascendió una reunión entre el oficialismo (PJ) y sectores opositores para tratar cuestiones tendientes a resolver el déficit fiscal de la provincia, de unos 20 mil millones de pesos. La oposición patronal se levantó de la sesión sin votar o lo hizo en contra una vez que se comprobó que la aprobación de la reforma anti jubilatoria ya estaba asegurada.

La CGT, metida hasta el cuello

La reforma aprobada en la Legislatura ha dejado al descubierto el acuerdo entre el gobierno de Schiaretti y las direcciones de los sindicatos estatales, ya que los gremios de UEPC (docentes) y SEP (estatales) cuentan con veedores en la Caja Provincial de Jubilados.

Los principales gremios de los trabajadores públicos (UEPC, SUOEM, Luz y Fuerza, etc.) llegan a esta situación luego de dejar pasar durante el año pasado y el año en curso, sistemáticos ataques a las condiciones laborales y salariales de los trabajadores. Son responsables del vaciamiento de las cajas jubilatorias, aceptando las sumas en negro que las desfinancian. Sus dirigentes están absolutamente entrelazados con las diferentes variantes del PJ, que está llevando adelante el ajuste.

La directiva del sindicato docente, UEPC, salió a repudiar y a la vez desmarcarse con el argumento que “los docentes no se encuentran afectados a la medida”. Sin embargo, la última paritaria que firmó contiene la reducción del 18 % al 11% de los aportes personales, lo que la conducción celeste del sindicato saludó como “plata en el bolsillo”, aunque fue rechazada por las bases docentes. Los sectores estatales vinculados a áreas centrales y salud también sufrieron una reducción de los aportes.

Un caso emblemático es el de la dirección del SUOEM. En solo cinco meses sufrieron las sumas en negro, la reducción de sus salarios por ordenanza y ahora se incorpora las jubilaciones. Es decir, están liquidando una serie de conquistas que a los trabajadores les llevó años de huelga conquistar. En el caso de la seccional de Luz y Fuerza, su secretario general, que posó de luchador en actividades con el Plenario Sindical Combativo, intercambió figuritas entregando el convenio de EPEC a cambio de evitar la cárcel.

Organizarse y luchar

La ley de reducción jubilatoria es parte del programa de Schiaretti contra los trabajadores. En una provincia que carga con una deuda que creció en diez mil millones de pesos en los últimos días plantea, un escenario que pone en discusión el pago de los aguinaldos y las paritarias en junio. Pedirle a la CGT y la CTA que garanticen un paro general es desnudar la impotencia sobre la situación dado que sus direcciones sindicales están en el mismo mostrador que el gobierno.

Las bases del conjunto de los públicos esta cruzada por una intensa deliberación. Es fundamental que podamos arribar a las conclusiones que se desprenden de estos últimos meses. Tenemos que poner en pie reagrupamientos en cada uno de los gremios y coordinar las acciones. El rechazo de esta nefasta ley tiene que servir para reagrupar fuerzas, en cada rincón de la provincia. La superación de la burocracia sindical y la organización de las bases del gremio son las condiciones fundamentales para encarar esta lucha y las que se avecinan.

La Caja Provincial de Jubilados no puede ser la moneda de cambio para el pago de la deuda provincial o el subsidio a los capitalistas. Es indispensable levantar la consigna de la expulsión de los agentes del gobierno de Schiaretti y la burocracia sindical a partir de delegados electos entre los trabajadores y jubilados para ocupar su mesa directiva.

La defensa de los salarios y haberes ocupa el mismo escalón que la defensa de la salud y debe ser tomada por los trabajadores en sus manos.

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