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Argentina llegó a ser el mayor exportador de limón fresco. Ahora se mantiene entre los mayores cinco, pero alejándose cada vez más de los primeros lugares. Aún así, la producción de limones del NOA (región del país donde se concentra la mayor producción) representó el 21,5% de la producción global en 2023, según las estadísticas de Federcitrus. El año pasado se produjeron 2 millones de toneladas, de las cuales 1,45 millones fueron a parar a la industria (casi un 75%). Del resto, 220 mil toneladas fueron destinadas a la exportación de fruta fresca y 317 mil toneladas al mercado interno.
Después de décadas de crecimiento exportador, Argentina ha terminado el año con importaciones. Según el SENASA, en octubre se abrieron las importaciones de limón con 709 toneladas, en noviembre fueron 3024 y en la primera quincena de diciembre ya se llevaban contabilizadas unas 3651 toneladas. En total unas 7500 toneladas de limón, provenientes principalmente de Chile, España y Egipto. El año pasado sólo se habían importaron 174 toneladas de Egipto.
Aunque en noviembre la inflación general fue del 2,4%, en ese mes se produjo un sideral incremento del 70% en el precio del limón. Pero ya en octubre había subido un 76%, sumando un 146% de aumento bimestral. Por otro lado, el tipo de cambio encareció el limón criollo y abarató los producidos en el extranjero.
Todo esto ocurre en un marco en el que, desde hace más de una década, el precio internacional del limón como fruta fresca experimenta severas caídas, provocadas por un descomunal crecimiento de la oferta de los productores tradicionales y la entrada al mercado internacional de nuevos países.
A la luz de lo anterior, en los últimos años las grandes empresas limoneras han reconvertido su producción hacia los derivados industriales del limón (aceites esenciales, jugos, cáscara deshidratada). De hecho, en los últimos años, el sector limonero ha logrado mayores ingresos por la vía de los derivados industriales del limón que por el limón como fruta fresca.
A contrapelo de esa realidad, se ha producido en estos meses una violenta suba en el precio interno del limón. José Carbonel, presidente de la Federación Argentina del Citrus (Federcitrus), en La Nación (13/12/24), declaró: “el precio subió porque bajó mucho la oferta. Venimos de seis años de crisis por la caída de los precios, y este ha sido el peor de todos. Esperemos que hayamos tocado fondo”.
Pero existen otras razones de fondo. Los limones destinados al consumo interno son el descarte de las industrias, que procesan el mejor limón para la exportación. Aunque ello debiera haber empujado los precios hacia abajo, las heladas, por un lado y la retracción de limoneros medios y pequeños, por el otro, que han dejado de producir para el mercado interno o han sido empujados a abandonar o vender sus fincas, han llevado a una reducción de la oferta. La mayor parte del limón producido ha sido acopiado por las grandes fábricas exportadoras de derivados, que no dudaron en garantizar sus ventas al exterior a costa del mercado interno.
Sin embargo, esta salida ha tenido patas cortas. Otras empresas internacionales también se han volcado a esa variante: la consecuencia es la sobreproducción de derivados y la caída del precio internacional. El aceite de limón por kilo pasó de 20 a 8 dólares. El del jugo de limón cayó de 2760 la tonelada a menos de 800 dólares.
Para sortear esta situación, la citrícola San Miguel SA, que es la más grande exportadora de derivados de limón del mundo, están implantando sus fábricas en zonas francas donde rigen una suerte de RIGI con beneficios impositivos, como ocurre con Uruguay y Sudáfrica. Otras, como la Citromax, están sumando un mayor número de hectáreas al cultivo de naranjas y fábricas empacadoras. Y en el caso de Zamora, están trabajando también con las paltas. Solo para citar algunos ejemplos de expansión corporativa y de diversificación de cultivo.
Ya desde la época de Alberto Fernández y Massa, los grandes capitalistas del limón hicieron lobby -con el apoyo de Manzur primero y luego con Jaldo- a favor de una devaluación. La que impuso Massa fue declarada insuficiente. La que produjo Milei generó un apoyo inicial, pero el proceso posterior fue diluyendo el efecto para las producciones exportables. Hoy las citrícolas se inscriben en el club de las industrias y los sectores agroexportadores que plantean una nueva devaluación – donde se deprecien salarios y todo costo laboral y se le ponga fin al cepo. Mientras tanto, las patronales refuerzan la presión contra el salario y las condiciones laborales, es decir que descargan la política deflacionaria oficial sobre la fuerza de trabajo. Con este escenario, se prepara la próxima temporada 2025.
Se estima que existen unas 10.000 hectáreas abandonadas. Esta pérdida de terreno plantado representa, de un lado, a miles de pequeños y medianos productores que van perdiendo sus hectáreas de limón (en muchos casos abandonándolas, porque reconvertir una hectárea para prepararla para otro cultivo cuesta unos 1000 dólares). La temporada 2024 fue extremadamente corta, solo duró dos meses y medio aproximadamente. Todo indica que lo mismo ocurrirá con la temporada 2025. La temporada pasada convocó a más cosecheros que las anteriores, pero en condiciones crecientes de precarización, que ya representaba entre un 45 o 50% del total de los planteles laborales. La crisis general, con la obra pública reducida a la mínima expresión, ha empujado a que miles de trabajadores de ambos sexos se vuelquen a la cosecha. Terminada la temporada, un sector ya tiene trabajo asegurado en otras cosechas de otras provincias, en especial Rio Negro con la manzana, o Mendoza con la vid. Pero los que se quedan están obligados a trabajar en changas desvalorizadas u otras cosechas, que no tienen convenio, y a hacerlo en negro.
Frente a todo esto, la burocracia de la UATRE se ha limitado a reclamar el plan intercosecha miserable de alrededor de 124 mil pesos y que solo fue otorgado a quienes trabajaron en blanco, o sea a la mitad de los trabajadores y por solo dos meses. Esto, cuando el período intercosecha osciló entre los siete y nueve meses y medio, según las zonas.
Por su lado, Jaldo, otorgó unos pocos miles de planes aún más miserables -no llegaban a los 70 mil pesos- a una franja de aquellos cosecheros que no fueron alcanzados por el plan nacional, y también por solo dos meses.
En varios empaques se han producido conflictos por las malas liquidaciones del fin de temporada, y otros atropellos patronales.
Ante un panorama de agravamiento de la crisis social y laboral, la próxima apertura de las discusiones paritarias está prevista para febrero.