“A Yolanda Vargas la responsabilizan de la muerte de sus hijos por ser pobre”

El nueve de febrero del 2021 Yolanda Vargas perdió a sus dos hijos, Melani y Thiago, de cuatro y seis años. Murieron cuando se produjo un incendio en su casilla de madera donde vivían en un asentamiento del barrio Las Palmeras ubicado en Colonia Santa Rosa, una ciudad del Departamento de Orán. La justicia de Salta la acusa de “abandono de persona, seguido de muerte y agravado por el vínculo” por lo que podría recibir una pena de 20 años. Un ejemplo claro de cómo son criminalizadas las mujeres pobres de la provincia de Salta.

Imaginate que vivís en la pobreza absoluta y alguien te presta una casilla de madera precaria para no quedarte en la calle con tus dos hijxs de cuatro y seis años. No tenes cocina ni heladera, solo podés cocinar con un poco de leña afuera de tu casilla. Todos los días salís a trabajar, vendes sandwich, ropa, pan, lo que consigas, vas variando, no tenes descanso, porque sos el único sostén de la familia y si no salís tus hijxs no comen. El progenitor nunca cumplió con la cuota alimentaria a pesar de acumular 39 denuncias.

Un día uno de tus hijxs enferma de bronquiolitis, afuera llueve muy fuerte. Al día siguiente tenes que salir a comprar algo para cocinarle a tus hijxs. Las calles de tierra están inundadas y hay tormenta eléctrica, decidís ir solx para no exponerlxs. Cuando volves te das cuenta que la casilla se prendió fuego, la policía te dice que tus hijxs murieron en el incendio, no solo no te deja entrar a tu casa, sino que, además, te acusa de ser responsable de los fallecimientos, te dice que lxs abandonaste, te mete presx y ni siquiera te deja despedirte de ellxs.

Eso le sucedió a Yolanda Vargas el nueve de febrero del 2021. Melanie y Thiago se llamaban sus pequeñxs, vivían en el asentamiento del barrio Las Palmeras, ubicado en Colonia Santa Rosa, una ciudad del Departamento de Orán en la provincia de Salta.

Ahora Yolanda enfrenta una causa judicial plagada de irregularidades, impulsada por la fiscal Claudia Carreras de la Fiscalía de Graves Atentados contra las Personas de Orán. Carreras no investigó las razones del incendio, sino que buscó desde el primer día condenarla sin tener en cuenta que el fuego se inició como consecuencia de la situación de precariedad doméstica en la que se encontraba la familia de Yolanda, sumida además en la pobreza extrema, producto de la desocupación que afecta a muchas madres como ella en la provincia de Salta.

El mismo Estado que siempre estuvo ausente, que no le garantizó ningún derecho ni a ella ni a sus hijxs, solo se hizo presente para criminalizarla y responsabilizarla de las muertes. Yolanda jamás recibió ningún tipo de atención psicológica, ni mucho menos económica y debe atravesar un juicio en su contra.

Luego de permanecer 23 días detenida los abogados defensores de Yolanda, Luciano Camaño y Alberto Díaz Aranda, junto a una movilización de agrupaciones feministas lograron que recuperara su libertad y que se desestimara la prisión preventiva. Sin embargo, el juez de la causa, Federico Oyarzú, rechazó los reiterados pedidos de sobreseimiento. El próximo 3 de febrero de 2025, a pocos días de cumplirse el cuarto aniversario de la dolorosa muerte de sus hijos, comienza el juicio. La Justicia quiere condenarla por “abandono de persona, seguido de muerte y agravado por el vínculo”, un cargo que puede implicar más de 20 años de prisión.

La defensa de Yolanda junto a la campaña que exige su absolución denuncian que es un claro ejemplo de cómo se criminaliza la pobreza en Salta. En comunicación con Las12, el letrado Camaño advierte: “La acusan de ser la responsable de la muerte de sus hijos por ser pobre”.

¿Por qué la Justicia acusa a Yolanda?

El Ministerio Público Fiscal es quien, bajo una tejeduría completamente inaudita, pretende acusarla por la situación de pobreza en la que se encontraba Yolanda. Digo esto porque los elementos de juicio que tienen para sostener su acusación es la precariedad del hogar, los muebles de madera, el hecho de que la casa está íntegramente hecha de madera y tergopol y además, una deficiencia en las conexiones eléctricas. Verdaderamente la acusan de que por ser pobre es responsable de la muerte de sus dos hijos.

Asimismo, sostienen que hubo un abandono por parte de ella hacia sus hijos en esa fecha en donde lamentablemente ocurrió el incendio, sin tener en cuenta que dicho abandono no es tal, sino que Yolanda salió a comprar para darle de comer a sus hijos. Thiago estaba pasando por un proceso de bronquiolitis, es decir, sacarlo durante una tormenta eléctrica con el cambio de clima que hay en esa localidad muy carenciada en el norte de la provincia de Salta, sería prácticamente llevarlo a una internación asegurada. Por eso ella decidió dejar a sus hijos en su casa porque era más seguro.

Lamentablemente producto de una suba y una baja brusca de la tensión que siempre se produce en el norte de Salta cuando hay una tormenta o en este caso, una tormenta eléctrica, se produjo un cortocircuito en una de las zapatillas que era utilizada en el hogar, que llevó a que se prenda fuego en un plazo de 10 minutos. Yolanda se fue del domicilio a la una de la tarde, 15 minutos después arrancó el incendio y a los cinco minutos ella ya había vuelto. Fue directamente a comprar algo para comer, incluso ese día, tuvo que empeñar la Tarjeta Alimentar y eso consta en el expediente como prueba.

¿Con qué pruebas la acusan?

La prueba con la que la acusan es el testimonial del padre de los menores, quien lo único que establece es que ella constantemente tenía que abandonar el hogar. Yolanda a veces salía con sus hijos, otras veces no podía llevarlos. Es una trabajadora de la economía informal, vendía comidas para poder sostenerse en la feria de la localidad de Colonia Santa Rosa, es decir, que se ausentaba para que sus hijos puedan tener algo para comer. Además, hay que tener en cuenta que Yolanda tenía que realizar las compras todos los días, porque no contaba con heladera ni cocina, solo podía cocinar a leña en el patio. Entonces, sí o sí, constantemente, debía embarcarse en ello.

A Yolanda le prestaron una habitación y un tercio de un comedor, ya que se encontraba en situación de calle. Entonces, era vivir ahí o dejar a sus hijos a la intemperie. Por otro lado, se sostiene la acusación en base a un informe policial del incendio, no de bomberos, en donde justamente detallan todo este tipo de circunstancias en las que ella vivía y las condiciones de su vivienda. La conclusión lamentable de la policía de la Provincia de Salta, es que Yolanda es responsable porque era previsible que el accidente pudiera llegar a sucederse en virtud de las conexiones eléctricas en una casa de madera. Entonces, si seguimos avanzando en ese meollo, encontramos que esa acusación se sostiene porque en la Provincia de Salta se trata de criminalizar al pobre y también a la mujer trabajadora.

¿Qué otras irregularidades tiene la causa?

Otra de las irregularidades que también tiene la causa es que, por un lado, en los informes cadavéricos en formato papel físico se cuentan los detalles que dice tener un informe en un CD que, a nosotros, como defensa, no se nos hizo lugar para poder revisarlo. En todo tipo de pericias los informes de imágenes se mantienen en CD, USB o en una nube digital, no así el informe escrito. Además, la profesional que le realizó la pericia psicológica a Yolanda en su informe citó como fuente a Wikipedia y a una página de un foro ¿qué tipo de idoneidad puede tener un informe con esas citas?

El informe cadavérico tampoco cuenta la hora de muerte de los niños y esa es otra de las graves irregularidades. Pero la irregularidad más fuerte es que la fiscal Carreras intenta construir la idea de abandono de personas a raíz de un concepto de calificación como madre y nunca se puso a averiguar que dentro de ese mismo barrio hubo distintos incendios que se produjeron como consecuencia del mal funcionamiento de EDESA (Empresa Distribuidora de Electricidad de Salta S.A) y de las conexiones precarias. Entonces, la propia investigación desde la foja cinco en adelante no estuvo destinada a ver qué es lo que produjo el accidente, sino que, se concentraron en obtener una sentencia condenatoria con pena de prisión y privación de la libertad a Yolanda y no una averiguación verdadera de la deficiencia social y técnica en la que se encuentran las familias del norte de Argentina.

¿Qué nos podés contar del progenitor de los hijxs de Yolanda que no cumplía con la cuota alimentaria y la acusa de abandonarlxs?

El progenitor tiene un total de 39 denuncias por incumplimiento de deberes asistenciales. En el 2020 cuando Yolanda perdió un empleo, que no era formal, pero al menos tenía un mejor sueldo, no pudo seguir pagando el alquiler de la vivienda donde estaba viviendo y le requiere la cuota alimentaria al progenitor, éste le dice que si quería la cuota alimentaria tenía que tener relaciones sexuales con él, a lo que Yolanda se negó y llegó a hacer la denuncia ante el juzgado de familia pertinente en la localidad de Orán, nunca le enviaron el informe ambiental. Lo más triste es que ese informe recién llegó en marzo del 2021, es decir, un mes después del incendio, le solicitaban saber cómo estaban sus hijos y si estaba percibiendo la cuota alimentaria. Ese es el nivel de desidia de la justicia santeña.