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La designación de Andrés Vázquez al frente de la DGI se enrola en la pelea de fondo entre los Caputo -Santiago y ´Toto´- por el control de los entes recaudadores. El hombre que Santiago Caputo quería colocar al frente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Vázquez, mantiene estrechos vínculos con la SIDE y más precisamente con Antonio “Jaime” Stiuso, relación que forjó como funcionario del área de inteligencia fiscal del organismo. Pero finalmente fue nombrado Juan Pazo al frente de la ARCA, funcionario de confianza de Luis Caputo. De esta manera, Vázquez quedó relegado a la dirección de la no menos estratégica Dirección General de Impuestos (DGI), en la que desembarcó con su troupe.
El titular de la DGI nombró a sus viejos colaboradores en el ente recaudador, quienes trabajaron bajo sus órdenes en la Regional Sur Metropolitana, desde donde el kirchnerismo blindó a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López.
El equipo de Vázquez está compuesto por Mariano Mengochea en el cargo de subdirector general de Operaciones Metropolitanas; Marcelo Laffont, subdirector general de Operaciones de Grandes Contribuyentes Nacionales, donde también se designó a la esposa de Mengochea; Claudio Ernesto Castagnola, director de Control en Grandes Nacionales y Juan Ignacio Waissman, quien desempeñó como jefe del Gabinete de Asesores de la Secretaría General de la Presidencia de Milei, es decir alfil de Karina Milei.
Los “cinco magníficos” cumplieron funciones en la Regional Sur Metropolitana de la ex AFIP entre 2009 y 2016, durante los gobiernos de CFK y Macri. Desde allí operaron en favor de Lázaro Báez y Cristóbal López. Al amparo del grupo de trabajo comandado por Vázquez, Báez cambió su residencia fiscal para quedar bajo su jurisdicción, jugarreta con la que esquivó a las autoridades fiscales de la Patagonia, donde tenía asentada gran parte de sus empresas. Estos movimientos fueron posibles por una disposición emitida por Ricardo Echegaray, entonces titular de la AFIP, la 93/09, la cual determinaba que “la fiscalización en trámite de aquellos contribuyentes que se acogieran a una moratoria pasaría a la Regional donde tuviera su domicilio fiscal, aún si la fiscalización se estuviera desarrollando en otra Regional. En el caso de las empresas de Báez, pasaron de Comodoro Rivadavia a Sur Metropolitana” (La Nación, 13/1).
La protección que realizaban desde la Regional Sur a Cristóbal López salió a la luz, cuando funcionarias de la ex AFIP Haydée Boyadjian y Verónica Castiello, realizaron una inspeccionen el casino flotante perteneciente al “Zar del Juego”, en 2007. Quien recibió a las funcionarias en el casino flotante fue el mismísimo Vázquez, presentándose como un empleado más de la empresa.
A la protección de empresarios ligados al kirchnerismo, hay que sumarle al prontuario de Vázquez la denuncia realizada por diputados de la Coalición Cívica en diciembre pasado por enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, dádivas y lavado de dinero, por las propiedades en Miami no declaradas. También se conoció en las últimas semanas que, a los pocos días de haber sido designado como jefe de la DGI, Vázquez ascendió a su pareja, María Eugenia Fanelli a un cargo técnico jurídico a la Dirección Regional Centro II de la Ciudad de Buenos Aires, una de las más importantes del área metropolitana, con un sueldo de entre 7 y 8 millones de pesos, salteándose varias jerarquías intermedias.
El gobierno liberticida, que “reveló” que la ex AFIP ofició como una cortina protección a empresarios kirchneristas, se vale de la cooptación de personajes como Vázquez, mentores de dicha protección, para llevar adelante un espionaje financiero y someter a las patronales a sus objetivos políticos.
