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Desde fines de enero, las universidades públicas reanudarán paulatinamente sus actividades, con el desarrollo de cursos de verano y de las mesas de exámenes. ¿Cuál es el escenario planteado?
El gobierno promete profundizar el vaciamiento desplegado el año pasado, para continuar avanzando en su plan privatizador. Ha reafirmado su intención de gobernar por decreto e instalar un régimen de poder personal, prorrogando el presupuesto de 2023 por segundo año consecutivo. Esto implicará un manejo discrecional de los recursos públicos, entre ellos, de los destinados a la educación superior. Como las universidades nacionales dependen casi por completo de los fondos provistos por el Estado, la cuestión presupuestaria estará nuevamente a la orden del día. En el marco de un año electoral, el gobierno utilizará esa carta y también las auditorías, para presionar a los rectores radicales y peronistas a profundizar el ajuste y la búsqueda de “recursos propios” en el ámbito privado (cursos arancelados, convenios con empresas, etc.). Las autoridades ya demostraron el año pasado su disposición a pactar con Milei, a costa del salario de los trabajadores y las condiciones de cursada de los estudiantes.
Los ingresos de docentes y no docentes sufrieron un recorte brutal de su poder adquisitivo, y el gobierno probablemente agravará esa confiscación haciendo extensivo a este sector la pauta salarial del 1% mensual o incluso menos. Lo hará aún en la perspectiva de una nueva devaluación, que reclama el FMI y un sector de la burguesía. También pretende imponer una ley que barre con los ya empobrecidos ingresos y derechos de los docentes jubilados, en particular con el 82% móvil. A esto se suma la poda existente en los recursos para becas estudiantiles y de investigación, insumos de laboratorio y obras de infraestructura.
Al margen de la cuestión presupuestaria, y en el marco de su completo alineamiento con el gobierno de Trump y su viraje fascista, no debería descartarse que el gobierno de Milei acentúe su ofensiva ideológica, dirigiendo sus cartuchos contra las universidades. Luego del proyecto reaccionario que elimina derechos arrancados por el movimiento de mujeres y diversidades (y que ha sido respondido con una masiva asamblea y la convocatoria a una marcha a Plaza de Mayo), el gobierno está elaborando una reforma xenófoba de la ley migratoria, que plantea el arancelamiento sanitario y universitario para los no residentes, al tiempo que dificulta el acceso a la residencia. El cobro a los extranjeros es una medida claramente discriminatoria, aunque la considera un peldaño para el arancelamiento general.
El discurso de Milei en Davos plantea la intención de un ataque ideológico a mayor escala, que podría tener como blanco la libertad de cátedra y de pensamiento, particularmente en las facultades de humanidades y ciencias sociales que ya han sido señaladas como espacios de “adoctrinamiento”. Es necesario desarrollar una lucha frontal contra las reformas de los planes de estudio que se están impulsando en distintas carreras del país, en las que se busca introducir criterios mercantiles y una modificación regresiva de los contenidos. Cualquier adaptación en este terreno, fortalece la orientación privatista y reaccionaria de Milei y de ningún modo blinda a las carreras del ulterior ataque del gobierno.
El movimiento universitario tiene el desafío de profundizar el camino de lucha del año pasado. Estudiantes, docentes, no docentes, investigadores tenemos que nuclearnos para salir nuevamente a las calles y realizar acciones en defensa de la educación y la ciencia públicas. Lo haremos a la luz de una experiencia recorrida, que dejó varias enseñanzas. Por un lado, el fracaso de la vía parlamentaria para arrancar nuestros reclamos presupuestarios y salariales. Por otro lado, el papel colaboracionista y de adaptación que jugaron el frente de gremios universitarios y varios centros de estudiantes. Luego de la irrupción estudiantil con tomas y cortes en todo el país, se jugaron a levantar las medidas de acción directa y clausurar el conflicto. Lo hicieron de la mano de las autoridades, haciéndole un menudo favor al gobierno.
En 2024, el movimiento universitario demostró un enorme poder de convocatoria y movilización, que sacudió el escenario nacional. Pero el ataque contra la universidad forma parte de un embate de conjunto del gobierno liberticida y del gran capital, contra los derechos y conquistas de la clase obrera ocupada, desocupada y de los sectores populares en general. Para llevar adelante esa tarea, han contado con el apoyo de gran parte de los partidos, que acompañaron sus leyes en el Congreso, y también con la complicidad de la burocracia sindical, que dejó pasar los despidos, la reforma laboral, el derrumbe salarial y todo tipo de atropellos. Ahora todos tienen la vista puesta en el calendario electoral, mientras la población trabajadora se hunde en la pobreza y la miseria.
Pero este grave escenario social, junto con los planteos fascistas y oscurantistas del gobierno deben ser combatidos con vigor. Quienes sostenemos una perspectiva socialista de transformación, consideramos que es necesario apelar a los métodos que históricamente han empleado los trabajadores y los estudiantes para organizarse por sus reivindicaciones, para defender sus conquistas y para pelear por un cambio social de raíz. En 2025, el movimiento universitario tiene que volver a la pelea por el camino de la organización independiente, las autoconvocatorias, las asambleas, las movilizaciones, las tomas, los cortes, la huelga educativa y la unidad con el resto de los trabajadores.