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El 5 de febrero de 1975 se inició el “Operativo”, bajo el gobierno peronista, en ese momento a cargo de Isabel Perón, con la emisión del decreto 261/75 S (secreto) por el cual se ordenaba la creación de una zona de operaciones militares en Tucumán con el fin de "neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos". El 9 de febrero se puso en práctica el decreto con el desembarco de 1500 efectivos del ejército. El decreto del gobierno peronista permaneció oculto y recién lo publicó el diario La Opinión en septiembre de 1983.
El general de Brigada Acdel Vilas fue el comandante del operativo hasta el 18 de diciembre de 1975, cuando fue reemplazado por el general Antonio Domingo Bussi quien, a su vez, tras el golpe de Estado, fue designado gobernador interventor de la provincia de Tucumán.
El pretexto para introducir a las FFAA en la represión interna fue combatir a la Compañía “Ramón Rosa Jiménez” del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), que desde 1974 buscaba crear un foco guerrillero en el monte de Tucumán.
En el gobierno se había definido que el accionar subversivo tenía sus centros operacionales en los centros fabriles y que, por lo tanto, la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, el cordón industrial de Villa Constitución, San Nicolás, y la zona de San Lorenzo y la provincia de Córdoba eran prioritarias para combatir a la subversión. Por eso mismo, en el mes de marzo de 1975, un decreto similar al 261 se emitió (abril/75) para Villa Constitución para derrotar a los metalúrgicos del sur santafesino y en octubre, en este caso firmado por Luder como presidente interino, pues Isabel había pedido licencia, se emitió el decreto 2772/75, mediante el cual el Poder Ejecutivo nacional extendió la función represiva contrainsurgente del Ejército de Tucumán a todo el territorio argentino.
En noviembre de 1974 Isabel había declarado el Estado de Sitio para institucionalizar la represión y facilitar el accionar ilegal de la Triple A. Pero el decreto “S” expresó un salto, a partir de ese momento el Ejército controlaría la seguridad interna y comandaría todas las acciones realizadas en Tucumán.
La posición de Política Obrera
Al interrogante de porque se eligió a Tucumán, Política Obrera señalaba, en febrero de 1975. “La lucha del gremio azucarero durante todo el año pasado destacó la fuerza de los trabajadores…. La lucha salarial tucumana, …significó un gran avance de la conciencia obrera y una gran huelga que contribuyó a hundir el pacto social”. (Ídem) La gran huelga de septiembre de 1974 duró 17 días. El comisario Villar, uno de los jefes de la Triple A, fue el encargado de reprimir ferozmente la huelga junto a mil efectivos de la Policía Federal. “La lucha azucarera fue también un factor que impulsó el reanimamiento en otros sectores del movimiento obrero”. (ídem PO 222)
“La intervención militar es preventiva de una más profunda irrupción de la crisis social. Mientras ocupa militarmente la Provincia, repartiendo algunos víveres entre la población, las FF.AA. buscan ganarse su neutralidad. Pero lo que está claro es lo siguiente: el gobierno peronista se encuentra en el punto más alto de su crisis política. Ya no confía en los aparatos de contención del movimiento obrero; no confía en su base social de apoyo, en progresivo disgregamiento. Tiene que apelar al Ejército, lo cual acelera más todavía su crisis. El gobierno provincial de Juri no es más que una fantochada; de aquí, al nombramiento de un interventor militar en la Gobernación, no hay más que un paso”.
El “operativo”
Seis mil efectivos fueron llegando a lo largo de las primeras semanas. El “teatro de operaciones” ocupaba por lo menos un tercio de la provincia y las fuerzas militares se dividieron por zona. La Quinta Brigada se encargó de enfrentar a la guerrilla en el monte al mando de Mario Benjamín Menéndez. Según los documentos del PRT-ERP, la compañía tenía entre 100 y 150 combatientes. Los únicos enfrentamientos importantes entre las fuerzas del Estado y el pequeño destacamento del ERP fueron en Manchalá y Acheral. Mientras tanto, Gendarmería vigilaba y reprimía a la población rural y los comandos formados por militares, policías y personal de inteligencia actuaban contra la población civil en San Miguel de Tucumán y en zonas donde la conflictividad social y obrera era alta: Concepción, Famaillá, Bella Vista y Monteros.
En el operativo actuaron efectivos del ejército, la fuerza aérea, la policía Federal, la gendarmería, la policía provincial, y también los grupos de tareas de las Triples A, a quienes se les había encargado tareas específicas bajo el control operacional de las FFAA. El Ministerio de Bienestar, dirigido por López Rega, brindó apoyo logístico con automóviles, armas y hombres de la Triple A que actuaron coordinadamente con la Alianza Nacionalista del Norte, su organización hermana en Tucumán.
Una cuestión clave fue la manipulación de la opinión pública, para lo cual echaron al corresponsal en la provincia de la agencia estatal de noticias Télam y lo remplazaron por Héctor D’Agostino, una persona sin antecedentes periodísticos, y por dos hombres de Inteligencia del Ejército comandados por el sacerdote dominico Aníbal Fósbery, uno de los creadores –en 1962– de la organización católica integrista Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino (FASTA) 17. (precisamente de esta vertiente proviene Jaldo, ante de pasarse a las filas del peronismo orgánico)
Los apoyos al accionar represivo
Uno de ellos fue la burocracia sindical. No sólo señalaron y entregaron a quiénes “estorbaban” en las fábricas, también aportaron hombres a las bandas armadas. Cuando a fines de 1975 Vilas es reemplazado por el general Bussi, la burocracia de la FOTIA sacó una solicitada para que Vilas se mantuviera en el cargo y lo llamó “ejemplar soldado de la patria”.
Otro sector fue la Iglesia. Según el libro “Profeta del genocidio” de Lucas Bilbao y Ariel Lede Mendoza, cuarenta y tres sacerdotes participaron del Operativo Independencia. Prestaron apoyo espiritual a los soldados y colaboraron en la construcción del relato de la “guerra antisubversiva” desde los sermones de domingo.
Hubo la colaboración de actores empresariales que cedieron predios, como el Ingenio La Fronterita, o el ingenio Concepción, poniendo a disposición los móviles para facilitar la logística del accionar represivo. En esos dos ingenios hubo por lo menos 50 obreros secuestrados y asesinados -muchos de ellos secuestrados dentro de las propias fábricas-. El ex Ingenio Santa Lucía se convirtió en la base operacional más grande con tres mil soldados.
También los partidos patronales, desde ya el peronismo que gobernaba el país y la provincia, pero también el Partido Radical, reclamaban que los militares actuaran. Otro tanto con la APR (Alianza Popular Revolucionaria que luego devendría en el Partido Intransigente, cuyo referente era Oscar Alende).
El periodismo local y especialmente el nacional presentaron el teatro de operaciones como una guerra convencional. Clarín, destinó enviado especial para cubrir las acciones represivas, y luego, a partir de noviembre de 1975, incorporó como corresponsal al tucumano Joaquín Morales Solá, quien era redactor de La Gaceta. Sola difundió fotos públicas con Vilas en uno de los campos de concentración.
Clarín y otros medios destacaron la llamada “acción civil” de las FF.AA., como la construcción de carreteras, hospitales y escuelas, la limpieza de las ciudades y la realización de actos cívico-militares, con el propósito de ganar el apoyo de los trabajadores. Desde el inicio del Operativo, la dictadura diseñó una estrategia bonapartista, que luego Bussi encarnó con mayor consistencia.
Las acciones
En Famaillá fue establecida la infraestructura táctica del operativo represivo que funcionó como centro de operaciones a nivel provincial. “La Escuelita” Diego de Rojas de Famaillá fue el primer centro clandestino del país y el más importante de la zona.
En la provincia se impuso la militarización absoluta más allá de los límites de la zona de operaciones, con más de 4000 militares y un número también elevado de fuerzas de seguridad, algo que excedía largamente el presupuesto para combatir a un puñado de guerrilleros que según Gorriarán Merlo no superaba los 100 guerrilleros. Fue una acción preparatoria para relevar al gobierno constitucional y establecer una dictadura militar.
Solo hubo dos combates con la guerrilla. El resto fueron operaciones de secuestro, traslado, tortura sistemática, asesinato y desaparición de cuerpos. Por la escuela “Diego de Rojas” pasaron más de 3000 tucumanos y luchadores de otras provincias.
La mayoría de los Operativos se efectuaban entre las 24:00 y las 05:00 de la madrugada en casas de familia; el 2 % de las personas secuestradas, torturadas y desaparecidas tenía entre 14 y 18 años; el 48 % 19 a 24; 20 % de 25 a 35 y 3 %, 35 o más. Estudiantes; Obreros; Empleados; Profesionales; Docentes y Amas de Casa, encabezan los mayores porcentajes de Desaparecidos, según actividad.
Bajo un gobierno constitucional, se operaba fuera de toda legalidad. Los campos de concentración se fueron multiplicando. El operativo Independencia se extendió hasta diciembre de 1977, ya bajo la dictadura, y los campos de concentración sumaban ochenta.
Democracia e impunidad
Recién en 2013, 38 años después, el operativo Independencia, fue incorporado en un juicio de Lesa Humanidad. Fue en la causa del III cuerpo de ejército y tuvo un solo condenado, Benjamín Menéndez.
En 2016 se inició la megacausa por el Operativo Independencia. Tuvo 20 imputados y se dictaron solo 10 condenas; una segunda megacausa, en 2020, tuvo 3 condenas, todo esto frente a miles de militares, gendarmes, policías, curas, empresarios, periodistas, burócratas sindicales, etc., que fueron participes de crímenes, torturas, etc. Tampoco Vilas y Bussi fueron condenados.
Conclusión:
El operativo Independencia tuvo un propósito inmediato, aplastar una insurgencia de trabajadores en el Norte, y preparar el golpe genocida.
El Operativo Independencia fue concebido en esa perspectiva. Mediante un sistema de rotación cada 45 o 60 días, los cuerpos de oficiales y subalternos de las distintas fuerzas fueron llevados a experimentar en el terreno lo que después aplicaron en todo el país bajo la dictadura.
La lucha contra la impunidad, por el juicio y castigo a todos los genocidas, sigue en la agenda.
