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La nueva etapa de la cuarentena no será, como había anticipado el gobierno, la vuelta a la “normalidad”.
Kicillof fue muy contundente: “a la normalidad no volvemos más’.
El reconocimiento más claro del derrumbe de un régimen político y social.
En efecto, una escalada de contagios asuela a la población de las barriadas de las ciudades principales, y a provincias enteras.
La asistencia y los testeos llegan en cuentagotas.
Los fondos del Estado asisten a las mayores corporaciones capitalistas, al extremo que muchos creen ver una estatización masiva de su financiamiento.
El ministro Guzmán, por su lado, va derecho a arreglar a como sea en favor de los fondos internacionales, a sabiendas de que las consecuencias del arreglo son graves.
El Tesoro se convertirá, más de lo que ha venido siendo, una agencia de recaudación de los bonistas.
En vez de hospitales, se destinará el dinero al pago de intereses que duplican o triplican los rendimientos internacionales.
En vez de respiradores y elementos sanitarios, pagos extraordinarios a los bonistas en señal de “buena voluntad”.
En vez del 82% móvil, liquidar el régimen jubilatorio y reabrir el negocio de la jubilación privada, en beneficio de estos mismos fondos internacionales.
Los funcionarios aconsejan al pueblo a “quedarse en casa y prevenir los contagios”.
Pero el sometimiento a los usureros internacionales nos deja en la calle, en pelotas y sin barbijo.
La lucha por la vida, la salud, el salario y el derecho al trabajo está cobrando fuerza en las ocupaciones de fábrica del sur del país, en la clase obrera de las grandes industrias, en la mujer que pelea por el aborto legal y el fin de la violencia
Esa lucha contra la barbarie capitalista plantea la lucha internacional por gobiernos de trabajadores y un mundo socialista.