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Lucas Mercado tenía 20 años. En el marco de una severa crisis descripta como emocional, o de ansiedad y pánico, y problemas con el consumo de sustancias, recurrió al Hospital de Salud Mental Miguel Ragone para pedir ayuda. En la guardia no lo recibieron y luego de la intervención policial terminó muerto. Su madre relató en los medios que, al momento de asistirlos, la policía los separó en dos camionetas respectivamente, y cuando ella regresó encontró a su hijo muerto, esposado en el piso, con golpes en el rostro, la nariz, la frente y el pecho. El hecho ocurrió el 3 de enero pasado y desde entonces sus familiares y amigos han convocado a actividades y movilizaciones reclamando justicia y denunciando la brutalidad policial y el abandono de persona por parte del hospital.
El abogado de la familia ha declarado en los medios que hay testigos que vieron a la policía reprimir a Lucas con golpes y hasta con una picana eléctrica; no obstante, la partida de defunción no señala que haya muerto a causa de los golpes, sino por un problema cardiovascular. Tres de los policías intervinientes dieron positivo en cocaína en un estudio toxicológico. Al cierre de esta nota, sin embargo, no hay sanciones ni mucho menos imputaciones.
El caso refleja los profundos lazos entre el narcotráfico y el Estado salteño (de Sáenz para abajo, pasando por la complicidad de jueces y fiscales y, por supuesto, su institución policial). El consumo y la distribución de droga dentro de las fuerzas no es sorpresa para nadie. La drogadicción dentro de las filas de la policía y la creación de grupos especializados refuerza su accionar descompuesto, hostil, contra las masas. El muro de Bullrich “para combatir el narcotráfico” sólo contribuye a la militarización contra los trabajadores salteños y a que el gobernador monte un Estado policial en la provincia. Mientras, crece la adicción en los barrios a la vez que prevalece la nula ayuda estatal para estos casos.
A su vez, la lucha que han emprendido los familiares y amigos de Lucas enfrenta a una Justicia clasista que en casos anteriores de gatillo fácil se las ha ingeniado para absolver a los policías asesinos o involucrados, como ha ocurrido ante el asesinato de Cristian Gallardo, la mutilación de Luciano Cruz y el crimen de Agustina Nieto. Incluso, el llevar a juicio a los policías ha significado conquistas parciales de la Comisión de Familiares después de largas batallas. El juicio próximo contra los asesinos de Gury Farfán se inscribe en esta línea.
En conclusión, los tres efectivos policiales apuntados como autores del crimen de Lucas no constituyen un caso aislado o “de irresponsabilidad” únicamente de ellos, dentro de las fuerzas represivas: es un modo de actuar de las mismas, un método. Sáenz se vale de esta policía para avanzar contra el salario, contra los puestos de trabajo, y reprimir las luchas que se levantan por la vivienda, la educación y la salud. Por eso, a finales de 2024, anunció con bombos y platillos el Plan de Renovacion de la Flota Policial, donde entregó nuevas camionetas y motos al Jefe de Policía, al Director del 911 Victor Claros, y equipamiento al Director del Servicio Penitenciario. Una “inversión” que realiza el gobernador en contraposición con el reclamo de acceso a la salud, donde han desarrollado una política fascista contra trabajadores extranjeros. En lo que respecta a “seguridad”, Sáenz busca avanzar en línea con el gobierno de Milei.
El crimen contra Lucas y los distintos casos de gatillo fácil en la provincia torna necesario, por lo tanto, rodear de solidaridad la lucha por justicia por él y cada uno de los casos: para derrotar al adversario común de los trabajadores y a su brazo armado represor.
