Pollicita se niega a presentar pruebas y testigos en la causa contra el Polo Obrero

La fiscalía a cargo del fiscal Gerardo Pollicita ha pedido el juicio oral para Eduardo Belliboni y 17 miembros de las organizaciones Polo Obrero -oficial- y Barrios de Pie en la causa por extorsión y fraude al Estado. El pedido, que se realizó el lunes, incluye un supuesto desvió de fondos del plan Potenciar Trabajo y de diferentes convenios con el ex ministerio de Desarrollo Social para financiar actividades políticas. La fiscalía ha armado una campaña de difamación de los imputados por medio de la filtración de información no verificable, a través de LN+ y América TV.

El fiscal encuadra la acusación directamente como un esquema mafioso. “Entre junio de 2020 y marzo de 2024 (se desarrolló) una matriz delictiva para extorsionar y coaccionar a personas con alta vulnerabilidad social y económica”. Los acusados se habrían valido de “la presentación de facturas apócrifas que les permitieron el desvío de fondos públicos por casi 50 millones de pesos”. Suma a lo anterior, el pedido de investigar a otra cadena de acusados como parte de una asociación ilícita y de lavado de dinero. La filtración de supuesta información a Luis Majul y Luis Gasulla ha puesto en evidencia que se prepara un “informe especial” contra Belliboni y el Polo Obrero con documentos de la causa que no son públicos. La decisión de LN+ de no presentar apenas fue denunciada la intención de hacerlo, fue relevada por América TV y por los periodistas Nicolás Wiñazki y Emilio Fioriti, que apoyaron su operativo de desinformación con la presencia de Manuel Adorni, el especialista oficial en esos menesteres. La Cámara de Casación ha rechazado la presentación de testigos por parte de las defensas, mientras convalida a los ‘protegidos’ anónimos que ha seleccionado Pollicita. Jueces y fiscales han violado todas las reglas de la defensa en juicio.

Ni en su pedido de juicio oral ni en instancias anteriores Pollicita incluyó, más allá de alguna insinuación periodística, a los funcionarios a cargo de estas estructuras y del control de los fondos, como el ex secretario Emilio Pérsico y los ex ministros Daniel Arroyo, Juan Zabaleta y Victoria Tolosa Paz. Como en el tango, los fraudes y desvíos de fondos requieren dos partes –los ejecutores activos y los ejecutores pasivos o cómplices. Las organizaciones sociales habían instalado afiliados, a pedido del ex Ministerio, para colaborar en esos controles con los funcionarios del gobierno

Pollicita, excediendo su función acusatoria, señala un esquema piramidal de extorsión y estafa con los planes sociales, a partir de las contribuciones de los miembros de las OOSS al mantenimiento de la organización. El rufianismo libertario que gobierna a Argentina ha elevado al autofinanciamiento (de la salud, la educación, las Obras Sociales) a una categoría suprema, para acabar con “el Estado estafador”, por un lado, y poder destinar todo el excedente financiero del Tesoro al pago de la deuda externa.

Pollicita no vacila en atribuir a Belliboni y a otros dirigentes un “enriquecimiento ilícito”. Deberá probarlo en el juicio oral, aunque lo más seguro es que los presente por ‘inferencia’, o sea que sería lo que Pollicita habría hecho en circunstancias semejantes.

Los pedidos de la defensa

La defensa ha pedido de apartamiento del fiscal Pollicita por filtrar información de la causa a la prensa, lo cual define como un “proceso altamente mediático y estigmatizante”, por haber impedido el acceso a las pruebas y los testimonios de los testigos reservados de la acusación a la presentación de pruebas y testigos propios.

Consultado, Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, dijo: “Pollicita debe ser apartado de la causa por mentir y operar para perseguir la protesta social”. Su abogada denunció a la ministra Sandra Pettovello por falso testimonio y falsedad ideológica, tras ocultar documentación del Ministerio sobre las rendiciones de cuentas, pidiendo que se la aparte como querellante de la causa.

Es viernes 14 tendrá lugar una conferencia de prensa frente a los Tribunales de Comodoro Py.

Esta causa contra organizaciones sociales contiene imputaciones que implican más de 10 años de cárcel. El gobierno ha declarado desde el primer día su intención de destruir las organizaciones sindicales y sociales desde mucho antes de haberse impuesto en el balotaje.