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Los medios de comunicación han omitido lo fundamental acerca de las recientes operaciones políticas en Brasil, que parecieran poner a Bolsonaro al borde de un juicio político. Los videos que se han hecho públicos por orden del Poder Judicial de una reunión de gabinete, que muestran a Bolsonaro dispuesto a colocar a la Policía Federal y de Río de Janeiro bajo su tutela, no revelan solamente la intención de proceder a un acto que está calificado como inconstitucional. En la legislación brasileña, la designación o remoción de los jefes de policía no es una atribución del Presidente, sino que requiere el concurso de otros sectores de la burocracia del estado, principalmente del ministerio de Justicia. Bolsonaro, sin embargo, separó a los jefes en funciones, para poner a hombres de su confianza personal. Esto ha abierto una crisis constitucional en medio del desarrollo de la pandemia, que se ha convertido en espantoso por la carencia completa de infraestructura sanitaria y la negativa del gobierno de asumir el control de las estructuras privadas. Los centros de terapia intensiva se encuentran sobrepasados, con numerosos contagiados en espera de atención por días – cuando no fallecen en el intento.
Todo el mundo sabe en Brasil que Bolsonaro quiere meter la mano en la Federal y en la policía carioca, para bloquear la investigación de sus hijos, familiares y compinches, que se encuentran comprometidos en distintos delitos, incluso o especialmente políticos y hasta en el asesinato de la luchadora Marielle Franco. Nadie “los protege”, dijo un Bolsonaro airado en esa reunión de ministros, más propia de “El Padrino” o “Pulp Fiction”, que del funcionamiento de un gobierno. Las expresiones soeces fueron usadas a gusto, sea insertadas en las intervenciones, sea para calificar a políticos y especialmente a gobernadores propios o extraños. Los numerosos ministros militares que compartieron este evento bizarro no abrieron la boca. Más adelante todos ellos respaldaron al Presidente, con mayores o menores convicciones. Esta sesión de ministros fue la que motivó la renuncia del ministro de Justicia, Sergio Moro, que se opuso a la remoción de los jefes de su propio entorno.
La moralidad de los presentes o la inconstitucionalidad de los actos son completamente secundarios, aunque formen parte de un cuadro real. De acuerdo a algunos investigadores, Bolsonaro tendría una influencia real en los cuadros inferiores de la policía como también del ejército. Es decir que podría exhibir y hasta movilizar a una masa militar que viene ejerciendo atropellos sistemáticos en las barriadas o favelas y contra el movimiento obrero. Los ‘civiles’ dispuestos a secundar estos ‘batallones’ no faltan; Brasil cuenta con lo que podría ser una pequeña burguesía fascista, como no se ve en otro país de América Latina. La pelea por la policía, en especial la de Río, tiene un fuerte carácter político, pues supone una rivalidad con los altos mandos de las fuerzas armadas oficiales. Existe una fractura de poder en desarrollo, en especial porque se desconoce la envergadura de la fracción militar que estaría dispuesta a sostener un auto-golpe bolsonarista.
No sorprende, en estas circunstancias, que el Congreso brasileño se encuentre dividido acerca de proceder a un juicio político contra Bolsonaro – no ya por sus groserías constitucionales sino porque también está llevando a Brasil a una masacre social. Con frecuencia creciente aparecen estadísticas acerca de cuántos miles de muertos se hubieran evitado si se hubiera aplicado el ´aislamiento social´ en lugar de los choques permanentes entre el Ejecutivo y los gobernadores de los 27 estados de la Unión del Brasil. La división del Congreso es un reflejo distorsionado de la presión que recibe de la evolución que se registra en los planos militares y policiales. Esto significa que el demorado tiempo que lleva proceder a un juicio político es incompatible con los tiempos de la crisis político-militar. Los militares en función de gobierno, más de la mitad de la Administración, han dado a entender que apoyan al Presidente.
El fascismo, en Brasil, tiene un fuerte asiento en el campo, un ‘fértil’ suelo para asesinatos de campesinos sin tierra y luchadores. El reflujo de las luchas de tres décadas de ‘los sin tierra’ ha dejado todo esto a la vista. Una ley inspirada por el gobierno habilita el reconocimiento como propiedad de toda parcela de tierra “en posesión”, o sea auto-declarada como propiedad. Se trata de una vía libre a la deforestación en masa – la Amazonia ha perdido el 90% de las forestas que tenía cuando llegaron los holandeses y los portugueses. El devastamiento de la Amazonia ha provocado una crisis internacional, por las amenazas que la quema de forestas representa para el ecosistema mundial, para no hablar de que dejará sin agua a gran parte de Brasil. La protección del medio ambiente amazónico se encuentra en manos de los militares, más precisamente de Hamilton Mourao, el vicepresidente. La cuestión del auto-golpe y del fascismo se encuentra estrechamente ligada una guerra civil en el campo. En caso de que prospere hasta el final el juicio político, a Bolsonaro deberá sucederlo Mourao.
La línea política general del centro hasta la izquierda es iniciar una campaña por el juicio político, aunque el ex presidente Fernando Henrique Cardoso reclama un golpe de palacio que acabe con Bolsonaro, para evitar el ‘via crucis’ del juicio político. Para el ‘impeachment’ haría falta una alianza del alto mando militar con el Congreso, y también con el Tribunal Superior de Justicia, que se encuentra dividido como todo el resto del edificio estatal brasileño. Hasta nuevo aviso, todo indica que el juicio político estaría muerto, o sea que la crisis atravesará por vías menos constitucionales.
Este cuadro obliga a plantear dos cosas. La primera es decirles a los trabajadores las cosas como son, en lugar de distraerlas y por lo tanto engañarlas con procedimientos constitucionales. Tampoco alentando golpes militares que se escudan en la Constitución. Bolsonaro acaba de pactar con los gobernadores en su conjunto, oficialistas y opositores, el congelamiento de salarios de los trabajadores del Estado hasta 2022. Hay despidos en masa en un país donde el seguro de desempleo es parte de los aportes que los trabajadores deben hacer para las jubilaciones. El real se devalúa, la inflación crece y Paulo Guedes, el ministro de Economía, anunció el refuerzo de las privatizaciones. La parálisis de la burocracia de la CUT-PT, en este escenario, tiene razones políticas, que es no confrontar con el Congreso, las patronales y el alto mando militar. La denuncia de este compromiso vergonzoso y criminal debe ir acompañado de un programa contra el ataque a los trabajadores, la defensa sanitaria del pueblo y una campaña por la huelga general para echar al gobierno.
Lo otro es que hay que armar a los trabajadores, empezando con la formación y entrenamiento de los activistas. La amenaza fascista no se enfrenta cruzando a la vereda de enfrente de ellas, incluso porque el fascismo ocupa todas las veredas. Nada desarrolla más el ímpetu de las masas que ver a su ‘primera línea’ organizando destacamentos armados del proletariado en defensa de los derechos democráticos y del porvenir de la clase obrera.
