Educación: un ataque al derecho a huelga.

Escribe Mariano Hermida

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Diputados ha dado media sanción a la modificación del artículo 109 de la Ley Nacional de Educación (26.206).

Dicho artículo establecía que la educación a distancia sólo podía ser impartida a menores de 18 años y a los alumnos rurales del ciclo orientado del secundario, dado que no pueden concurrir a la escuela por vivir en aislamiento.

La iniciativa votada por todos los bloques políticos, salvo por el FIT, ahora habilita a que esto se pueda implementar en todos los niveles educativos. De acuerdo al artículo 1: “Cuando la escolaridad total o parcial sea inviable, y únicamente en caso de epidemias, pandemias, catástrofes o razones de fuerza mayor que impidan la concurrencia a los establecimientos educativos”. La introducción del concepto por “razones de fuerza mayor” no es casual. Queda habilitada la posibilidad de que el Estado garantice la educación a distancia, cuando se realice un paro docente que, como reconoce en el mismo artículo, haga que la “escolaridad total o parcial sea inviable”. En definitiva, se abre la puerta para que se ataque el derecho a huelga de los maestros y “rompe huelgas” digitales carnereen las medidas de fuerza mediante clases virtuales.

La vicepresidenta de la comisión de educación, Victoria Morales Gorleri (PRO-Juntos por el Cambio), resaltó la importancia del proyecto y celebró el “consenso” alcanzado por el conjunto de los bloques (Perfil 21/5), incluyendo el voto de Hugo Yasky, de la CTA.

Esta media sanción se da en el marco del intento del gobierno de establecer un regreso “escalonado” a clases a partir del mes de agosto bajo un esquema “mixto” que integre clases presenciales y clases virtuales. Con el estado calamitoso de los edificios educativos, sin las condiciones mínimas de salubridad e higiene y sin protocolos para prevenirse del contagio del coronavirus, no hay que ser un experto en la materia para avizorar que, de concretarse estas intenciones, estaríamos en presencia de una masacre sanitaria para alumnos, docentes y el conjunto de la comunidad educativa.

El Estado y sus instituciones se han demostrado incapaces de garantizar la “continuidad pedagógica” (que tampoco hacían sin covid-19) en tiempos de pandemia. Este fracaso del ciclo escolar ya es reconocido por los propios funcionarios que ahora les dicen a los docentes es “más importante cuidarnos que dar clases” (Trotta dixit).

El nombramiento de los más de 100 mil docentes que faltan en todo el país, la convocatoria inmediata a actos públicos virtuales, una garantía salarial de $40 mil pesos para los compañeros que no han podido tomar horas, el acceso a la conectividad gratuita, notebooks y una capacitación en servicio, que pueda garantizar el desarrollo de las clases durante lo que dure la pandemia no figura en la agenda de clase capitalista.

El camino en cambio, lo marcan las crecientes deliberaciones, protestas y hasta paros “on line” de docentes en diferentes provincias del país como Chubut, Santa Fe, Tierra del Fuego, Chaco. En CABA, luego de diferentes acciones de lucha, está planteada una nueva asamblea de Ademys para la siguiente semana. En Buenos Aires cobra fuerza el planteo de la reapertura de la paritaria salarial y la defensa del régimen jubilatorio, contra el intento de “armonización” del IPS con la ANSES. La conducción provincial de SUTEBA se vio obligada a convocar a plenarios de delegados para la primera semana de junio, después de que en varias seccionales (incluso celestes) se realizaran reuniones impulsadas por los Sutebas multicolor y por exigencia de las bases docente.

La defensa de la vida y la escuela pública queda en manos de la organización y la lucha de la propia docencia, sobre la base de una amplia deliberación en sus organizaciones sindicales que se unifique mediante un programa y la coordinación de acciones de lucha. Una tarea que deben encarar, en primer lugar, los gremios y seccionales combativas.

La nacionalización y la unificación del sistema educativo a nivel nacional, bajo el control de los docentes y la comunidad educativa, para rediseñar un sistema educativo integral sobre la base de las necesidades populares, adquieren un carácter estratégico.

Una tarea que sólo podrá ser llevar adelante bajo la dirección política de la clase obrera.

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