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La pelea contra los despidos en la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo –ACUMAR- está en manos de una autoconvocatoria organizada entre trabajadores despedidos y otros que permanecen contratados por el organismo. El viernes 28 de febrero, cuando los rumores de que esa noche llegarían los emails con despidos, un sector de los trabajadores recorrió el edificio piso por piso intentando que se convoque a una asamblea ante el silencio de los sindicatos.
Pasadas las 23 horas empezaron a llegar los emails con el despido injustificado de cerca de 300 trabajadores; el organismo cuenta con un convenio propio que garantizaba la estabilidad de los y las trabajadoras con contratos a “tiempo indeterminado”, por lo que los despidos contemplan la reubicación de trabajador y el pago de indemnización mientras que, en los organismos con convenio del Sistema Nacional de Empleo Público-Sinep, el Gobierno despide tras el formato de “no renovación” de los contratos trimestrales.
La suma de los despidos de 2024 con los que llegaron hasta el momento en 2025 reducen a la mitad la planta de trabajadores del organismo y paraliza de hecho la actividad de ACUMAR, que consiste en el control industrial, la erradicación de basurales, la relocalización de la población de un territorio que abarca a cerca de 6 millones de habitantes que pueblan la Cuenca Principal y la Sub Cuenca -que son un conjunto de arroyos-, el monitoreo sanitario y otras actividades vinculadas a la recuperación de la Cuenca.
El vaciamiento del organismo fue posible debido a que la Corte Suprema archivó en octubre de 2024 la Causa Mendoza, por la cual debía tener un seguimiento y auditoría de los avances de las tareas del organismo. El argumento por el cual la Corte se lava las manos y habilita el desmantelamiento del organismo es que ya estaba presentado el Plan Integral de Saneamiento Ambiental – PISA, desde 2010 con modificaciones en 2016. El 50 % de despidos del personal redunda en que ACUMAR ya no cuenta con la capacidad técnica ni con los trabajadores para desenvolver las obligaciones que se desprenden del PISA.
A los 280 despidos injustificados se suman 101 despidos entre abril y junio de 2004 que se realizaron como un “procedimiento sancionatorio”. La patronal despidió con una supuesta causa justa, por ende sin indemnización, a los trabajadores que tuvieran ausencias o licencias sin justificar. Lo perverso de esos despidos de 2024 y 40 más con el mismo método en 2025 es que los empleados realizaban tareas en “territorio”, o desde su casa, y no tenían la obligación de fichar o de dejar sentado que lo hacían porque desde la pandemia ese régimen se sostenía legitimado. Las revisiones del ausentismo se basaron en un período en el que el régimen de asistencia lo definía la gestión anterior.
Los autoconvocados ayudaron a apelar cada imputación de la patronal y denunciaron la persecución a los trabajadores con denuncias infundadas. Mientras en el resto del Estado se despedía a miles de trabajadores y trabajadoras, en ACUMAR encontraron ese recurso para ahorrarse las indemnizaciones. Donde los convenios planteaban un derecho, el Gobierno buscó cómo sortearlo, de igual forma que con los despidos Acara en el Ministerio de Justicia.
Los principales damnificados por el vaciamiento del organismo son los habitantes de la Cuenca. Una traza conformada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 14 municipios de la Provincia de Buenos Aires. Si bien ya los cerca de 420 despidos paralizan la actividad del conjunto del organismo, los rumores que circulan hablan de una reestructuración que convertiría al ACUMAR en un programa o una Dirección Nacional eliminando definitivamente todas las áreas de política social y el achicamiento de las áreas técnicas.
Los autoconvocados sostienen reuniones regulares y contactaron abogados por su propia iniciativa para evaluar las medidas gremiales y judiciales. Los sindicatos –la Asociación Trabajadores del Estado y la Unión Personal Civil de la Nación- no convocaron a asambleas ni se comunicaron con los despedidos. La medida realizada el 6 de marzo pasado surgió como iniciativa del sector en lucha y con posterioridad se sumó la Junta Interna de ATE. Consistió en una radio abierta en la puerta del edificio central desde el que trabajadores y vecinos de la cuenca denunciaron las consecuencias del vaciamiento y los despidos. La acción atrajo la solidaridad de otros sectores dentro de ATE.
Ya pasaron 12 días desde los despidos. ATE informó que, una vez que se hayan cobrado las indemnizaciones, iba a hacer una presentación legal. Es necesario llamar a una asamblea de trabajadores dentro y fuera del organismo, sin distinción de afiliación ni antigüedad y definir un plan de lucha que supere la inacción de los sindicatos. Está en juego la continuidad de la política estatal de 15 años de recomposición ambiental del Riachuelo.
