Convenio Colectivo de Trabajo en la docencia bonaerense

Escribe Ceferino Cruz

Convenio Colectivo de Trabajo en la docencia bonaerense

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El 25 de junio el SUTEBA sacó un comunicado en el que se refería que el día anterior se había realizado “la Mesa Paritaria en la que quedó constituida la Comisión Técnica para la discusión del Convenio Colectivo de lxs Trabajadorxs de la Educación de la provincia de Buenos Aires.” El comunicado, tanto como su inclusión como tercer punto de los adicionales incorporados al Acuerdo Paritario, e incluso su «mención» en las reuniones de delegados, tienen un tufillo al subterfugio que tan claramente señala el dicho popular según el cual «El que avisa no traiciona.»

La «mención», justamente, no es más que eso. No se pone «a debate», no se discute, no se analiza: sólo «se avisa». El abuso de comillas tiene que ver con que hay muchas cosas que se dicen fingiendo que se dicen otras. Incluso cuando el significado, palmariamente, es más o menos el directo. Por ejemplo, cuando en la pandemia el sindicato (el SUTEBA, que es el más grande de la provincia) dijo que debía ponerse en debate la reapertura de las escuelas, a continuación, lo que ocurrió fue que se reabrieron las escuelas sin debate alguno (se supone que «debate» en el ámbito gremial significa mínimamente «intercambio de opiniones entre las bases y con las dirigencias»). Salvo que se interprete una charla entre Baradel y Sileoni como un… «debate». Es decir que «significado» y «sentido» no son, necesariamente, conceptos sinónimos o intercambiables.

La otra conclusión es que cuando el SUTEBA dice que «hay que poner a debate», agarrate los pantalones porque ya está todo decidido. Así, el sindicato viene diciendo desde hace un par de años que hay que debatir el Estatuto Docente, que hay que “modernizar” el encuadre legal de las condiciones laborales de los trabajadores docentes. El lenguaje es casi calcado del que usa la ex presidenta Cristina Fernández, que habla de «actualización laboral» para no decir «reforma laboral»; vale decir, «ajuste». Sólo que ella machaca sobre el particular para enchapar el planteo con la idea de que ella lo va a hacer mejor que los Macri y los Milei, porque su capacidad de convocatoria es –supuestamente– masiva y de buen grado.

Ahora bien. La idea de un Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) llega en un contexto de deterioro sostenido de las condiciones laborales, salariales y democráticas dentro del propio sistema educativo. En la última década, las paritarias han sido sistemáticamente a la baja, consolidando un salario docente por debajo de la línea de pobreza. A esto se suma la generalización de sumas no bonificables ni remunerativas, que destruyen el salario básico, rompen la escala salarial, y empujan a la docencia a tomar más cargos o a buscar empleos fuera del sistema. Es una forma de ajuste encubierto, de despido informal y sin indemnización. Este esquema, además, erosiona el sistema jubilatorio al achicar la base de aportes, degradando la jubilación sin tocar formalmente el régimen. Se transfiere el peso del ajuste a los cuerpos docentes y a su vejez. Y el sindicato, lejos de confrontarlo, lo gestiona.

En paralelo, la infraestructura escolar está en ruinas, el IOMA colapsa, y las condiciones de trabajo en las escuelas son cada vez más precarias. Sin embargo, el sindicato no convoca a paro ni organiza acciones contundentes. La idea de la «escuela abierta a toda costa» ha sido absorbida incluso por sectores que antaño defendían el derecho a huelga como herramienta irrenunciable.

El deterioro no es sólo económico y material: también es político y organizativo. La conducción del SUTEBA hace años que no convoca a asambleas de afiliados; las decisiones se toman desde arriba y se informan como hechos consumados. Militan abiertamente para Kicillof; según la lista dirigente, «el mejor gobernador de la historia», y respecto del cual han caído en un maniqueísmo cuasi infantil: lo que hace «el Kici» está bien, y Milei es el «enemigo único» (en lo que suenan a divisa de El Señor de los Anillos).

En este contexto, no hay mejora de las condiciones laborales del trabajador de la Educación con un CCT, como lo sugiere la dirigencia sindical, sino que, por el contrario, se trata del último clavo del ataúd gremial, que legitimaría y «legalizaría» todas las vulneraciones al actual Estatuto, como los planes precarizadores tipo FORTE, la quinta hora en primaria, la reforma del régimen académico en secundaria o la sobrecarga laboral. Por otro lado, la burocracia, en un tácito reconocimiento del procedimiento inconsulto, plantea que «es mejor hacerlo ahora, porque más adelante puede ganar Espert». Recurren a una extorsión para consumar una falacia: la de que un CCT mejoraría las condiciones laborales docentes; las «modernizaría». El argumento, además, no deja de pecar de cierta zoncera: «Hago esta porquería antes de que la haga otro y sea peor»… Se parece a la excusa por la quietud frente a la miseria salarial: «No hacemos nada porque hay otros gremios que están peor.» No se trata entonces de una actualización de derechos, sino de un intento de ordenar desde arriba el deterioro ya consumado. Con una vigencia inusitada, algunos dirigentes se animan a afirmar que, «hoy, un cargo titular no te garantiza estabilidad.» (Lo dicen como si se tratara de un fenómeno externo a la competencia de un sindicato, como el carácter marcesible de la rosa; y por supuesto, lo plantean para establecer la obsolescencia del Estatuto.) El CCT vendrá a normar la inestabilidad laboral de los educadores bonaerenses.

Por otra parte, un CCT tiene una naturaleza jurídica distinta del Estatuto: es más flexible, más transable, más inestable. Lo que hoy se acuerda en paritaria puede ser modificado o desmantelado en otra, sin pasar por el Poder Legislativo. Se corre el eje desde un marco legal garantizado (que sería la pared contra la cual apoyarían la espalda los compañeros que luchan) hacia un régimen contractual dependiente del Poder Ejecutivo de turno (sin pared). Con un gremio mayoritario desmovilizado, con bases fragmentadas y sin instancias deliberativas reales, asistimos a la consagración de la arbitrariedad en la decisión de las condiciones laborales de la docencia bonaerense. Es un retroceso de cuarenta años, articulado por el sindicato nacido al calor de las luchas docentes de fines de los ’80, que conquistaron derechos como los que el Estatuto consagró: estabilidad, concursos, licencias, etcétera. Una involución de ciento ochenta grados.

Se trata de un reclamo de los gobiernos capitalistas, de las cámaras empresarias, del FMI, que el SUTEBA quiere facilitarle a Kicillof para que este lo tribute a la burguesía, de cara a sus desafíos electorales en medio del descalabro peronista. Todo el cuadro, más la frutilla del postre que es el desmantelamiento del Estatuto del Docente (bonaerense) por un Convenio Colectivo de Trabajo que habilite la «modernización», la «actualización», la «reforma», el «ajuste» laboral, es, ni más ni menos, el programa de Milei.

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