Milei interviene el Garrahan y redobla la apuesta contra los residentes y toda la salud pública

El gobierno liberticida contestó las demandas salariales de los trabajadores de la salud cantando retruco. La respuesta al pedido de recomposición salarial de los residentes del Garrahan fueron las amenazas de despidos y la decisión de desconocer toda relación laboral. La resolución 2109/25 se anunció mientras 13 000 aspirantes rendían el examen para ingresar a residencias que, de golpe, quedaron convertidas en becas precarizadas.

En simultáneo, el “Ministerio de Prepagas” de Mario Lugones, que se había ausentado por tercera vez consecutiva de la audiencia salarial con los trabajadores del Garrahan, decidió intervenir el hospital. El interventor designado es Mariano Pirozzo, quien porta como antecedente “profesional” haber ejecutado el vaciamiento del Hospital Bonaparte: allí desmanteló dispositivos de atención, cerró las residencias interdisciplinarias de salud mental y despidió a más de 200 compañeros.

Estos ataques fueron acompañados por un decreto que, al límite del vencimiento de las facultades extraordinarias otorgadas por la Ley Bases, determinó la disolución del Instituto Nacional del Cáncer y la administración centralizada de cinco hospitales nacionales (Posadas, Bonaparte, Sommer, Carrillo e Inareps), con el indisimulado objetivo de proceder a una nueva tanda de recortes y despidos masivos.

Doblegar y despojar de derechos a la fuerza de trabajo es parte de un plan de vaciamiento de la salud pública, que culminaría con la entrega de los hospitales nacionales a gerenciadoras privadas. El gran capital saluda los golpes de su ministro “Prepagas” Lugones, pero solo se interesa por determinadas áreas lucrativas de la llamada “industria de la salud”, condenando a los servicios que atienden las necesidades de la población trabajadora.

Para los trabajadores de la salud pública, estas medidas implican la liquidación de todas sus conquistas, desde el derrumbe salarial a la privatización de la formación profesional y la extensión sin límite de la jornada de trabajo. Es lo que dejó en claro el director del Cemic, Hugo Magonza, que apoyó la resolución 2109/25 declarando que los residentes nunca fueron considerados trabajadores para la salud privada (La Nación, 7/9).

Cómo lo enfrentamos

La burocracia sindical dejó pasar estos anuncios con argucias jurisdiccionales. “La resolución no se aplicará en CABA”, afirmó Médicos Municipales. Sin embargo, la negación de la relación laboral que implica un sistema de formación en servicio como las residencias fue lo mismo que intentó impulsar en tierras porteñas Larreta, con su ley del año 2019 que debió ser archivada tras una huelga general de 10 días que incluyó el sitio de la Jefatura de Gobierno.

Finalmente, el contenido de estas medidas no es más que un anticipo de las reformas laboral, previsional e impositiva, con las que el gobierno de Milei se propone sancionar, después de las elecciones de octubre, el fin de los derechos laborales y sociales y el traslado de mayores recortes a las provincias y municipios.

Es lo que entendieron los residentes de los hospitales porteños, que la semana pasada protagonizaron un paro con movilización contra el sistema de becas y por una recomposición salarial. Ambos reclamos son indisociables, ya que los derechos laborales sin un salario que los respalde terminan siendo una cáscara vacía, como se observa en la gran cantidad de renuncias y cargos que quedan vacantes, incluso de planta permanente, en hospitales y centros de salud. El jueves 10/7 se realizará un nuevo paro de los trabajadores del Garrahan, con un abrazo al hospital a las 12 horas. A la tarde, los residentes porteños organizarán una marcha de velas a las 18 horas desde Callao y Corrientes al Obelisco. Ese mismo día, los residentes bonaerenses se movilizarán a las 11 horas a La Plata, donde el gobernador Kicillof dispone los mismos sueldos de hambre que Milei.

Las acciones confluirán el jueves 17/7 con un paro y movilización de los trabajadores del Garrahan, de Congreso a Plaza de Mayo, a las 16.30. Una asamblea nacional de residentes, que unió a representantes de las distintas jurisdicciones, debatió este panorama y fijó el objetivo de organizar para el 17 un paro nacional de residentes y de toda la salud pública. Los residentes porteños ya votaron parar ese día, al igual que CICOP en Buenos Aires y FESINTRAS a nivel nacional.

En simultáneo, avanzó en Diputados el proyecto que declara la emergencia pediátrica por un año y anula la resolución 2109/25. El dictamen ingresará en el tire y afloje entre Milei y los gobernadores, incluyendo los esperables vetos, la necesidad de mayorías especiales y sus eventuales reglamentaciones. La experiencia universitaria ya demostró que adecuar la lucha de los trabajadores a los salones parlamentarios es un camino seguro a la derrota.

Tampoco hay posibilidad de quebrar la ofensiva oficial y conquistar los reclamos en juego con jornadas aisladas. Desarrollar reclamos concretos a las autoridades jurisdiccionales nutre y potencia las acciones generales contra el gobierno. Finalmente, es imposible articular un movimiento general que no se desarrolle localmente o que adecúe su ritmo al nivel de los sectores menos movilizados.

Para derrotar la ofensiva de Milei hay que recuperar la experiencia de las grandes luchas del movimiento de residentes del 2019 y el 2022. Es lo que hicieron los residentes de Pediatría del Garrahan, cuando votaron ir a 72 horas de paro, luego 96 y finalmente a una huelga indefinida que conmocionó a la población y colocó a la crisis de la salud pública al tope de la agenda nacional.

Al retruco oficial hay que cantarle vale cuatro con una lucha a fondo. Fuera los interventores de Milei de los hospitales. Abajo la resolución 2109/25, reapertura de todos los cupos de residencia eliminados. Salario mínimo de 2,5 millones de pesos y estabilidad laboral para todos los trabajadores de la salud.