Tiempo de lectura: 4 minutos
Desde hace más de 10 días, la crecida del río Pilcomayo, ha desatado inundaciones devastadoras en el departamento de Rivadavia, ubicado en el noreste salteño. A la fecha hay más de 500 familias evacuadas por el gobierno provincial, miles de autoevacuados y otros miles aislados en parajes y localidades de la zona, como La Puntana, Alto Carmelo, Santa Victoria Este, Alto la Sierra o Misión La Paz. La mayoría de la población de la zona es originaria de las etnias wichí, toba y qom.
Muchos de los pobladores, organizaciones y hasta personalidades, como los cantantes folclóricos Lucio y Jorge Rojas y el “Chaqueño” Palavecino, han denunciado la demora e insuficiencia del operativo del gobierno de Sáenz para actuar ante la catástrofe en curso. La gran mayoría de la ayuda de alimentos, ropa, agua potable y medicamentos a los damnificados llega por la solidaridad de la población y diferentes organizaciones populares.
Por las características del Río Pilcomayo, uno de los ríos con más transporte de sedimentos y con nacientes a más de 5.500 metros sobre el nivel del mar (en Potosí, Bolivia), sus desbordes son espontáneos y feroces pero previsibles. De hecho, existe un Sistema de Alerta Temprana del Pilcomayo (SATP), desoído por el gobernador Sáenz, que advirtió sobre la inminencia de su desborde por las intensas lluvias del lado boliviano. También ignoró el alerta hidrológico resuelto por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología de Bolivia (Senamhi), realizado el 10 de marzo.
Por otro lado, la desidia estatal y de Sáenz se refleja en la ausencia de una coordinación regular con los gobiernos de Bolivia y Paraguay, que comparten la cuenca del Pilcomayo con Argentina, Salta; y por la falta de un dragado y manutención de las obras de infraestructura necesarias. Los anillos de contención realizados durante la primera gestión de Sáenz (2019), cedieron del lado boliviano (se hicieron en colaboración entre Salta y Tarija) dando paso al desmadre de las inundaciones en curso.
Un miembro del SATP, Luis María De La Cruz, ha declarado en diversos medios que “Gran parte de todos estos desbordes tiene que ver con la gran sequía que hubo los siete años anteriores. No tuvimos crecientes grandes y eso hizo que se enlamara mucho el fondo, que se elevara el fondo. Entonces el río no tiene por donde correr y desborda por todos lados”, dejando en claro que las inundaciones podrían haberse por lo menos atenuado en su magnitud mediante un dragado del río y que su carácter “histórico” no es una simple desgracia. Además, denunció la "respuesta tardía del Estado en los tres países” y la contrapuso con la rápida acción de autoevacuación de miles de pobladores de la zona (Salta/12, 15/03).
En los últimos días, el gobernador salteño ha procurado mostrarse interviniendo físicamente en los operativos estatales de asistencia a los inundados y aislados. Sin embargo, su primera reacción fue utilizar las inundaciones en Rivadavia para justificar un nuevo acto de sostenimiento del gobierno de Milei. El 19 de marzo pasado, a casi una semana del inicio de las inundaciones en territorio salteño, el gobernador no se había hecho presente en el departamento. Por el contrario, viajó a negociar los votos de sus diputados nacionales para aprobar el DNU que habilita un cheque en blanco para un nuevo endeudamiento con el FMI, a cambio de obras públicas que ya habían sido prometidas y acordadas cuando Sáenz garantizó el apoyo de sus diputados a la aprobación de la Ley Bases del gobierno liberticida. Entre estas obras se encuentra la ruta 54, que conecta con La Misión La Paz y que quedó aislada. A estas alturas, es muy claro que esas obras no se sustanciarán porque el nuevo endeudamiento con el FMI impondrá un mayor ajuste fiscal y la negativa del gobierno de Milei a financiar obras públicas. Sáenz insiste con el sambenito de dar “gobernabilidad” a cambio de obras públicas que nunca llegan y ahora finge quejarse por la falta de ayuda de Nación ante la crecida del Pilcomayo, cuando éste ya conocía muy bien la negativa de los liberticidas de financiar la ayuda necesaria para los afectados por las inundaciones en Bahía Blanca en nombre garantizar el “superávit fiscal”.
Mientras las lluvias y la crecida del Pilcomayo no amainan, ahora se suman las crecidas de los ríos Bermejo y Teuco, que extienden el cuadro de catástrofe a buena parte de la banda norte del departamento de Rivadavia. Aún si las lluvias cesaran en lo inmediato en el chaco salteño y boliviano, la crecida, que ha llegado a niveles superiores a los siete metros, tardará semanas en drenar. Los pobladores de Rivadavia ya advierten sobre el brote de enfermedades como el dengue, diarreas; la falta de agua potable y asistencia sanitaria. Sobre esto y sobre un resarcimiento por las pérdidas de ganado y pertenencias de las familias afectadas, el gobierno de Sáenz no ha abierto la boca. Menos aún sobre la limitación y la recuperación de tierras afectadas por los desmontes y el monocultivo de soja de los últimos 20 años y que han incidido tanto en el territorio nacional y provincial como en el boliviano. Por el contrario, Sáenz hizo aprobar hace un par de meses un nuevo mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos, incorporando 700 mil nuevas hectáreas de tierra a las 1.500.000 ha en producción agrícola y ganadera. Este mismo proceso de acumulación y depreciación de tierras, no sólo agudiza las consecuencias de las inundaciones, sino que ha producido un desplazamiento, particularmente, de las comunidades originarias hacia territorios inhóspitos, tanto por su improductividad, como por su anegabilidad y accesibilidad.
Ante semejante cuadro es necesario que los trabajadores de la provincia, junto con las comunidades originarias y criollas afectadas, exijamos un adecuado plan de intervención garantizado con fondos del Estado y un impuesto extraordinario a los grandes terratenientes y capitalistas de la provincia, bajo control de las organizaciones obreras y populares -que ya están ayudando en la zona de manera autoconvocada- y de los pobladores afectados. Es necesario también abrir la discusión sobre el uso social del suelo y frenar su depredación por los capitalistas y terratenientes.