Los fueros parlamentarios y la agitación política socialista

A dos semanas de la elección de convencionales constituyentes para reformar la Constitución Provincial de la provincia de Santa Fe, uno de los temas a tratar obligatoriamente por la ley que declaró la necesidad de su reforma es el punto que trata sobre la eliminación de los fueros o inmunidades parlamentarias. Es decir, la imposibilidad de que el legislador, en ejercicio de su actividad política, sea foco de represalias por parte del mismo Estado y por lo tanto entorpecer y hasta censurar sus planteamientos políticos.

Orígenes: el cartismo

Este tipo de garantías sobre los legisladores fue receptado en varios periodos históricos que hicieron al desarrollo de la clase obrera como sujeto político. En la transición de la Edad Media a la Modernidad capitalista, nos podemos remontar al cartismo inglés, que en tanto cuna del proletariado como tal, también gestó las primeras movilizaciones políticas en pos del reconocimiento de derechos que luego se extendieron al conjunto. Entre las pretensiones de la “Carta del Pueblo”, cuyo espíritu era la democratización del sistema inglés, están los derechos políticos de los trabajadores, tanto del sufragio universal como de la posibilidad de ser electos para cargos públicos, todo esto en función de arrancar mejoras en las condiciones de vida de los asalariados. En este entendimiento, se incluía que ante la facultad de que un proletario pueda ser elector, su agitación política que de por sí chocaba enteramente con la orientación de la monarquía anglosajona, esta no pueda ser objeto de escarmientos contra sus autores. Es el germen de la libertad de opinión y de evitar las persecuciones políticas a quienes la llevaran adelante. Este reclamo, junto a la dieta parlamentaria (sueldo del legislador), la libertad de prensa y asociación, eran el complemento necesario para poder desarrollar la organización política de los trabajadores.

Modernidad

Con el advenimiento de las revoluciones burguesas del siglo XIX, emerge el planteo del Estado de Derecho como contrapartida al poder monárquico absoluto de los reyes. En términos sintéticos, el concepto concentra que ningún ciudadano ni autoridad se encuentra por encima de la ley, todos debajo de su peso. Y que, en términos de la distribución del poder, este se dividiera en tres partes claramente diferenciadas. Es lo que luego se conocerá como el poder ejecutivo, legislativo y judicial, que antes se concentraban en una sola cabeza -el monarca absoluto-. Ahora bien, nunca se consideró que esto eliminara la tensión entre cada uno, sino que, de lo contrario, la preocupación se transformó en interpretar cómo cada uno de los poderes puede influir sobre el otro en tanto atañe a sus intereses. La cabeza del Estado, el ejecutivo, no dejoóde entrever su rol preponderante en tanto es la administración general, además de que sobre este recae casi enteramente la disposición de la violencia organizada (el monopolio de la represión). La consagración de las indemnidades que actualmente conocemos buscaba justamente contrariar las represalias de los ejecutivos de la república para con opositores y su agitación política en los congresos, donde a la inmunidad de opinión se le adicionó la inmunidad de arresto.

La lucha socialista de los siglos pasados

El producto de estos esfuerzos ha sido pieza fundamental en el trabajo político de los partidos socialistas, socialdemócratas, de los siglos XVIII y XIX. Con la penetración de los primeros programas revolucionarios entre los trabajadores de Europa, dio como resultados en más de una instancia, la consagración de escaños en los parlamentos europeos. El ejemplo singular de ello lo fue la socialdemocracia alemana, con cuya extensión e ideas se identificaron generaciones de obreros. La agitación socialista hasta entonces había alcanzado un grado de desarrollo sin precedentes, lo cual puso en vilo al imperio alemán durante su vigencia. Este llevó a fondo la persecución política de los socialistas, inclusive sancionando leyes que censuraban su participación, el derecho a reunirse y la libertad de prensa. Bismarck en numerosas ocasiones ordenoóel arresto de los militantes del SDP, inclusive de sus dirigentes. Si se toma en cuenta la participación de August Bebel en todo este periodo, podemos indicar que el mismo encontró amparo para llevar adelante una agitación sistemática contra la guerra, sobre las condiciones de vida de la clase obrera alemana, la situación social que sojuzgaba a la mujer, gracias a la imposibilidad que tenia el Estado de cercenar su opinión y su libertad por los fueros parlamentarios.

¿Cómo hubiera sido posible la agitación revolucionaria en el preludio a la Primera Guerra Mundial, que llegó al punto de fracturar la socialdemocracia alemana, sin la garantía de libertad de opinión? Las acusaciones de traidores de la patria se extendieron sobre todos los que se opusieron a financiar una guerra imperialista, pero la existencia de estos fueros operó como contralor, al menos parcial, de la persecución política y la arbitrariedad del Estado capitalista.

Un ataque directo a las conquistas históricas

En la actualidad, el gobernador Pullaro ha habilitado que, para modernizar la Constitución provincial, sean eliminados los fueros parlamentarios. La modernización de la que trata es la que pretende Milei y Trump, que tiene su precedente histórico en la Constitución nacional de 1994. La concentración de facultades, nuevamente, en el poder ejecutivo, bajo el ropaje de los decretos de necesidad y urgencia, son el advenimiento del Bonaparte del siglo XXI. Esta discrecionalidad está amparada en las recurrentes situaciones de crisis, de emergencia, por lo que las normativas “garantistas” quedan de lado. Es la legalización constitucional del estado de excepción, que se convierte en la regla. Este encasillamiento nada tiene que envidiarle al liberticida Milei, que gobierna mediante decretazos junto a su camarilla presidencial, ni a la pretensión belicista de Trump.

La modernización entonces, sobre este aspecto busca colgarse del affaire de Armando Traferri, senador peronista del departamento de San Lorenzo, acusado de jefe de una asociación ilícita de juego clandestino. Haciendo memoria, al mismo no se lo ha podido imputar siquiera, ya que, según la Constitución provincial actual, los privilegios son de carácter absoluto. Significa que ni siquiera puede ser investigado, formalmente, hasta que se halle desprovisto de esas inmunidades. Ahora bien, el episodio donde se “intentó” quitarle esas prerrogativas terminó en un fiasco. La mayoría de la Cámara de Senadores votó en contra de quitárselos, ante la inminencia de que mañana serían objeto de ataque ellos mismos. Pero en estas elecciones, estos mismos senadores y sus partidos son los que militan la quita de los fueros, cuando fueron el cerrojo que resguardó a Traferri.

Son los mismos que luego, desde la Legislatura, que lleva adelante el control sobre los fiscales, votaron la suspensión del fiscal Matias Edery que se encargaba de esta investigación. Ese fue su final, mientras que a Schiappa Pietra, también de la Fiscalía contra el crimen organizado, fue dispuesto a investigar delitos cometidos por menores. La hipocresía es total.

Lo mismo que el argumento utilizado, el cual es una banalidad: si no tienen nada que “esconder”, entonces no necesitas ningún tipo de fuero. Es una versión actual del “algo habrás hecho”, desconoce la naturaleza conflictiva de la actividad política y los intereses contrapuestos que se anidan en ella. Incluso es un cheque en blanco para los que hoy se destacan impolutos, nada garantiza que a raíz de las crisis futuras no se encuentren sin la cobertura del poder de turno y sean foco de persecución política. En un cuadro general, puede convertirse también en un antecedente que elimine los fueros en general, por ejemplo, sobre la actividad sindical, como ha propinado el chubutense Ignacio Torres. Este argumento está en boca de todo el oficialismo de la UCR, el PRO y el Partido Socialista; se han plegado la centroizquierda de Del Frade, ya que la exministra de educación Claudia Balague se pronunció por la liquidación de las garantías parlamentarias.

Es por todo lo expuesto que denunciamos este ataque antidemocrático a derechos políticos logrados sobre luchas históricas de la clase trabajadora a lo largo del mundo. Rechazamos abiertamente esta reforma constitucional que busca consagrar un estado de excepción permanente y liquida garantías constitucionales básicas. Nuestra campaña no proyecta ningún atisbo de progresividad ni expectativa en esta empresa reaccionaria.