Operativo Roca: el gobierno liberticida militariza el norte del país

Con la excusa de la “lucha contra nuevas amenazas” (narcotráfico, terrorismo, ciberataques), el gobierno liberticida dio vía libre a una gran movilización de efectivos militares, con el objetivo de “reforzar” la seguridad y vigilancia de zonas fronterizas en el norte y noreste del país. Serían más de 10 mil los militares afectados a la “Operación Presidente Julio Argentino Roca.” El nombre elegido por los libertarios para estos movimientos militares es una nueva provocación, luego del descabezamiento de Osvaldo Bayer en la Patagonia.

Con el decreto 1112/24 el gobierno libertario estableció un nuevo marco normativo en el que se amplían los alcances y capacidades de la actuación de las Fuerzas Armadas. El decreto en cuestión, que representa un cambio en la concepción de la defensa nacional, sustituyó al 727/2006 que limitaba la intervención de las Fuerzas Armadas a agresiones externas perpetradas exclusivamente por fuerzas armadas de otros Estados. La nueva (vieja) concepción de Seguridad Nacional establece “que los riesgos no siempre provienen de un Estado, sino también de actores no estatales con capacidad transnacional, como grupos terroristas y paramilitares” (Panorama Directo, 20/12/24), que, en términos generales, operan con la complicidad del Estado y los gobiernos. Otra de las aristas del decreto 1112/24 es “la incorporación de sistemas de inteligencia artificial, robótica y vehículos no tripulados (drones)”. En el artículo 17, se establece que las FF. AA pueden sustituir a las Fuerzas de Seguridad en las zonas de frontera, en las que podrán llevar adelante actividades de adiestramiento operacional. Todo un andamiaje represivo.

Según información brindada por el Ministerio de Defensa, el “Operativo Roca” se llevará a cabo en zonas rurales y buscará resguardar la “soberanía nacional”, una broma de mal gusto frente al cipayismo explícito del gobierno de Milei y su pandilla. El despliegue operacional contará con radares móviles, drones, helicópteros, equipos de comunicación y hasta un avión Diamond, utilizado para realizar relevamientos en zonas de difícil acceso. El “Operativo Roca” se extenderá entre el 15 de abril y el 15 de diciembre de este año.

El “Operativo Roca” se acopla al “Plan Güemes”, lanzado en la provincia de Salta por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el gobernador Sáenz en diciembre pasado, que se ha cobrado la vida del bagayero Fernando Gómez. En su presentación, Bullrich lanzó “amenazas e intenciones de combatir al narcotráfico en la provincia. El mismo creció durante 30 años al amparo del poder político. Ahora se ha convertido en un elemento de choque y confrontación entre las camarillas del poder”. Los planes “Roca” y “Güemes” son planes que, por un lado, buscan controlar el regenteo del narcotráfico en la región -de ninguna manera “combatirlo”- y, por el otro, imponer una mayor regimentación y persecución contra la población trabajadora en una de las regiones más empobrecidas del territorio nacional y con una vasta tradición de lucha contra todos los gobiernos. Ambos planes consolidan la entrega del control de la frontera al imperialismo yanqui que, “bajo un sistema de control de personas y tecnología establecido por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos” monitorea las zonas limítrofes de Argentina.

En los últimos 20 años, los diferentes gobiernos han llevado adelante operaciones similares (Escudo Norte, Fortín I y II, Fortalecimiento Fortín, Fronteras, Integración Norte, entre otros) que les han allanado el camino a los narcotraficantes en lugar de amedrentarlos.

Según el portal especializado Zona Militar hay discrepancias hacia dentro de las Fuerzas Armadas, ya que algunos sectores plantean que, ante un cambio de signo político del gobierno de turno, los uniformados temen que puedan ser sometidos a procesos penales. En este sentido, los altos mandos militares le piden un blindaje que le aseguren impunidad al personal de las fuerzas. Otro de los puntos de malestar que se debate en el ámbito castrense es el retraso salarial y, unido a esto último, “que los efectivos militares son empleados como mano de obra precarizada para cumplir labores propias de las Fuerzas de Seguridad Federales, las cuales poseen el amparo legal y jurídico que las habilita para estas funciones” (Zona Militar 14/04).

El gobierno liberticida, con Petri y Bullrich a la cabeza de la “defensa nacional” y la “seguridad”, quiere la puesta en pie de un Estado policial. La “lucha” contra el narcotráfico, el terrorismo y otras amenazas son la coartada para la ampliación del aparato represivo, el cercenamiento de las libertades democráticas y la persecución de activistas y luchadores, complemento necesario para hacer pasar un brutal ataque contra la clase trabajadora.