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Este sábado fue detenido en Uruguay el militante del PSTU Sebastián Romero. Los medios de comunicación presentaron la ‘captura’ como un trofeo, justamente cuando en Estados Unidos, las manifestaciones, los morteros y las llamas cubrían a todo el país. La expresión material de la ira popular contra el hambre, la vejación y el crimen policial es irreprimible, aunque los dueños del mundo la hayan convertido en delito. La persecución a Romero comenzó bajo la gestión de Macri-Bullrich. Se le abrió una causa con pedido de captura a raíz de su participación en la gesta popular del 18 de diciembre del 2017, cuando cientos de miles de manifestantes salieron a las calles a enfrentar la reforma jubilatoria que se votaba en el Congreso Nacional y resistieron el ataque de la policía.
Sebastián Romero es uno de los compañeros que fueron blanco de una caza de brujas. Patricia Bullrich había desplegado a la policía Metropolitana contra los miles de manifestantes, con la intención de imponer la reforma previsional del FMI, a como sea. Bajo el fuego de la represión, decenas de manifestantes fueron lesionados, algunos de ellos muy gravemente. Las imágenes tomadas aquel día reflejaron una verdadera razzia policial contra los manifestantes, periodistas y transeúntes, con centenares de detenciones. De allí surgieron las causas contra Romero, contra los militantes del PO César Arakaki y Dimas Ponce y, tiempo después, contra Daniel Ruiz, también del PSTU, quien estuvo preso por 13 meses. Ese día generó en el gobierno el temor a una nueva rebelión.
A más de dos años de la orden en su contra, las fuerzas represivas mancomunadas de Uruguay y Argentina, Interpol mediante, dieron captura a Romero. Los organismos de derechos humanos del Encuentro Memoria Verdad y Justicia reclaman al gobierno de Lacalle Pou la inmediata extradición de Romero al país y su absolución a la Justicia argentina y el cierre de las causas contra todos los luchadores populares.
La rebelión popular de diciembre del 2017 hirió de muerte al gobierno de Mauricio Macri, pero el cambio de gobierno no significó en absoluto el cierre de estas causas que aún siguen su curso. Exigimos el desprocesamiento y la libertad de Sebastián Romero.
