Jujuy: plenario provincial de trabajadores sienta un principio de organización

El reciente plenario de trabajadores estatales realizado en Jujuy marca un punto de inflexión en el proceso de reorganización del activismo y las bases obreras de la provincia. A pesar de no contar con mandato de las bases mediante asambleas de los gremios, el encuentro fue un espacio de deliberación colectivo donde trabajadores de distintos sectores expusieron la profundidad de la crisis que atraviesa el empleo público.

Fueron parte convocante del plenario el CEDEMS (docentes de media), el SEOM, la seccional UATRE de Ledesma que viene luchando contra despidos en las fincas, APOC, la comisión directiva electa de ADEP y después otros gremios menores más o menos referenciados en el kirchnerismo. Por fuera de los gremios convocantes, también se sumaron activistas y delegados de otros gremios, particularmente docentes primarios que pelean por el reconocimiento del triunfo del activismo en ADEP, y estatales varios (no convocó ATE JUJUY ni UPCN, tampoco ATSA).

Conformado por comisiones de debate reducidas -pero activas-, el plenario fue mucho más que una reunión formal: fue una expresión viva de la necesidad de articular, unificar y organizarse frente al ajuste, los despidos, la precarización y la persecución gremial que afecta a los trabajadores estatales jujeños.

Radiografía de un Estado en crisis

El trabajo en comisiones permitió un diagnóstico sectorial. Desde la administración pública provincial hasta los municipales, docentes, jubilados y trabajadores en lucha (como UATRE, Ledesma, Vialidad y tránsito), se expusieron realidades atravesadas por un denominador común: salarios de pobreza, contratos precarios, falta de reconocimiento, condiciones laborales degradantes, violencia institucional, etc.

En el sector de la administración provincial, se denunció el achatamiento salarial, donde todos los trabajadores -con distinta antigüedad, función o régimen- cobran lo mismo, en una suerte de “igualación hacia abajo” como una tendencia de hace años impulsada por el Gobierno. Se planteó la necesidad de una recategorización inmediata y un salario igual al valor de la canasta básica, así como el pase a planta permanente para todos los contratados, sin escalafones que perpetúen la precarización.

También se reclamaron mejoras edilicias, cumplimiento efectivo del régimen de licencias y un plus por ropa de trabajo. En paralelo, se denunció la violencia institucional, el acoso laboral y la persecución gremial como parte del disciplinamiento estatal hacia quienes luchan.

Una agenda común: paritarias, convenio colectivo y mesa de unidad

Los trabajadores municipales exigieron mayor transparencia en la rendición de cuentas y propusieron realizar plenarios regionales por sector, avanzando hacia una coordinadora provincial de lucha. Por su parte, los docentes plantearon el reclamo de dos canastas básicas como salario mínimo, el rechazo al protocolo inconsulto sobre violencia escolar y la necesidad de no inicio del ciclo lectivo, como parte de un plan de lucha integral. Se reafirmó la solidaridad con ADEP y se exigió el reconocimiento de sus delegados y de SADOP en la mesa paritaria.

La comisión de conflictos integrada por los compañeros que actualmente están en lucha contra la patronal, ya sea privada o estatal, planteó el reconocimiento de la Lista 5 como legítima ganadora de las elecciones en ADEP, el fin de los despidos en UATRE y Ledesma, Vialidad Nacional y el INTA. También propuso una jornada provincial de lucha con paros progresivos, la instalación de una carpa sindical unificada en Plaza Belgrano, una campaña nacional e internacional de visibilización y una mesa permanente de unidad para sostener y proyectar estas luchas.

El punto oscuro del plenario fue la decisión final de dejar en manos de las direcciones sindicales la resolución sobre el paro y las medidas de lucha. Sin mandato de base y sin debate abierto, se optó por cerrar el plenario sin una definición concreta, apelando a que “cada gremio decida internamente”.

Aunque se votaron en general las resoluciones, el llamado al paro quedó supeditado a futuras asambleas de los gremios convocantes, dilatando la acción directa y dejando sin respuesta la demanda creciente de sectores como ADEP, que ven con urgencia la necesidad de un plan de lucha.

Balance

El plenario fue, sin dudas, un avance en la coordinación entre sectores estatales. Lo que queda claro es que hay voluntad de lucha y organización. Lo que falta -y urge- es pasar a la acción y que las resoluciones no se queden en el papel. Para esto es que impulsamos una campaña de deliberación en todos los lugares de trabajo a fin de discutir los reclamos particulares del sector y los generales, promoviendo el reagrupamiento de trabajadores, la elección de delegados, la coordinación de las luchas y medidas de fuerza para poder quebrar la política de ajuste.