UBA: un régimen de excepción para impulsar una salida reaccionaria a la crisis educativa

Días después de que trascendiera la noticia de que 10.000 docentes de todo el país abandonaron sus cargos en el último año, el Consejo Superior de la UBA votó una declaración donde ubican a la universidad en estado de “emergencia presupuestaria”.

El documento en cuestión señala lo que ya es de público conocimiento: que las universidades nacionales -incluida la UBA- reciben, de parte del Estado nacional, los mismos fondos desde 2023. Esto, a pesar de que la inflación acumulada de los últimos dos años supera el 300 %. Asimismo, se advierte que la ejecución de estos recursos escasos tiene un carácter irregular.

A continuación, se pide una “urgente actualización del presupuesto destinado a los gastos de funcionamiento de la universidad”. No aparece en el documento el reclamo por el salario docente, que ha perdido en dos años la mitad de su poder adquisitivo, ni tampoco por fondos para paliar la deserción estudiantil. Finaliza pidiendo la aprobación de la Ley de financiamiento universitario. En la misma sesión, el Consejo Superior aceptó la renuncia de más de una decena de docentes de distintas facultades, todas ocurridas en las últimas semanas.

Durante el año pasado la declaración de emergencia presupuestaria por parte de las autoridades universitarias sirvió para avanzar en un “autoajuste” sobre la universidad. Su cara más visible fue el recorte de servicios: facultades que cortaban el suministro de luz durante el día o suspendían el servicio de gas. La declaración de emergencia se levantó, posteriormente, cuando el gobierno acordó con el rectorado la ejecución de una partida extrapresupuestaria destinada al pago de gastos de funcionamiento. Naturalmente, el salario docente y los fondos necesarios para becas estudiantiles quedaron fuera de la partida. El acuerdo entre partes sirvió para que el Consejo Superior diera por concluida la lucha universitaria, decretando el triunfo de la misma.

En la misma sesión del Consejo Superior se votó, también por unanimidad, la creación de dieciocho diplomaturas y posgrados, mayormente en las facultades de Económicas e Ingeniería. Algunas de ellas abordan ejes como ciberseguridad, programación, gestión de software y finanzas para PyMES. Todas ellas serán aranceladas. Los contenidos aprobados para diplomatura se encuentran en consonancia con los conocimientos aprobados por el gobierno nacional como “estratégicos”.

Los fondos propios de cada Facultad constituyen el grueso de recursos de las mismas. En casos como los de Filosofía y Letras, ascienden hasta el 70 % del presupuesto. Estos se han engrosado últimamente a partir de la proliferación de los cursos y diplomaturas arancelados. El crecimiento de esta forma de educación “express” empalma con el recorte de las carreras de grado y la creación de títulos intermedios y representa, de conjunto, el avance de un paradigma educativo asociado a la fragmentación del conocimiento, a su vinculación más estrecha con los vaivenes del mercado y el abandono de una formación de carácter totalizante y científica. Es una desvalorización de la formación académica en tándem con la desvalorización de la fuerza de trabajo en todo el mundo.

La emergencia presupuestaria no tiene como finalidad impulsar la lucha en las aulas. Se trata, por el contrario, de una medida de excepción, la cual le otorga al rectorado de la UBA la potestad para avanzar sobre el recorte de servicios, cursos, cargos docentes y becas. Una suerte de “facultades delegadas”, como las que el Congreso -integrado por las mismas fuerzas políticas que revisten en el Consejo Superior- le concedió a Milei, y que le valieron para llevar adelante lo que él definió como el “ajuste más grande de la historia”.

La emergencia fue votada por todas las corrientes políticas que integran todos los claustros del Consejo. No apareció, en ninguno de los representantes de la Universidad, un planteo alternativo, que oponga a este planteo una orientación que apunte a retomar el camino de la lucha del año pasado. En el organismo pasan revista todos los decanos de las facultades: desde los “nacionales y populares” de Exactas, Filosofía y Letras y Sociales, hasta los radicales “yacobistas” de Económicas.

Los partidos patronales que gobiernan la universidad intentan profundizar una salida reaccionaria a la crisis educativa. El pedido de recursos para sostener los gastos de funcionamiento tiene como finalidad dotarse de los medios para que este proceso pueda avanzar. Debemos impulsar la deliberación en las facultades, con la finalidad de que emerja nuevamente el reclamo por el salario docente, el presupuesto y las becas estudiantiles.

Estudiantes y docentes tenemos que imponer una salida radicalmente diferente a esta crisis: una salida socialista, que una la educación a las necesidades populares, a las luchas en curso y al mundo del trabajo.

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Universidad: el recorte presupuestario es parte de una ofensiva de conjunto contra la educación 10.000 docentes abandonaron sus cargos en el último año. Por Nicolás Morel, 15/07/2025.