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El lunes 28 de julio de 2025 marcó el inicio de un paro docente de 72 horas en Jujuy, convocado por los gremios ADEP (Asociación de Educadores Provinciales), y de 48 hs. convocado por CEDEMS (Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior). La medida de fuerza, que se extendenderá hasta el miércoles 30, impidió el reinicio de clases tras el receso invernal y evidenció una profunda crisis en el sistema educativo provincial. A pesar de las amenazas del gobierno con no reconocer el paro para los maestros de primaria y de descontar los días de paro a todos los docentes, la medida fue contundente y con un alto acatamiento
El paro tuvo una adhesión significativa, con estimaciones de entre el 65% y el 70% de participación, según CEDEMS, a pesar de las amenazas gubernamentales de declarar la medida ilegal y aplicar sanciones y descuentos salariales.
Propuestas y respuesta del gobierno
El gobierno provincial, encabezado por el gobernador Carlos Sadir, ofreció un aumento salarial del 2%, y frente a la convocatoria al paro y no inicio del segundo semestre, convocó una nueva reunión paritaria para el mismo lunes 28. La nueva propuesta es un aumento del 3% en dos cuotas (1,5% en agosto y 1,5% en septiembre) y algunos montos menores de cifras en negro, como un aumento de $5mil pesos del FONID y un bono y un complemento de ayuda escolar.
El lunes convocaron a una masiva movilización docente al Ministerio de Educación donde se discutió la ´nueva´ propuesta, y el martes se convoca a una marcha de antorchas por las calles del centro de Jujuy.
En contraparte, el gobierno anuncio el descuento de los días de paro y también juega con el planteo de la ilegalidad del paro de los docentes primarios, donde el activismo ganó las elecciones, pero la burocracia (con la complicidad del gobierno) los declaró nulos. Es por esto que dentro de los planteos de la mesa de gremios docentes figura el reconocimiento del triunfo de la lista 5 en ADEP y que se termine la intervención de la CTA-Jujuy del gremio.
En una reunión con la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), el Ejecutivo reafirmó su postura de considerar ilegal cualquier paro impulsado por los docentes, especialmente por ADEP, que permanece sin conducción tras la anulación de sus elecciones internas
Desde el Ejecutivo, en lugar de abrir un diálogo real, se respondió con amenazas: el Ministerio de Educación anticipó sanciones, descuentos y pedidos de ilegalidad del paro. El objetivo parece claro: disciplinar a los gremios combativos, como ADEP, que se sostiene con un cuerpo de delegados, sin reconocimiento formal por haber desafiado al régimen sindical provincial
Perspectivas y próximos pasos
Los gremios han convocado a asambleas para definir nuevas acciones dentro del plan de lucha, mientras que el gobierno mantiene su postura de considerar ilegales las medidas de fuerza.
Los reclamos docentes, centrados en salarios de pobreza, condiciones laborales inhumanas y el vaciamiento progresivo del sistema educativo, se entrelazan con las demandas de trabajadores de la salud, estatales de la administración central, judiciales y municipales, todos víctimas del ajuste que el gobierno de Carlos Sadir implementa bajo los lineamientos del presidente Milei.
Las cifras hablan solas: un salario básico docente en Jujuy apenas supera los $80.000 en blanco, mientras más del 70% del sueldo se paga en negro. El resto de los estatales no están mejor: aumentos por debajo de la inflación, recortes en adicionales, precarización laboral y represión a la protesta.
La maniobra del gobierno de establecer un piso salarial, que en el caso de los docentes ronda los $700 mil pesos, que termina achicando la pirámide salarial. Los aumentos, magros, impactan de manera relativamente más significativa sobre docentes que recién ingresan al sistema, y hasta los 10 años de antigüedad. Docentes con mayor antigüedad tiene aumentos aún más bajos, lo que apunta a achatar la pirámide salarial.
Escenario de fondo
La lucha docente no es aislada. En las calles, enfermeros autoconvocados, empleados municipales, trabajadores del Registro Civil, del Poder Judicial, de la salud y de salud mental han realizado medidas de fuerza en el último periodo. Sumado a la lucha por los despidos en Ledesma y UATRE y la pelea constante de feriantes y manteros por tener un lugar para vender sus productos.
Se configura así una resistencia social fragmentada pero creciente, que pone en evidencia los límites del modelo jujeño de "orden y litio".
La paritaria docente se usa como referencia para el resto de la administración pública, por lo cual un triunfo de los docentes en su lucha por mejores condiciones laborales y salariales beneficiará al resto de los trabajadores (como ocurrió con la gran huelga docente de 2023).
Es por esto que no solo se debe apoyar esta lucha y reclamo, sino ver la necesidad de la coordinación de las luchas de los diferentes sectores para lograr la fuerza necesaria para torcer el brazo a este gobierno ajustador.
