La asamblea docente de los “autoconvocados de la plaza”, realizada el martes 29 por la tarde-noche, rechazó la última oferta del gobierno salteño y votó la extensión del paro docente por 72 horas más, hasta el viernes próximo.

Migajas y provocación

El aumento otorgado por el Gobierno ante sus burócratas de la intergremial es de un mentiroso 14 % en 3 cuotas y un bono por única vez en julio de 50.000 pesos. Como es calculado con el sueldo de diciembre de 2024 y al no calcularse sobre el salario de bolsillo, su impacto se reduce a menos de la mitad. Los aumentos para ciertos ítems, como jerarquización y transporte, no rompen el molde de miseria salarial impuesto por Sáenz. De conjunto no significa más de 10.000 pesos por mes de “aumento” para los docentes hasta con 10 años de antigüedad. Los recién iniciados seguirán con sueldos de pobreza, con 715.000 pesos.

Por su parte, el gobierno salteño ha declarado cerrada la paritaria y se ha lanzado contra los docentes huelguistas, anunciando descuentos sobre 2.000 compañeros, no sólo para fraguar públicamente las cifras del paro, sino para establecer una nueva cacería de activistas, como ya lo hizo con los 117 docentes cesanteados en la huelga de 2023. El mecanismo impuesto es una abolición de hecho del derecho a huelga, ya que Sáenz y su ministra Fiore catalogan los días de paro como faltas injustificadas.

# Crisis de las burocracias sindicales

Amet, Sitepsa (gremio de docentes secundarios construido por burócratas ex autoconvocados y vinculado a los “autoconvocados de la plaza”) y ATE se vieron obligados a rechazar la misma, bajo la presión de la huelga en curso que no convocaron ni animaron. Sólo Sitepsa ha convocado un paro de 48 horas para este miércoles y el jueves con un pliego propio. ADP, el gremio mayoritario de la docencia, no firmó el acta, pero no ha hecho público su rechazo.

La crisis abarca a la dirección de los “autoconvocados de la plaza”, que primero intentó no realizar la asamblea prevista para el martes pasado y después propuso suspender la lucha hasta octubre, en el marco de una revisión establecida por el gobierno y la intergremial. En ambos casos y aún sin quebrar la regimentación de la asamblea, la presión de un centenar de activistas docentes, concentrados en el centro Cívico Grand Bourg, le arruinó sus planes de oficiar como mera fuerza de presión para una burocracia sindical entreguista, ante la negativa del gobierno de hacer concesión alguna, como admitir su reingreso a la intergremial.

Por otro lado han renunciado al planteo histórico de la docencia de exigir una reunión paritaria al gobierno con sus representantes legítimos, electos por las bases autoconvocadas. Esto puso en crisis ante sus propias bases sus planteos de suspensión sin descuentos y sin catalogar los días de paro como faltas injustificadas.

# Una nueva etapa de la autoconvocatoria

A diferencia de otras huelgas autoconvocadas, con epicentro en el interior provincial, particularmente en Orán y San Martín o en San Antonio de los cobres, la huelga en curso es fuerte en capital -que concentra el 60 % de la docencia-, en los departamentos del valle de Lerma, del este y del sur provincial. Tampoco se ha desplegado la masiva movilización callejera y de cortes de ruta que en el pasado.

Buena parte del viejo activismo duda en parar, golpeado por las sanciones y las cesantías, por un lado y, por el otro, por una clara desconfianza en los “autoconvocados de la plaza” y otros delegados que, junto con estos, entregaron la huelga de 2023. Es una nueva camada de docentes la que retoma un hilo histórico de lucha, sin tener un balance claro de la experiencia anterior. Su actual dirección hace eje en las sanciones y amenazas de cesantías para desmoralizar y levantar su propio paro.

# Desafíos

Bajo los ataques del gobierno y las maniobras desmoralizantes de los “autoconvocados de la plaza”, la tarea inmediata es defender el paro votado. Desde la Tendencia Clasista Docente y activistas independientes, activos y cesanteados, impulsamos el armado de brigadas de docentes que recorran los establecimientos educativos para ganar a los compañeros que por diferentes razones aún vacilan en sumarse.

La continuidad de la huelga se impuso por la masividad alcanzada el lunes y martes, del 60 % en la provincia, y por los activistas que evitaron su levantamiento; los datos del miércoles ratifican esta tendencia de lucha. Sáenz está más decidido que nunca a desfinanciar los salarios y las escuelas para pagar la deuda usuraria en dólares del Fondo Bicentenario -heredada de Urtubey- y para subsidiar a los pulpos mineros, agrarios, del comercio y el turismo. Los salarios de hambre de Sáenz son a la vez una fenomenal fuente de negocios para el banco Macro y las tarjetas de crédito, que lucran usurariamente con el endeudamiento obligado al que se someten los trabajadores para llegar a fin de mes.

Solo mediante la lucha conquistaremos el salario que necesitamos, evitaremos los descuentos, garantizaremos el pleno derecho a huelga y frenaremos la debacle edilicia en educación. Por el contrario, si no luchamos las penurias que sufrimos crecerán.

Preparemos concentraciones para este viernes y pugnemos por una asamblea provincial realmente democrática, en donde todos los partícipes tengamos derecho a voz y voto. Que el gobierno reciba a los legítimos representantes de la docencia y que los mismos actúen bajo el mandato de las bases. Exijamos la reincorporación de los 117 cesanteados y el libre derecho a huelga y organización, punto esencial para defender la educación y triunfar en nuestra lucha. Ningún docente bajo la línea de pobreza. Por un aumento de bolsillo del 100 % y por un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar por cargo.

En este marco, construyamos la dirección independiente y combativa que la docencia necesita para ganar.