Escribe Anahí Rodríguez
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Arranca el segundo semestre en las Universidades Nacionales, algunas ya retornando del receso de invierno, otras lo harán recién a partir de la próxima semana; pero en todas ellas existe un clima de deliberación por la falta de solución a los reclamos salariales y presupuestarios y también un clima de desconfianza en las conducciones de las federaciones -CONADU H y CONADU- por sus políticas de paros aislados, domingueros, desgastantes. Las otras federaciones (FEDUN, FATUN o la FUA-estudiantil) directamente han desertado de toda acción de lucha.
El gobierno aprovecha este escenario para ir a fondo con su política de ataque al salario y destrucción de la universidad estatal. El miércoles 30, sin convocatoria a paritarias, anunció un 1,3 % de aumento para junio, 1,3 % para julio, 1,3 % para agosto, 1,2 % para septiembre, 1,1 % para octubre y 1,1 % para noviembre. Acumulado, es de 7,3% en pequeñas minicuotas hasta fin de año. La caída salarial desde noviembre de 2023 oscila entre el 30 y 45%.
Por otro lado, el presupuesto se redujo un 47%, la mayor caída desde 1992. El destinado para ciencia y técnica se redujo un 45%, afectando a Conicet y otras áreas científicas.
Los rectores han anunciado que cerca de 10 mil docentes han renunciado a sus puestos de trabajo. En su gran mayoría, docentes de categorías simples o semi, que cobran muy por debajo de la línea de pobreza.
El clima de descontento comenzó a expresarse en algunas asociaciones de base, como fue el caso de ADIUC (Córdoba) donde de manera anticipada decidieron suspender las mesas de exámenes de julio y no dar inicio al segundo semestre del año, además de reclamar a su federación (CONADU) un paro nacional y una marcha federal.
En este marco, el 28 de julio pasado, un Plenario Nacional de CONADU definió iniciar el segundo semestre con un paro de una semana a partir del 11 de agosto, y luego paros de 48 horas de manera rotativa, para preparar una nueva marcha federal educativa para fines de agosto. Esta medida, señala el comunicado de la federación, será propuesto al espacio del Frente Sindical de Universidades Nacionales para que sean impulsado de conjunto.
Por su lado, en las asociaciones de base de Conadu Histórica, se están llevando adelante asambleas para definir mandatos para un congreso que se realizará el 5 de agosto. Un ala de la conducción (PCR) ya adelantó su postura a favor de resolver un paro de una semana, para luego proseguir con paros de 48 horas.
Esta iniciativa de luchas envuelve enormes contradicciones. La primera es que los reclamos apuntan a atar el reclamo salarial al porvenir del proyecto de ley de financiamiento universitario que los bloques parlamentarios opositores han presentado en la cámara de Diputados, con lo cual de manera anticipada la conquista salarial se la pretende orientar detrás de una salida falsa. El gobierno, como hizo el año pasado -y como pretende hacer también con las recientes leyes relativas a una mejora de las jubilaciones y otras en relación al presupuesto destinado a discapacidad, entre otras- ya anunció que van a ser vetadas, y si no reúne el apoyo para sostener parlamentariamente el veto, va a recurrir a la justicia, y de ultima, puede apelar a no reglamentarla, con lo cual ninguna ley tendría efecto práctico. La misma suerte podría correr la mentada reclamación de financiamiento universitario.
Por otro lado, se propone un plan de lucha, con una acción en apariencia radicalizada (una semana de paro), para luego, ya anticipando, desandar el camino, continuando con medidas decrecientes, en lugar de tomar medidas crecientes. Así procedieron el año pasado, pasando de un paro de 72 horas a uno de 48 y luego a otro de 24, para luego terminar el año con una foto.
El reclamo de la hora es el aumento de emergencia que recupere la caída del salario, y el aumento presupuestario a sus mejores niveles históricos.
Por otro lado, un plan de lucha, si se pretende la victoria del mismo, tiene que ser “in crecendo”, en dirección a la huelga general educativa, con marchas federales y ocupaciones de las universidades, que fue lo que se esbozó con la irrupción estudiantil en el segundo semestre del año pasado en reacción al veto del gobierno.
