Escribe Daniela Magoc
Medida represiva contra los indigentes.
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"Di la orden al Ministerio de Seguridad y a la Policía de la Ciudad que, si encuentran a alguna persona o grupo de personas removiendo basura de los contenedores y ensuciando nuestra ciudad, les exijan que limpien y ordenen todo de inmediato. Si se niegan, que los sancionen según la normativa vigente", publicó el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, esta mañana en la red X (ex Twitter). Al posteo lo acompaña un video de la policía realizando un “cacheo” a un transeúnte. De esta forma Jorge Macri refuerza su política represiva y estigmatizante frente al aumento de la pobreza y de las personas "en situación de calle" en la ciudad de Buenos Aires.
La vocera del Gobierno de la Ciudad, Laura Alonso, expresó en redes sociales: “hasta 900.000 de multa si te gusta hurgar la basura” y agregó: “Se terminó la impunidad para los recicladores. El que ensucia, limpia o paga”. De acuerdo al Código Contravencional de la Ciudad (normativa que rige actualmente y que pretenden aplicar contra quienes revuelvan la basura), el artículo 94 establece que “quien mancha o ensucia por cualquier medio bienes de propiedad pública o privada, es sancionado/a con uno a quince días de trabajos de utilidad pública o 81 a 1217 unidades fijas de multa. La unidad fija, que es el indicador que se utiliza para calcular el valor de las multas, equivale a $ 731,62. Por lo tanto las multas que pretende aplicar el Gobierno de la Ciudad pueden ir de $59.261,22 a $ 890.381,54.
Lo que tanto Macri como Alonso consideran como un “delito” o “mero gusto” es la expresión de la desesperante situación que atraviesa un sector de la población que habita la ciudad y que se ve obligada a revolver la basura para poder comer. En la ciudad “más rica del país” viven 11.892 personas "en situación de calle" en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (relevamiento realizado por un conjunto de organizaciones sociales en junio de 2025). Lo que significa un aumento considerable en relación al último censo popular realizado en 2019, que identificó a 7551 "en situación de calle". El Gobierno de la Ciudad reconoce cifras menores (4049 personas), similares a la cantidad de plazas que tiene en los llamados Centro de Inclusión Social (CIS) informalmente conocidos como paradores. Pero no todas las personas "en situación de calle" se alojan en los CIS, como se ve cotidianamente en el transitar las calles porteñas. Estos paradores no son una respuesta a la problemática habitacional que pueda sostenerse en el tiempo, son albergues transitorios y la permanencia es solamente durante la noche (desde la 17, 18 horas hasta la 7 am del día siguiente). El alquiler de una habitación en un hotel puede superar los $250.000, ni hablar del alquiler de un departamento (por encima de los $300.000). A esto hay que sumar el aumento del desempleo y el trabajo en negro o changas. La mayoría de los trabajadores en blanco (estatales, docentes, trabajadores de la salud, de comercio) perciben salarios por debajo de la línea de pobreza, valorizada en 1.193.291 para una familia propietaria compuesta por dos adultos y dos niños. De acuerdo al CESYAC, que incorpora servicios como salud, transporte y alquiler de vivienda, la canasta básica de CABA se elevó en junio a los $2.450.657,87.
El anuncio de Jorge Macri va de la mano de la agenda que discutieron los distintos candidatos de la burguesía en las elecciones del 18 de mayo de la Ciudad de Buenos Aires, en donde se denostó a las personas "en situación de calle" llamándolas “fisuras” o se habló del “olor a pis” en la ciudad. Por su parte, todos los miércoles los jubilados deben sortear el megaoperativo conjunto entre Macri-Milei y Bullrich, en sus movilizaciones al Congreso. Todo esto responde a la intención de reforzar el aparato represivo en un contexto donde la miseria social aumenta. En la Provincia de Buenos Aires, esto tiene su correlato con la candidatura de Bondarenko y su banda .
La política represiva del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra los sectores populares debe ser rechazada. Para darle una salida al aumento de la pobreza y a la crisis habitacional es necesario un programa que establezca la construcción de viviendas populares, congelamiento de los precios de los alquileres, creación de puestos de trabajo y aumento del 100 % en los salarios y jubilaciones.