Catamarca: la proscripción de la Lista Magenta-Verde en ATECa y la ofensiva contra la docencia

La presentación de la Lista Magenta-Verde completa, con más de 300 candidatos para las próximas elecciones de ATECa, reflejó la voluntad de recuperar el sindicato docente más importante de Catamarca. Sin embargo, la Junta Electoral dispuso no oficializar la lista, privilegiando la participación solitaria de la lista oficialista. Esta proscripción de una lista de luchadores antiburocráticos se da en el marco de una nueva ofensiva del gobierno provincial sobre el Estatuto Docente, ofensiva que se desenvuelve con el aval de la actual conducción burocrática de ATECa.

La decisión de la Junta Electoral de ATECa de proscribir a la lista Magenta corona todo un proceso de irregularidades y maniobras que marcaron desde el inicio el proceso electoral. Tras el intento de excluir a determinados docentes opositores del padrón de afiliados, el proceso fue controlado por una Junta conformada en un congreso dominado por la burocracia. Desde un comienzo, los apoderados de la lista opositora fueron privados del acceso al estatuto sindical y a los padrones provisorios. Posteriormente, tanto el reglamento como el cronograma electoral fueron modificados en reiteradas oportunidades, alterando plazos y procedimientos. Finalmente, las propias aclaraciones asentadas en un libro de actas fueron desconocidas, confirmando la discrecionalidad con que se manejaba todo el proceso.

La Lista Magenta Verde, desde su presentación, tuvo que enfrentar no solo los obstáculos formales impuestos, sino también una campaña hostil de la burocracia. El 26 de agosto, día de la presentación de listas, la cúpula gremial oficialista irrumpió con un grupo de provocadores que se lanzaron contra apoderados y referentes de la oposición. A esto se sumó la posterior persecución contra sus candidatos, con llamadas, hostigamientos y amenazas que ponían en evidencia que la burocracia iba a usar todos los medios para no tener una elección con una lista opositora integrada por los principales referentes de la mayor lucha docente de las últimas décadas.

Las incongruencias del proceso electoral incluyeron la inexistencia de un padrón definitivo de afiliados en el momento de la presentación de listas, lo que impidió la correcta impugnación y subsanación. Recién a contrarreloj la Junta Electoral improvisó un padrón, cuando ya se habían planteado las observaciones, con menos de 24 horas de antelación para responder. Además, se impuso el criterio unilateral de la Junta sobre los términos del estatuto sindical. Este mismo estatuto, utilizado como base del proceso, se encuentra bajo serios cuestionamientos: carece de las rúbricas correspondientes y pesa sobre él un manto de sospechas en cuanto a su vigencia legal ante los órganos ministeriales y de contralor. Cabe señalar que habría sido alterado en diciembre de 2024, habilitando de manera conveniente la participación de trabajadores jubilados en órganos ejecutivos y de dirección gremial, en beneficio de la cúpula burocrática recientemente jubilada.

En paralelo a este proceso, la docencia de toda la provincia se encuentra profundamente preocupada ante un nuevo proyecto antieducativo del gobierno que vulnera derechos adquiridos, desconoce el Estatuto Docente y atropella la lógica histórica de la carrera. En lugar de fortalecer un camino de ascenso justo y transparente -titularización, concursos de base, directivos y luego supervisores- se pretende imponer un borrador que saltea pasos, legitima coberturas por decreto y deja en la incertidumbre a miles de trabajadores de la educación. Se busca reemplazar el legajo oficial de la Junta de Clasificación por un currículum arbitrario, estableciendo requisitos que favorecen a quienes accedieron a cargos por decisión política y marginando a docentes con formación y trayectoria. Esto no solo genera desigualdad y discriminación, sino que compromete la transparencia y el sentido mismo de la carrera docente.

El trasfondo es aún más grave, pues mientras se impulsa un proyecto inconsulto que tendrá consecuencias permanentes, el Ministerio ignora las urgencias reales por las que atraviesan las escuelas. Existen alumnos sin clases por falta de cobertura, directivos sobrecargados, instituciones sin conducción designada y asambleas intermitentes que incrementan la incertidumbre laboral. En este contexto, avanzar con una normativa que debilita el Estatuto y precariza la estabilidad docente constituye un intento de encubrir la crisis con nuevas disposiciones burocráticas. La docencia, en numerosos establecimientos, exige la suspensión inmediata de este atropello y que cualquier reforma se construya en instancias democráticas, con participación genuina y en defensa irrestricta de la carrera y los derechos de los trabajadores de la educación.

Frente a la proscripción, el rechazo se generalizó entre los integrantes de la lista, los afiliados y la docencia en su conjunto. El repudio contra la burocracia cobra nueva actualidad: ante esta tentativa del gobierno de atacar el Estatuto Docente, desde las escuelas y las bases surge una respuesta firme. Una nueva acción de lucha autoconvocada se plantea para el próximo lunes por la tarde, tanto en la capital como en el interior provincial, contra la proscripción y en defensa del Estatuto Docente.