Escribe Bruno Corzo
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La decisión de la Junta Electoral de ATECA de proscribir la Lista Magenta Verde (formada por docentes afiliados y autoconvocados), de las elecciones de renovación de todos los cargos sindicales provinciales y seccionales, suscitó manifestaciones en la Capital y en el Interior de la provincia. Al mismo tiempo se presentó formalmente la impugnación a la proscripción y se reclamó la oficialización de la lista. En el marco de la preparación de las presentaciones legales y administrativas, se tomó conocimiento de numerosas irregularidades que dejaron al descubierto las manipulaciones de la conducción gremial para perpetuarse en el sindicato
El lunes 8 de septiembre, en Capital, Santa María, Recreo y Santa Rosa, se realizaron concentraciones de docentes que expresaron su repudio a la proscripción. En Capital, además, participaron delegaciones de Valle Viejo, Capayán y Andalgalá, evidenciando la extensión del rechazo y el empeño de la docencia en defensa de su derecho a participar en el Sindicato. El motivo de la proscripción es que la burocracia temía perder el sindicato
Los apoderados de la lista Magenta Verde agotaron la vía sindical para reclamar la oficialización inmediata de la Lista Magenta Verde. Con la participación de un cuerpo de abogados, se planteó, además de la impugnación a la Junta Electoral, la revocación de sus miembros y la conformación de una nueva junta con los suplentes electos oportunamente. Asimismo, se presentó la impugnación a la Lista Celeste Violeta, por incluir como principal candidata a una docente jubilada, condición que la inhabilita según el estatuto vigente.
Un nuevo examen de la documentación y de los instrumentos fundamentales (Reglamento Electoral y Estatuto de ATECa) puso en evidencia que no solo se trataba de un procedimiento tramposo, sino que además el Estatuto utilizado por la Junta era trucho, pues de acuerdo al ordenamiento legal, el mismo no se encuentra en vigencia. Según las propias autoridades de la Secretaría de Trabajo, dicho texto habría sido modificado en diciembre de 2024, en una reforma hecha “entre gallos y medianoche”, que habilita la participación de jubilados en elecciones y órganos directivos. Esta maniobra convenía exclusivamente a la burócrata que ocupa la secretaría general de ATECa, recientemente jubilada. Por esta vía, la cabecilla de la camarilla burocrática que controla el sindicato procuraba su continuidad al frente del mismo. Sin embargo, este estatuto no fue registrado en los organismos ministeriales correspondientes ni publicado en los boletines oficiales provincial o nacional. Por este motivo, se reclama la vigencia plena del Estatuto de ATECa 2014.
Frente a estas presentaciones, la Junta Electoral y la conducción burocrática cerraron toda vía de comunicación formal, en un intento por bloquear los reclamos y obstaculizar las impugnaciones. Sin embargo, las acciones legales y administrativas continuarán en organismos externos, con el propósito de frenar la maniobra proscriptiva y restablecer los derechos sindicales vulnerados. De la misma manera van a proseguir las movilizaciones y otras acciones de lucha para tirar abajo la proscripción.
Mientras el proceso electoral se encuentra afectado, la docencia autoconvocada no ha dejado de intervenir públicamente: se logró frenar, por ahora, el avance de un proyecto de concursos para supervisores y se multiplican las denuncias por el congelamiento salarial y la vulneración del Estatuto Docente. Está prevista para el próximo 20 de septiembre una caravana de docentes de nivel superior en defensa de la estabilidad laboral y el reclamo de la titularización para el sector.
En este último período, la burocracia ha sido duramente repudiada por las bases autoconvocadas. Sin embargo, el gobierno opta por respaldarla porque es un garante (cada vez más cuestionado por el movimiento autoconvocado) de la paz social en la provincia.
Para derrotar la proscripción y avanzar en la recuperación de ATECa, la lucha política contra la burocracia debe profundizarse. Retomar el camino de las grandes movilizaciones contra el gobierno y sus aliados burocráticos es la tarea inmediata: en defensa del salario, del Estatuto Docente y del derecho democrático de los trabajadores de la educación a elegir su representación sindical.
