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Luego de las protestas minoritarias del 7 de septiembre pasado -día de la independencia de Brasil- que fueron opacadas por grandes manifestaciones de la derecha, el domingo se vivieron, en cambio, las movilizaciones “más masivas de la izquierda en los últimos años” en todo Brasil contra el proyecto de amnistía que promueve el bolsonarismo en la Cámara de Diputados. A ello se agregó la indignación causada en los últimos días también por una enmienda -acordada en Planalto con el Centrão y que recibió amplio apoyo de la derecha- para modificar la Constitución y blindar a los parlamentarios, que solo podrían ser investigados previa autorización del Congreso.
El 21 de septiembre, aproximadamente 45.000 personas se congregaron en la Avenida Paulista de San Pablo y otro tanto se reunió en Copacabana, Río de Janeiro, donde suele ser el centro de las manifestaciones bolsonaristas. Hubo protestas en 30 ciudades, incluidas todas las capitales estatales. Todas las evaluaciones coincidieron en señalar que las protestas rivalizaron en tamaño y visibilidad con las manifestaciones de la derecha del 7 de septiembre, incluso en las redes sociales, habitualmente dominadas por los operadores de Bolsonaro. Para Folha de Sao Paulo, “las manifestaciones de izquierda superaron las del 7 de septiembre (...), sin el protagonismo del Partido de los Trabajadores ni de figuras del gobierno de Lula”.
En Río, se montó un improvisado escenario por el que pasaron algunos de los principales nombres de la música popular brasilera, como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque y Djavan, entre otros, que bajo la dictadura vivieron en el exilio.
“En la avenida Paulista de São Paulo, los manifestantes desplegaron una gigantesca bandera brasileña, en el mismo punto donde el 7 de septiembre, el Día de la Independencia de Brasil, los manifestantes bolsonaristas exhibieron una enorme bandera de EE.UU.” (El País, 22/9).
Blindaje
Las manifestaciones contra la amnistía para los condenados por el intento de golpe de Estado cobraron mayor voltaje con la presentación de la llamada “PEC da Blindagem” (Enmienda Constitucional del Blindaje). Fue presentada como una medida para "proteger a los legisladores" de posibles “abusos del sistema judicial”, aunque todo el mundo entiende que su propósito es garantizar la impunidad de las camarillas legislativas.
El proyecto, que exige que el Congreso autorice mediante voto secreto cualquier acusación penal contra diputados y senadores, había sido respaldada por el gobierno de Lula, y generó una crisis en el PT. La ´jugada´ ideada por la dirigencia petista consistía en un acuerdo con el Centrão, “mediante el cual el partido cedería algunos votos a favor del blindaje a cambio de ayuda para bloquear la amnistía e impulsar la agenda del gobierno” (CNN Brasil, 22/4). Finalmente fue aprobada por 344 votos a favor y 134 en contra. Entre los votos favorables se cuentan al menos 12 votos de diputados del PT. Ahora definirá el Senado, donde la derecha domina ampliamente.
“El clima de tensión se intensificó cuando, al día siguiente de la aprobación del proyecto de blindaje, la Cámara de Diputados aprobó el trámite urgente de un proyecto de ley que busca otorgar amnistía a los cerca de 700 bolsonaristas condenados, incluso el propio Bolsonaro, por su participación en el intento de golpe de Estado. Flavio Bolsonaro, diputado e hijo del exmandatario, fue uno de los principales promotores del proyecto, y justificó la amnistía como una forma de ´pasar página´ sobre lo ocurrido en los días posteriores a la derrota electoral de su padre” (Página 12, 22/9).
Otro que ´pasó la página´ fue el PT, que se montó en las masivas movilizaciones omitiendo su apoyo a la carta de impunidad.
Condena y presiones
Bolsonaro fue condenado por la Corte Suprema de Justicia de Brasil a 27 años de cárcel por la tentativa golpista del 8 de enero de 2023. Como la condena supera los ocho años, Bolsonaro debería comenzar a cumplirla en una cárcel común, pero seguiría recibiendo el beneficio del arresto domiciliario por cuestiones de salud. La Corte Suprema debe discutirlo junto a otras apelaciones e impugnaciones. El fallo no fue alcanzado por unanimidad, abriendo una brecha a los planteos de la defensa.
Mientras tanto, corre otro proceso que tiene menos visibilidad. Se trata del juicio por "indignidad" que hará el Superior Tribunal Militar. Allí se evaluará si Bolsonaro y sus socios pierden jubilación y cargos acumulados en las fuerzas. Entre ellos se cuentan militares muy influyentes, como los generales Augusto Heleno, Paulo Sergio Nogieuer y Walter Souza Braga Netto y el almirante Garnier. Las fuerzas armadas fueron la columna vertebral del gobierno de Bolsonaro. Sin embargo, el Tribunal Superior Militar defendió la legalidad del proceso contra Bolsonaro y criticó las "intromisiones extranjeras" en el caso, con relación a las presiones del gobierno de Donald Trump en solidaridad con ´su amigo´. Cuando Bolsonaro fue absuelto en los años 80, luego de estar acusado de planear un atentado, salió del ejército con el rango de capitán que utiliza hasta el día de hoy.
El gobierno de Trump ha volcado toda la presión posible para lograr la impunidad de Bolsonaro. Ha impuesto aranceles extraordinarios del 50 % a las exportaciones brasileras a Estados Unidos y tomado represalias personales contra el relator del caso, Alexandre de Moraes, e incluso contra su esposa. Dado el retroceso del imperialismo norteamericano en América Latina, el trumpismo se propone apuntalar a sus ´amigos´, entre ellos, a los convictos Bolsonaro y el colombiano Álvaro Uribe, así como rescatar del derrumbe al gobierno de Javier Milei, su principal aliado en la región.
