Huelga general en Ecuador

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), que representa a las 15 nacionalidades y 18 pueblos indígenas de este país, iniciaron el 22 pasado un Paro Nacional por tiempo indeterminado en respuesta a las medidas económicas dispuestas por el gobierno de Daniel Noboa. También se plegaron otras organizaciones populares, como el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), Frente Popular, Unión Nacional de Educadores (UNE) y sindicatos vinculados al transporte. El detonante es el Decreto 126 que elimina el subsidio al diésel -que elevó el precio del galón de diésel desde aproximadamente $1.80 a cerca de $2.80- e impacta en toda la economía, encareciendo el transporte, la producción y los alimentos. Si pasa la anulación del subsidio al diésel, quedan en la fila los aumentos para los demás combustibles. Por esto la protesta encontró rápida adhesión social y territorial. También reclaman por la crítica situación de la salud y la educación, exigen la reducción del IVA del 15 al 12 % y denuncian los ataques, la criminalización y persecución a la organización indígena. Además, rechazan la expansión de la frontera petrolera en los territorios comunitarios. La CONAIE rechaza también la convocatoria a una Asamblea Constituyente y a una consulta popular que pretende Noboa para, entre otras cosas, permitir reinstalar una base militar yanqui, que había sido expulsada durante el gobierno de Rafael Correa.

Las ciudades y provincias con mayor actividad fueron Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja y varias vías estratégicas en provincias andinas y amazónicas, donde se registraron bloqueos de carreteras, marchas y concentraciones multitudinarias. Las jornadas incluyeron acciones simultáneas —desde cacerolazos y marchas hasta cortes de rutas permanentes— que complicaron el abastecimiento y el transporte en distintas regiones. Este viernes, Marlon Vargas, presidente de la CONAIE, reafirmó que el paro continúa. Además, exigió la liberación inmediata de los detenidos en el contexto del paro nacional.

Hay dos manifestantes asesinados y alrededor de cien detenidos, a varios de los cuales se los acusa de terrorismo y se los trasladó a cárceles distantes de su lugar de residencia y que no presentan garantías para su vida. En una de ellas, la de Esmeraldas, el día 25 se produjo una nueva masacre, con 17 muertos y múltiples heridos. Este domingo se incrementó la represión con balas de plomo, lo que generó la reacción de los manifestantes que lograron retener a 17 militares.

Además, la Fiscalía del Estado inició investigación penal contra diversos dirigentes que encabezan las medidas de lucha. Organizaciones sociales denunciaron represión selectiva y detenciones arbitrarias. La represión se está centrando en evitar que las comunidades lleguen a Quito para confluir con los sindicatos y los estudiantes universitarios.

El gobierno de Daniel Noboa se niega a retrotraer la medida y, de manera insólita, acusa a las comunidades de estar financiadas por el Tren de Aragua y la minería ilegal. Declaró el toque de queda en algunas zonas y el estado de excepción y movilizó al ejército en las principales provincias en lucha. La escalada en las atribuciones de dictadorzuelo llega en un contexto en el que el Ejecutivo ya había puesto la seguridad y la lucha contra las organizaciones criminales como bandera de gestión; los recientes motines carcelarios y episodios de violencia entre bandas han sido usados por el gobierno para justificar medidas de emergencia -siete estados de excepción desde que empezó su mandato-. Además, Noboa ordenó impedir que los líderes sociales y las organizaciones tuvieran acceso a sus cuentas bancarias, en una arremetida de querer acusarlos por narcolavado. Una acción similar a la que emprende su par José Mulino contra las organizaciones sindicales en lucha de Panamá. Al mismo tiempo, para intentar dividir el reclamo, dispuso bonos y créditos sectoriales parciales a algunos choferes, sectores del campo y amas de casa. En el 2019 y el 2022 hubo huelgas, bloqueos y movilizaciones que obligaron al gobierno de entonces a retrotraer -total y parcialmente- similares medidas de eliminación de subsidios a los combustibles.

En paralelo al conflicto en las calles, la Corte Constitucional de Ecuador emitió decisiones que afectan directamente la agenda legislativa del gobierno: declaró inconstitucionales al menos dos de las leyes emblemáticas promovidas por la administración y aprobadas escuetamente por la Asamblea, bajo el mecanismo de “urgencia económica”, para incrementar el ajuste fiscal -entre ellas, la llamada Ley Orgánica de Solidaridad Nacional y la Ley Orgánica de Integridad Pública- y había suspendido cautelarmente varios artículos por múltiples demandas de inconstitucionalidad.

Noboa, al igual que Milei, solo tiene como activo el apoyo incondicional de Trump, obnubilado este por la posibilidad de reinstalar la base militar en Manta y tener cabeza de playa en las Galápagos. La crisis económica y social que asola a Ecuador le costó a Noboa 20 puntos en las encuestas. La lucha contra las bandas, una de sus banderas, es un fracaso que empujó al país al segundo lugar en inseguridad en el continente, superado solo por Haití. El 87 % de la droga de América Latina sale por el Pacifico, principalmente por los puertos ecuatorianos, y parte de la misma se decomisó en los barcos bananeros del padre de Noboa, sin que se ofreciera ninguna recompensa por su captura, como Trump sí ofreció por Nicolás Maduro, sin aportar ninguna prueba que lo vincule al narcotráfico.

Los personeros de Trump en América Latina son endebles políticamente, pero cruciales. Este fin de semana Noboa volvió a renovar su cúpula militar por segunda vez en menos de un mes. Ambos generales, puestos a dedo por Washington, fueron entrenados en Estados Unidos. Esto está relacionado con los movimientos bélicos que el Comando Sur está haciendo en el Caribe y con los trascendidos en la prensa norteamericana sobre un inminente ataque territorial en Venezuela.