El Ministerio de Educación de CABA realiza encuestas contra la docencia

Esta semana ha trascendido que el Ministerio de educación de la CABA realiza encuestas telefónicas a todas las familias de los establecimientos educativos porteños.

Lejos de ser encuestas que busquen relevar si el estudiantado cuenta o no con conectividad, si tiene acceso a equipos tecnológicos adecuados para el desarrollo de la modalidad virtual educativa o si tiene sus necesidades básicas cubiertas, las familias denuncian que se les pregunta datos sensibles, por el nombre y apellido de los docentes, sobre la cantidad y tipo de actividades y materiales pedagógicos que se les propone o si el docente hace devoluciones de las propuestas de trabajo. Un claro mecanismo de auditoria sobre la docencia e injerencia en la libertad de cátedra.

Sin embargo, no resulta extraño que intenten controlar cómo estamos trabajando los docentes para estigmatizarnos y así justificar los salarios de miseria que nos están pagando. Anteriormente intentaron imponer de forma obligatoria una plataforma virtual, “Mi Escuela”, para centralizar allí de forma oficial la conexión de todos los docentes con estudiantes y familias; esto fue rechazado de plano por el conjunto de la docencia entendiendo, no sólo la complejidad en el acceso a la plataforma, sino que esto significaría un monitoreo total sobre nuestro trabajo por parte del Estado. No está de más aclarar que la implementación de plataformas educativas virtuales es un negociado multimillonario a nivel global estimulado por el Banco Mundial y los grupos empresarios desde hace décadas y que viene constituyéndose en un medio para la flexibilización de las condiciones laborales de la docencia.

Al mismo tiempo estás encuestas constituyen un avance más con relación a la vulneración de la privacidad de datos sobre la que ya hubo intentos injerencistas por medio de las encuestas que se introducen en dispositivos evaluatorios externos, como el Operativo Aprender, implementado desde 2016.

El Ministerio de Educación, que conduce Soledad Acuña, no sólo no se preocupó en casi 70 días de cuarentena de desplegar un plan integral educativo que dé respuesta a los problemas de la virtualidad que atraviesa a estudiantes y docentes, sino que intenta utilizar como factor de control de la docencia a familias que, por falta de políticas públicas, pudieron acceder de manera dispar o casi nula a los contenidos digitales. Esta inequidad en el acceso a la educación virtual se ve agravada en los sectores más vulnerables de la ciudad a los que no sólo no se les está garantizando por parte del gobierno porteño el derecho a la educación mediante la entrega de equipos funcionales, sino que tampoco se les brinda un plan alimentario adecuado y nutritivo. Los equipos tecnológicos existentes están obsoletos y los bolsones de alimentos de Larreta son abiertamente miserables.

Condiciones de teletrabajo docente

Desde el Ministerio impulsan una medida para auditar el teletrabajo docente desde una perspectiva punitivista, sin dar cuenta de las condiciones penosas en las que se desarrolla el mismo durante el aislamiento social obligatorio. La mayor parte de la docencia tiene que acumular dos o tres cargos para llegar a un sueldo que le permita vivir y pese a esto sigue quedando por debajo de la canasta familiar mientras en la Legislatura promulgan emergencias que congelan los sueldos estatales. Esto genera una sobrecarga laboral agravada por el teletrabajo en cuarentena. Esta situación es más exacerbada en el caso de los profesores curriculares y de educación media dado que deben planificar actividades para muchos cursos lo que equivale a decenas y decenas de estudiantes. A esto hay que sumarle las tareas administrativas, las videoconferencias institucionales y con los estudiantes, así como el acompañamiento afectivo y social a las familias. Son los mismos docentes quienes pagan su conectividad a Wifi y ponen sus teléfonos personales para mantener comunicación con las familias a cualquier hora del día extendiéndose la jornada laboral ampliamente. Esto se sobrepone a las tareas del hogar y cuidado de los hijos porque los y las docentes son madres y padres en pandemia y tienen que atender a sus propios hijos en cuarentena asistiéndolos en sus responsabilidades escolares o están a cargo de adultos mayores.

Exigimos al Ministerio que cese con esta medida punitiva de control contra la docencia y que desarrolle un plan educativo integral ajustado al contexto de aislamiento social obligatorio que garantice la conectividad, el equipamiento tecnológico funcional para estudiantes y docentes, recursos materiales y pedagógicos adecuados y todos los derechos básicos a nuestros estudiantes y sus familias.

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