Jorge Macri infiltra a grupos clericales y provida en los hospitales y centros de salud

Los ataques contra los derechos de las mujeres incluyen siempre el desconocimiento a su capacidad de decidir sobre la maternidad. El gobierno de Jorge Macri legalizó la presencia de ONG Provida y clericales en los centros de salud y hospitales porteños para que, con la excusa de “acompañar” a las embarazadas “vulnerables”, traten de disuadirlas de que aborten.

El nuevo obstáculo para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) fue presentado por Macri en la Maternidad Sardá: “Deben permitirnos ser padres a los que somos padres, porque acá no están solo ustedes. Esto no es un disfrute y un derecho de ustedes. Métannos un poco adentro que quiero disfrutar también como papá. No hay nada más lindo que ser papá”. El ´padre´ de este ´diálogo´ clerical es una figura fantasmal, no es el compañero de su esposa o mujer. El aborto debe ser objeto de una conversación de pareja a partir de derecho exclusivo de la mujer. Ignora la más frecuente presión del marido para que la mujer se someta a un aborto no querido. El derecho de la mujer al aborto debería ser también el derecho a no abortar, y a denunciar cualquier violencia para que lo haga. Numerosos Estados han aplicado planes forzados para quitarle a las mujeres el derecho a pro-crear.

La cobertura “legal” de la injerencia clerical en el sistema de salud se llama “Protocolo de Acompañamiento de la Embarazada en Situación de Vulnerabilidad (PAEV)”. Fue impulsado por una caterva de funcionarios que responden a las iglesias católica y evangélica, como por ejemplo el secretario Nacional de la Niñez, Gabriel Castelli, exdirector de Caritas, o el ministro de Desarrollo Humano y Hábitat de CABA, el pastor Gabriel Mraida.

Mraida es el articulador de las relaciones del Gobierno con las iglesias evangélicas desde los tiempos de Rodríguez Larreta. Al acto se sumaron las "organizaciones del tercer sector" y los directivos de la Sarda, que también son rabiosamente provida.

Presentado como una política de ayuda a las embarazadas más pobres, en realidad es un grave atropello contra el derecho a la salud de las embarazadas precarizadas o desocupadas, que son las que van a pedir ayuda a los hospitales. El director de la Maternidad Sardá, Rubén Almada, subrayó que “no se trata solo de evitar abortos…”. A confesión de partes.

Evelyn Rodríguez, responsable de la Red Nacional de Acompañamiento a la Mujer con Embarazo Inesperado, pidió “a Dios sabiduría para poder servir y acompañar amorosamente a toda mujer que se acerque a las consejerías que comenzarán a abrirse en los diferentes CeSac de la Ciudad para poder contenerlas y orientarlas”, porque, según ella, “el acompañamiento a una mujer en un embarazo inesperado puede hacer concretamente la diferencia entre la vida y la muerte”.

El protocolo ordena que los trabajadores del centro de salud deriven de inmediato a las “embarazadas vulnerables”, al Orientador de la Consejería. (Al margen: es una repugnante perspectiva de clase que supone que la pobreza viene de la mano de la minusvalía intelectual o psicológica.)

En algunos centros de salud porteños ya comenzaron a aparecer las “consejerías”: puestitos, volantes y personas ajenas al sistema sanitario que militan con argumentos anticientíficos contra los derechos sexuales y reproductivos.

El protocolo, además, permite que cualquier institución/organización religiosa sea sede de las “consejerías”, siempre que Mraida lo autorice.

Los grupos provida contaron que fueron convocados por Macri antes de asumir, que les manifestó que era Provida y los invitó a trabajar juntos.

Cabe aclarar que todos los centros de salud cuentan con ámbitos para el acompañamiento de las embarazadas y consejerías de Salud Sexual y reproductiva sostenidas por equipos interdisciplinarios.

Desde la Campaña sostienen que el PAEV se presenta con un “discurso engañoso”, pero que tiene un marcado carácter “regresivo”: “desde una visión conservadora que reduce la accesibilidad a la salud integral, desconoce la diversidad de identidades que pueden gestar y promueve una mirada asistencialista y tutelar que atenta contra la autonomía y la libertad de decisión”, sostienen.

En 2025, las denuncias por obstáculos en el acceso al aborto se dispararon: ya son el triple que en todo el año pasado.

Según Amnistía Internacional, casi el 60% de los reportes recibidos este año refieren a trabas para acceder a información clara y precisa. Las denuncias no son solo contra el sistema público. Obras sociales y empresas de medicina prepaga también se encuentran en el centro de las denuncias por dilaciones, malos tratos y falta de derivaciones adecuadas. La ONG denuncia la existencia de consejerías que desinforman y pretenden disuadir a las mujeres de abortar en muchos centros de salud públicos. A partir de ahora, su presencia está legalizada.

El embate contra el derecho a decidir sobre el propio cuerpo tiene a la vanguardia el gobierno de Javier Milei, que ha interrumpido la compra y distribución de misoprostol y mifepristona, medicamentos esenciales recomendados por la OMS para garantizar el acceso al aborto seguro y en condiciones de calidad. También la drástica reducción en la provisión de métodos anticonceptivos de corta y larga duración (MAC) y anticonceptivos hormonales de emergencia.

Durante 2023, el Ministerio de Salud nacional distribuyó 88.578 tratamientos de misoprostol y 77.586 de combipak. Desde entonces no se ha distribuido ninguno, poniendo en grave riesgo la interrupción del embarazo. A esto se suma la reducción del 81% en la cantidad de métodos anticonceptivos, anticonceptivos hormonales de emergencia y test de embarazo distribuidos a las provincias.

Milei también desmanteló el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (PLAN ENIA) que entre 2018 y 2022 logró reducir la tasa de fecundidad adolescente en un 49%, especialmente en las regiones del Noroeste, Noreste y Provincia de Buenos Aires.

Desde fines de 2023, el Estado dejó de publicar datos oficiales sobre la implementación de la IVE.

Las mujeres trabajadoras, y sobre todo las niñas y adolescentes, pagan con su salud y su vida la falta de educación sexual, de acceso a anticonceptivos seguros y de atención a la demanda de interrumpir un embarazo. La planificación de la maternidad y el derecho a interrumpirla vuelve a ser privilegio exclusivo de las mujeres de los sectores adinerados.

El derecho al aborto seguro y gratuito está siendo amenazado y vulnerado sin la menor objeción judicial.