Escribe Lucas Giannetti
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Este lunes comenzó en la ciudad de Belem, Brasil, el 30º encuentro de la Conferencia de las Partes (COP), órgano de toma de decisiones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC, por sus siglas en inglés). El encuentro cuenta con la presencia de más de 50 líderes mundiales. Según sus organizadores tiene como norte la discusión de medidas inmediatas que reviertan el proceso de calentamiento global y la reducción del uso de combustibles fósiles. Ante posibles protestas de grupos y activistas ambientalistas, el gobierno nacional dispuso el despliegue de las Fuerzas Armadas y la Fuerza Nacional de Seguridad, amparándose en la Garantía de la Ley y del Orden (GLO), medida excepcional de seguridad pública que solo puede ser decretada por el presidente de la República, en este caso Lula Da Silva. Belem ha quedado militarizada.
Lula Da Silva, anfitrión del evento, aseguró que “la COP30 será la COP de verdad”. El eje de la cumbre será la continua deforestación de la Amazonia. La región ha experimentado un avance desenfrenado de la frontera agrícola en la que operan Cargill, Bunge y ADM. China marca el ritmo de la demanda de soja. Lula busca erigirse en líder del “capitalismo verde”; propone una transferencia de beneficios provenientes de la producción hidrocarburífera para conformar un fondo de energías renovables. Es una declamación que choca de lleno con los intereses de las empresas de extracción de crudo que surcan las costas brasileras. El financiamiento de la transición energética, una cuestión central de esta y las conferencias anteriores, pone en igualdad de condiciones a los países desarrollados con los no desarrollados.
El financiamiento de una transición energética es uno de los puntos recurrentes y, a su vez, el talón de Aquiles de las precedentes conferencias y todo indica que también lo sea en la actual. Las presidencias de la COP29 de Azerbaiyán y la COP30 de Brasil anunciaron una hoja de ruta para alcanzar 1,3 billones de dólares anuales de financiación climática para los países en desarrollo hasta 2035. Incluye gravar la moda de lujo, la tecnología y los productos militares, justamente en un periodo de rearme de las grandes potencias imperialistas. Los objetivos plasmados en la “Hoja de Ruta de Bakú a Belém” tiene cinco frentes de acción: subsidios y crédito a bajo costo; renegociación de la deuda pública; redirigir la financiación privada; reestructurar la coordinación de las acciones climáticas a gran escala; reformular los sistemas y estructuras para flujos de capital equitativos. El financiamiento a través del endeudamiento encuentra un límite en el sobreendeudamiento de los países subdesarrollados, calculado en más de 200 billones de dólares.
La cumbre no cuenta con la presencia de Estados Unidos, emisor del 14 % de CO2 a nivel mundial. China mandó al viceprimer ministro, Din Xuexiang, no a Xi Jing Pin.
La administración trumpista ha descartado los compromisos asumidos por los EE. UU. para reducir la emisión de gases de efecto invernadero; torpedea la cumbre y busca alinear a otros países para que se alejen de la “agenda climática”. Trump tomó la iniciativa, en común con países productores de petróleo, de desestimar un posible tratado mundial de plásticos y se opone a la implementación de una tarifa global (la primera en la historia) para gravar a la industria naviera, por la contaminación por carbono. En la alocución a la última asamblea de Naciones Unidas, Trump advirtió al resto de los mandatarios que, si no "se alejaban de esta estafa verde, su país iba a fracasar". Taylor Rogers, portavoz de la Casa Blanca, reforzó: "El presidente Trump no pondrá en peligro la seguridad económica y nacional de nuestro país para perseguir objetivos climáticos vagos que están matando a otros países." Un punto a favor del fascista: los objetivos son ciertamente “vagos”.
Desde el gobierno liberticida de Javier Milei comunicaron que cumplirán con los requisitos formales exigidos por las Naciones Unidas y participarán de la COP30, con una menguada delegación de funcionarios medios de la Cancillería y de la Subsecretaria de Ambiente. Desde el gobierno, presentaron las “Contribuciones nacionales determinadas” (NDC, por sus siglas en inglés), que deben actualizarse cada cinco años, para cumplir con el Acuerdo de París. En el informe de hace cinco años, el tope era de 359 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO₂eq) para 2030. Aunque ese número debería reducirse progresivamente, el nuevo reporte eleva el límite a 375 millones de toneladas y lo extiende hasta 2035. En 2022 las emisiones nacionales fueron de 401 millones de toneladas, según datos oficiales. Desde el gobierno aseguran que la modificación de los números, para Argentina, se debe a una proyectada expansión de las actividades emisoras. Los principales contribuyentes al calentamiento global son el sector energético (50 %) y el agro-ganadero-forestal (entre 25 y 40 %). La Argentina representa el 1 % de las emisiones globales.
El gobierno de Milei niega los datos arrojados por la ciencia climática, que asocia a la agenda ´woke´, a la que acusa de trabar la libertad del capital, enredándola en objetivos sin fundamentos. En la COP29 celebrada en Bakú, Azerbaiyán, la Argentina estuvo en el ojo de la tormenta cuando la delegación se ausentó de la cumbre. Las explicaciones llegaron un tiempo después de la mano de un funcionario del gobierno, quien afirmó que “por el triunfo de Donald Trump, el Ejecutivo había evaluado retirarse del Acuerdo de París, algo que luego reiteró el actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni” (La Nación, 7/11). Teniendo en cuenta los antecedentes y el posicionamiento ideológico–político del gobierno liberticida, puede convertirse en la cumbre en curso en un caballo de Troya de Trump y del negacionismo.
Lo cierto es que el gobierno nacional desde diciembre de 2023 ha llevado adelante recortes en áreas dedicadas a cuestiones ambientales del 82 % del presupuesto, a través de la paralización de programas acordes.
En paralelo se hará presente en la COP30 la Alianza Verde Argentina, bloque conformado en 2024 por las provincias de Misiones, Santa Fe, Córdoba, Jujuy, La Pampa y Entre Ríos, que surge como respuesta al “cambio de rumbo del gobierno nacional a fines de 2023 referido a la cuestión climática.” (CPCE 20/10/2025) Desde la vocería de este bloque señalaron que su objetivo es el de “obtener fondos para proyectos en especial de agricultura regenerativa, mitigación y adaptación” (La Nación, 7/11).
Desde el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) elaboraron un documento para la cumbre titulado “Informe sobre la Brecha de Emisiones 2025: Fuera del blanco”, en el que se arriba a la conclusión de que los acuerdos climáticos del Acuerdo de París han reducido de manera insignificante el aumento de la temperatura global proyectado para este siglo, con una tendencia a profundizar el “daño climático”. El informe de la ONU señala que con las políticas actuales para finales del siglo se registrará un “aumento de 2,8 grados Celsius por encima del promedio preindustrial para finales de este siglo si se mantienen las políticas actuales. Si se implementaran plenamente los compromisos actuales, la temperatura aún aumentaría entre 2,3 y 2,5 grados.” (WSWS 7/11) Estas cifras representan una ligera mejora respecto a los 2,6 - 2,8 °C y 3,1 °C previstos en la edición anterior. No obstante, el avance es engañoso: 0,1 °C de esa mejora se debe a actualizaciones metodológicas y otro 0,1 °C se verá anulado por la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París, lo que deja el balance global prácticamente sin cambios.
Para cumplir los objetivos del deshilachado Acuerdo de París, el informe estima que el mundo necesita reducir las emisiones anuales un 35 % para 2035 con respecto a los niveles de 2019, si se quiere limitar el aumento a 2 °C, y un 55 % para mantenerse en la senda de 1,5 °C. Una meta que se transforma en una quimera en el marco de las disputas geopolíticas, traducidas en guerras y disputas comerciales, que hacen estimar que el piso de los 1,5 grados centígrados se supere en la próxima década.
Se puede leer en el informe “Diez años después del Acuerdo de París, los países planean colectivamente una producción de combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón) aún mayor que antes”, lo que redundaría en emitir el doble de carbono en 2030, haciendo imposible no superar los 1,5 grados pautados. Un fracaso que, según el informe, para ser revertido debe eliminar la generación de energía a base de carbón, reducir nueve veces más rápido la deforestación, poner en pie un sistema de transporte público en las ciudades más contaminantes, el desarrollo solar y eólico destinados a la generación de energía debe duplicarse y el financiamiento climático debe aumentar en cerca de 1 billón de dólares al año, semejante a dos tercios de la financiación pública de combustibles fósiles en 2023.
Según informes de la Agencia Internacional de Energía (AIE), en 2024 se registraron números récord de consumo de carbón con un total de 8.700 millones de toneladas destinadas a la generación de energía. Las estimaciones hacen prever que la demanda seguirá en aumento en los próximos años, como consecuencia de la guerra de la OTAN-Rusia en Ucrania y Europa, que ha provocado una crisis a nivel mundial de abastecimiento de gas. Esta tendencia es reforzada por China, que utiliza 30 % más carbón que el resto del mundo.
Históricamente, los gobiernos han calculado mal el costo climático de la guerra y del complejo industrial militar en general. Los datos oficiales son extremadamente irregulares o inexistentes debido al secreto militar y hay un acceso limitado para los investigadores. El costo económico de los gases de efecto invernadero, que tendrá consecuencias globales, es aún menos conocido. Según investigaciones la guerra OTAN-Rusia ha generado 229,7 millones de toneladas de CO2, la misma cantidad de emisión de dióxido de carbono que 175 países de manera individual, o lo equivalente a lo que generan en un año 120 millones de automóviles de combustión, o que las emisiones anuales combinadas de Austria, Hungría, República Checa y Eslovaquia. (Climática 24/2/2025)
El informe de la Iniciativa sobre la Contabilidad de la Guerra de Gases de Efecto Invernadero (IGGAW), un colectivo de investigación financiado en parte por los gobiernos alemán y sueco y la Fundación Europea del Clima, da cuenta de que un tercio de las emisiones provocadas por la guerra provienen directamente de la actividad militar (combustible utilizado por las tropas, fabricación de explosivos intensivos en carbono). Otro tercio obedece a la cantidad de acero y hormigón que se necesitan para la construcción y reconstrucción de infraestructura. El último tercio fue generado por incendios, desvíos de aviones comerciales, ataques a infraestructuras energéticas y, en menor medida, el desplazamiento de casi 7 millones de ucranianos y rusos. (The Guardian 3/10/2024)
La cooperación mundial sobre cuestiones climáticas encuentra contradicciones insalvables. Las relaciones internacionales, configuradas por la contradicción entre el carácter internacional de las fuerzas productivas y el carácter nacional de los Estados, están dominadas por la lucha por los mercados, las materias primas y la energía, no por la cooperación. La competencia asimétrica entre Estados, truncando cualquier “hoja de ruta” común, condena a la Cop30 de Belem a otro fracaso.
Ante las posiciones identitarias sostenidas por el progresismo y la izquierda internacional, es menester darle a la crisis climática una salida de clase de carácter internacional.
