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En los últimos días el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, anunció que el presupuesto 2026 que presentó a la Legislatura provincial, se funda en los principios de "austeridad" y "equilibrio fiscal". Acto seguido, funcionarios del gabinete provincial anticiparon una depuración de secretarías y subsecretarías en diversos ministerios, para cortar gastos y concentrar la toma de decisiones, es decir que habrá despidos.
El presupuesto en cuestión es de 4,2 billones de pesos, prevé un ajuste sostenido en salarios y elimina la incorporación de trabajadores precarizados a la planta permanente. El ahorro será transferido al pago de la deuda provincial de más de 470 millones de dólares, y a las obras de infraestructura, rutas provinciales y nacionales, vinculadas a la explotación minera y a la de la soja. Es un reclamo público reiterado de las corporaciones interesadas en la extracción y exportación del litio no refinado.
Sáenz ha reclamado al Foro de Intendentes seguir la pauta de ajuste provincial en los municipios. Se refiere a no renovar los puestos de quienes se jubilan, como ocurre en el ámbito de educación y salud, y deja un tendal de escuelas y hospitales sin docentes, personal de maestranza, enfermeros y profesionales. El colapso de la prestación de servicios será aún mayor.
El presidente del Foro reconoció que "muchos intendentes vienen haciendo ajustes en sueldos desde el año pasado" (El Tribuno 13/11), y que muchas comunas ya trabajan para reducir sus plantas de personal. Los salarios municipales, según el caso, van desde los 200 mil (planilleros), a los 600 mil pesos, menos de 1/3 de la canasta familiar. Durante 2024 hubo numerosos conflictos en municipios como Hipólito Yrigoyen y Tartagal, en los departamentos de Oran y San Martin, respectivamente.
La motosierra de Sáenz se ajusta al pacto Bessent-Caputo. Es una transferencia directa de los recursos de los trabajadores a los negocios financieros del pago de la deuda y al subsidio a las grandes corporaciones –como figura en el Acuerdo Marco firmado con Trump. Este esquema llevó, en dos años, a la Argentina de nuevo a las puertas de un default, y de grandes ganancias corporativas; lo mismo hicieron lo gobernadores de todas las corrientes políticas. El Acuerdo Marco exige aumentar las dosis. Sáenz apoya el presupuesto 2026 presentado por el gobierno nacional, así como la abolición del derecho laboral y previsional.
Luego de ordenar el ajuste en Salta, Sáenz se reunió con el nuevo ministro del Interior, Diego Santilli. En el Senado, Flavia Royón está encargada de votar los proyectos de Milei a cambio de la financiación estatal para las rutas y las obras que reclama la gran minería. Las rutas y la infraestructura las pagaremos, como decía la senadora en la campaña electoral, "primero los salteños". Royón y Sáenz han incorporado a tres empresas salteñas -La Moraleja S.A., Austin Powder Argentina S.A. y Coprotab Ltda.- al Régimen de Exportación de Planta. De esta manera podrán despachar desde sus propias plantas, con controles aduaneros remotos en tiempo real, reduciendo costos y tiempos operativos. Milei y Sáenz renuncian a exportar minerales, un recurso no renovable, industrializados. La Argentina ‘del futuro’ será todavía peor que la presente, para el conjunto de los trabajadores.
Sáenz pretende liderar la liga del Norte de los gobernadores ‘dialoguistas’ con Jujuy, Catamarca y Tucumán. Para el salteño, la ‘reforma laboral’ blanquea la situación de extrema precariedad laboral de los trabajadores en la provincia. En Salta el 50% de la masa laboriosa está en negro, el otro 50% corresponde a asalariados por debajo de la línea de la pobreza. La pulverización del derecho al trabajo y al salario en Salta, lleva registrada la destrucción de 12 mil puestos de trabajo formales en los últimos 18 meses, los descuentos contra la docencia que hace paro y la cesantía contra 117 que participaron en la última huelga autoconvocada en 2023.
