INTI: corte de ruta y represión
Escribe Carlos Suárez
El Gobierno destruye el control técnico de la producción y expone a la población al desastre
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El intento de los trabajadores del INTI de cortar la General Paz para frenar la disolución del Servicio Argentino de Calibración y Medición (SAC) expuso dos hechos decisivos: el avance del Gobierno sobre el instituto estatal y la impotencia -cuando no complicidad- de la burocracia sindical, incapaz de encarar una lucha a la altura del ataque.
Desmantelamiento estratégico disfrazado de “modernización”
A través de la Resolución 198/2025, el Gobierno decretó la disolución del SAC, un área que funcionó durante más de cuarenta años y posicionó a la Argentina entre los países con mejores estándares de medición de la región. Lo que presentan como “modernización administrativa” es, en realidad, un retroceso profundo: el Estado abandona funciones de control esenciales, que pasan a manos del Organismo Argentino de Acreditación (OAA) y laboratorios privados.
Esta decisión se da en el marco de un ajuste feroz, con entre 700 y 800 trabajadores despedidos y una militarización inédita de la planta del INTI: presencia permanente de gendarmes, un micro policial en la entrada, cámaras de reconocimiento facial y micrófonos direccionales capaces de captar conversaciones a distancia considerables. Un clima de hostigamiento y espionaje que busca disciplinar a quienes se organizan.
Achicamiento de la planta y privatización encubierta
Hasta ahora, el INTI coordinaba la red de laboratorios públicos y privados, garantizaba protocolos unificados y aseguraba la calidad de las mediciones utilizadas en energía, alimentos, salud, transporte, seguridad vial y procesos industriales sensibles. Con la eliminación del SAC, esa estructura se desarma: cada laboratorio deberá reorganizarse, acreditarse y afrontar costos adicionales en un sistema fragmentado, más caro y con menor control estatal.
El impacto va más allá del costo económico. La falta de un organismo público que centralice las verificaciones deja la seguridad técnica del país en manos privadas e incluso de intereses extranjeros, que buscan colocar sus productos en Argentina con controles reducidos o inexistentes. Desde la precisión de un surtidor de nafta hasta la toxicidad de un juguete infantil, hoy todo queda sujeto a criterios privados.
La protesta y el límite de la burocracia sindical
La reacción de los trabajadores -movilización y corte de la colectora de la General Paz- mostró la disposición a defender el INTI. Aun así, la Policía de la Ciudad impidió el corte total de la autopista. Mientras tanto, la conducción de ATE se limita a declaraciones tibias, e incluso su secretario general, Rodolfo Aguiar, se mostró dispuesto a “discutir una reforma laboral”, una señal de capitulación frente a un gobierno que busca avanzar sobre derechos básicos.
Los trabajadores del INTI no pueden esperar una respuesta firme de una burocracia que evita el conflicto, vacía las asambleas y habilita retrocesos históricos. La defensa del SAC y de la planta laboral exige una organización desde abajo, con asambleas, coordinación interna y unidad con el resto del sistema científico y técnico, así como con el sector afectado.
Defender el INTI es defender la soberanía y la seguridad del país
La eliminación del servicio de calibración no es un paso administrativo: destruye la capacidad estatal de décadas para determinar si un instrumento mide bien, si un producto es seguro o si un radar funciona correctamente.
Frente a este retroceso, sólo una intervención decidida de los trabajadores (pasando por encima de la burocracia sindical que frena la lucha) podrá revertir el desmantelamiento del INTI.
