Noticiero de luchas

Reforma laboral: una “ley negociada”

Por Pablo Busch

Faltando pocas horas para que el Gobierno presente el texto oficial de la reforma laboral, los medios han filtrado varias modificaciones que se introducirían en el texto original.

En el proyecto no figuraría la limitación de las cuotas solidarias. El aporte compulsivo por “uso de convenio” es hijo de La ley de Desregulación de las Obras Sociales. Antes, los trabajadores estaban obligados a afiliarse para tener acceso a las obras sociales. El aporte compulsivo fue acordado con las Cámaras Empresarias, que actúan como agentes de retención de los salarios de los trabajadores. La quita del aporte de los no afiliados afectaría también la capacidad de decisión de las direcciones sindicales, que hoy actúan con sindicatos vaciados de afiliados pero que recaudan compulsivamente.

A diferencia de la versión anterior, la iniciativa establece que los convenios por empresa o por región están por arriba de la ley, pero deja en pie “la representación sindical (…) del o los sindicatos de primer grado con personería gremial en el ámbito territorial y del personal que se pretenda negociar”. También desapareció un artículo que reducía la cantidad de delegados en las empresas.

El texto liquida el derecho de huelga, a través de su reglamentación. La mayoría de las ramas del trabajo (transporte, salud, educación) serán consideradas esenciales y están obligadas a mantener un 75% de los servicios. El resto será considerado trascendental, y será obligado a mantener servicios por lo menos al 50%.

La reforma incluye la regulación de las asambleas de trabajadores en los establecimientos al obligar a que tengan “autorización previa” del empleador, tanto respecto donde se realizará el horario y el tiempo de su duración y si se realiza dentro de la empresa deberá requerir autorización respecto del lugar.

En la reforma laboral se mantiene, además, la limitación de la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo, o sea la continuidad de su vigencia hasta tanto no sea reemplazado por otro. El atenuante que ofrece el Gobierno es que se mantendrían vigentes las condiciones de trabajo, pero no las obligaciones de aportes. El proyecto oficial respeta la ultraactividad para las denominadas “cláusulas normativas” que son las que definen condiciones de trabajo. El resto, que son las cláusulas “obligacionales” (como aportes y compromisos de empleadores ante los sindicatos) se caerían al vencimiento del convenio.

Otro punto que sigue vigente es la creación del salario dinámico que apunta a crear un ítem variable de carácter individual sujeto a objetivos. Los trabajadores que pretendan recuperar lo que pierden en su salario contra la inflación deberán discutir con su empresa cláusulas de flexibilidad laboral en vez de reclamar paritarias.

La ley incluye la derogación de varios estatutos profesionales. Se incluyó la anulación de la Ley 12.908 del Estatuto del Periodista y se mantienen la abolición de la Ley de Teletrabajo, los estatutos del viajante de comercio y del peluquero y las normas que regulan el horario de los supermercados, entre otras.

La CGT rechazó formalmente la reforma laboral que se había elaborado en el Consejo de Mayo, pero se manifestó abierta a negociar.

Portugal: Paro general contra otra reforma laboral

Por Ceferino Cruz

La movilización que desembocará en la huelga general convocada para el 11 de diciembre de 2025 fue gestada a partir de una oleada de protestas en noviembre, cuando miles de trabajadores salieron a las calles de Lisboa contra el “paquete laboral” del gobierno. La huelga fue convocada formalmente por las dos principales centrales sindicales del país: la CGTP Intersindical (CGTP), la central históricamente ´combativa´ y de fuerte arraigo obrero; y la UGT (Unión General de Trabajadores), más moderada, que decidió sumarse a la huelga tras deliberaciones internas.

Se trata de la primera huelga general conjunta desde 2013, año en que la respuesta obrera masiva apuntaba contra las políticas de austeridad de la “troika”. La “troika europea” fue el nombre que se le dio al órgano –compuesto por la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI)– que dirigió los programas de ajuste, rescate financiero y supervisión económica durante y después de la crisis de 2008 – 2012 en países como Portugal, Grecia, Irlanda, entre otros.

En octubre ya hubo en Portugal una huelga significativa del sector público: según el sindicato Frente Comum, la adhesión promedio fue del 80 %, alcanzando 90 % en sanidad, educación y justicia. Esa huelga exigía aumentos salariales y rechazaba la nueva ley laboral impulsada por el gobierno.

Por lo tanto, la huelga general no surge de un conflicto aislado o puntual: es parte de una escalada en la movilización obrera, que ha venido madurando desde comienzos del otoño portugués.

Un fantasma recorre el mundo: la Reforma Laboral

El gobierno –dirigido por Luís Montenegro, tras la victoria de la coalición de centroderecha (PSD-CDS) en 2025– ha puesto en marcha un proyecto conocido como Trabajo XXI.
Entre las modificaciones más preocupantes figuran:

Facilitación de los despidos en pequeñas y medianas empresas: permitir despidos sin causa justificada, eliminando trabas probatorias.

Mayor flexibilidad para la subcontratación, precarización del empleo y expansión de contratos temporales.

Introducción de “bancos de horas individuales”, que posibilitan acumular horas extra sin compensación inmediata.

Restricciones al derecho de huelga: la reforma ampliaría los sectores sujetos a servicios mínimos, debilitando la capacidad real de protesta.

Recortes en derechos sociales: reducción de permisos (por maternidad/paternidad, lactancia), alivio de cargas para los empleadores; un retroceso en materia de protección social.

El cuadro europeo: ofensiva general del capital

La situación portuguesa no es un caso aislado, sino parte de una ofensiva más amplia que recorre Europa. Ante eso, la reacción obrera encuentra obstáculos: burocracias sindicales cómplices, fragmentación sectorial, limitaciones legales a huelgas, servicios mínimos extensos. La reforma “Trabajo XXI” busca hacer pasar al mercado laboral portugués a un estado de precariedad estructural.

La huelga general en Portugal del 11 de diciembre es la expresión de un conflicto de clase profundo: el intento del capital europeo de “reordenar el trabajo”, y una clase obrera que recupera el protagonismo.

El gobierno elimina el financiamiento de los proyectos de investigación

Propone a los científicos asociarse con el sector privado o endeudarse para conseguir financiamiento.

Por Sergio Yeti

En el día de ayer, 5 de diciembre, una circular de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i) perteneciente a la Jefatura de Gabinete, dio a conocer que se cancelará el financiamiento de los proyectos PICT (Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica) 2022 ya concursados y los PICT 2023 a concursar. El dinero para este financiamiento, particularmente el de la convocatoria 2022, viene siendo retenido por el gobierno desde que asumió.

La Agencia I+D+i es la encargada de captar, centralizar, concursar y otorgar el financiamiento para ciencia, tecnología e innovación procedente de fondos como el Banco Interamericano de Desarrollo(BID) o el Banco Mundial(BM). La misma Agencia viene paralizada desde la asunción del gobierno, con salario congelados hace más de un año y rotaciones en su presidencia.

Los PICT estaban orientados a “propuestas de generación de conocimiento original y/o innovador, científico y/o tecnológico, con objetivos definidos que incluyan una explícita metodología de trabajo y conduzcan a productos y resultados verificables y evaluables y en principio, destinados al dominio público”. Y los tipos de proyectos apuntaban a la formación de equipos de trabajo, con escalafones de financiamiento desde investigadores que se inician en la investigación, hasta grupos de trabajo formados.

La circular de la Jefatura de Gabinete que elimina los PICT, anuncia que se crearán cuatro convocatorias públicas para concursar por el mismo financiamiento, pero ahora re-perfilando la producción al lucro del sector privado. Por un lado, lanzó el Apoyo a la Investigación Científica (AIC) el cual otorga hasta 200 mil dólares. Los proyectos que se presenten tienen que “ser instituciones de investigación públicas y privadas sin fines de lucro -incluyendo universidades, centros de investigación y fundaciones- que desarrollen proyectos de investigación aplicada en asociación obligatoria con empresas del sector privado”. La financiación puede alcanzar hasta el 80% de la inversión necesaria y el otro 20% debe ser solventada por el investigador o el sector privado. El monto total destinado a los AIC es de 10 millones de dólares.

Por otro lado, lanzó 3 líneas de financiamiento al desarrollo de Starups (“emprendimiento emergente con capacidad de escalamiento, fuerte componente innovador y potencial de impacto en cadenas de valor”) que se encuentren ya en niveles de madurez tecnológica media a avanzado (TRL 3 a 9) esto significa que las fases de investigación básica ya están avanzadas o terminadas (nivel 3) y empiezan las etapas de desarrollo tecnológico (correspondiente al nivel 4 al 6). Para estos concursos el préstamo es reembolsable a 10 años a un 120% del monto original y con 3 años de gracia. El monto total destinado a estas tres convocatorias es de 11 millones de dólares (2,5 millones para los niveles de maduración 3-4; 3,5 para niveles 5-6; y 5 millones para los niveles 7 a 9)

En medio de una recesión industrial y de un vuelco del capital productivo hacia el capital financiero, el gobierno busca que los científicos salgan a buscar a las empresas para poder concursar a subsidios para investigaciones que vuelven a las empresas, o sea un subsidio directo al capital productivo que hoy se retrae sobre los bonos de deuda que ofrecen los estados. La otra salida que ofrece al gobierno es ofrecer esquemas de endeudamiento laxos a través de startups.

En su comunicado el gobierno no aclara que se hizo con el dinero de los PICT 2022 y 2023, deja en claro que el Estado va a poner todo su andamiaje para salvaguardar el desarrollo del capital.