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El martes pasado, los principales medios periodísticos locales circularon impactantes videos sobre el colapso de la guardia del hospital San Bernardo, el principal hospital de la provincia. Filas de ambulancias esperando con pacientes a bordo, pasillos atestados y demoras de atención de hasta 5 horas en la guardia. Esta situación se extiende a todos los hospitales públicos de la capital salteña y de las principales ciudades del interior, particularmente en Orán, la segunda más grande de la provincia.
Después de calificar como “excepcional” la situación del hospital San Bernardo, el ministro de Salud de Salta, Federico Mangione, y los gerentes de los hospitales capitalinos, achacaron el colapso a un vuelco de pacientes con obras sociales hacia el sistema público. En su mayoría, se trataría de pacientes crónicos que necesitan largos períodos de internación. En noviembre pasado, Mangione declaró que la capacidad operativa de los hospitales públicos provinciales está superada en un 65 % (El Tribuno, 8/11).
Los funcionarios reconocieron que la concurrencia de personas con cobertura al hospital público representa entre el 23 % y el 30 % de las consultas e internaciones mensuales (El Tribuno, 11/12). Buena parte de ese flujo corresponde a personas afiliadas al IPS, la obra social provincial y por lejos la de mayor cantidad de afiliados en la provincia. Las clínicas privadas exigen depósitos de internación y coseguros que hoy no pueden ser cubiertos por los asalariados estatales. El ministro Mangione se excusó afirmando que están trabajando para eliminar las trabas burocráticas que impiden su atención en el sector privado, sin referirse al colapso del propio IPS. Según Mangione, por las obras de ampliación se ha reducido circunstancialmente la capacidad operativa de los hospitales públicos, pero esto revela la falta de planificación. Dichas obras, en todo caso, tampoco revertirán el cuadro de colapso.
Ajuste y privatización encubierta
Lo cierto es que este colapso no se debe solamente al flujo de pacientes con obra social, sino al desfinanciamiento crónico del sistema, sobre todo en infraestructura y personal, en beneficio del sistema de salud privada. Sáenz ha mantenido el sistema de gerenciamiento hospitalario, que bajo “recursos propios” a duras penas cubre el faltante de insumos y personal bajo contratos precarizados y monotributo, pero no puede hacerse cargo de infraestructura. Tampoco ha derogado la ley impuesta bajo el mandato de Urtubey, que reintegra 3 de cada 4 pesos invertidos en salud privada en la provincia. Menos aún ha señalado cómo ha contribuído a este cuadro el empobrecimiento fenomenal de la población salteña, su hacinamiento por el déficit habitacional y la carestía de los alquileres, y la pérdida de más de 12.000 puestos de trabajo formales en el último periodo, con la consecuente pérdida de su obra social. El colapso sanitario en curso pone de relieve un proceso de degradación social mucho más amplio, profundizado ahora por Sáenz y Milei.
En el caso del Hospital oranense San Vicente de Paul, el viernes pasado una tormenta dejó anegada e inhabilitada toda el área de citoginecología, a la par que sus trabajadores denuncian la retracción de la planta en el orden de un 30 % en la última década. Fue justamente ante el colapso crónico del hospital de Orán que Sáenz impuso, ya hace más de un año, el cobro a extranjeros. El colapso actual echa por tierra la política fascistizante de Sáenz y que promovió como medida a nivel nacional.
Mangione y Sáenz han promovido este colapso en nombre de combatirlo, atacando y reduciendo el régimen de horas guardia en el Samec (Sistema de Atención Médica para Emergencias y Catástrofes), en el servicio del avión sanitario provincial y en los hospitales. El ministro no dejó de aprovechar la oportunidad para tratar de “resentidos” a los trabajadores del Samec, al acusarlos de haber filmado y viralizado el colapso de la guardia del hospital San Bernardo. En medio de este caos, Mangione propone un esquema de inversiones público privadas, que comenzaría con la adquisición de aparatología compleja que prestaría servicio en los hospitales públicos (El Tribuno, 8/11), pero podría seguir con el desarrollo de infraestructura y áreas de atención completas. Este esquema, al ser pago, solo agravará la crisis en curso; pues lo que se presenta como una crisis de infraestructura tiene como base la insolvencia de los mayores costos de la salud para quienes detentan obra social y prepagas.
Ante la emergencia, el gobierno apenas ha atinado a intentar redistribuir pacientes crónicos en diferentes nosocomios públicos, lo que se inviabiliza por falta de profesionales especialistas necesarios; y ahora planea derivar los llamados pacientes “verdes” -con gripes y anginas estacionales- al sistema de atención primaria (centros de salud barriales), lo que terminará en un fracaso porque los mismos se encuentran vaciados, razón por la que los enfermos se dirigen a los hospitales públicos. Hace menos de un mes, debieron impulsar una rotación de profesionales médicos por los centros de salud para mitigar el colapso de los consultorios externos de los hospitales públicos, sin éxito verificable.
La burocracia sindical es parte del problema
Como suele suceder en estos casos, el gobierno y los burócratas sindicales han tenido que destacar el sobreesfuerzo del personal sanitario provincial, que ha visto intensificados al máximo los ritmos de su jornada laboral, con salarios de pobreza, precariedad laboral, y a veces sin infraestructura, insumos ni cantidad de profesionales necesarios. Toda una perfidia para encubrir los ataques del gobierno y que ATE, ATSA, UPES, APSADES y las asociaciones por hospital han dejado pasar sin lucha. La fenomenal cantidad de sellos sindicales burocráticos ha oficiado como un potente factor de atomización. Mediante la cooptación y las represalias, Sáenz ha quebrado, por el momento, el movimiento autoconvocado que irrumpió en 2023, con la huelga general de la docencia autoconvocada salteña. El colapso sanitario en curso está directamente vinculado al desarme de los trabajadores de la salud.
Cómo enfrentamos el colapso sanitario
Desde Política Obrera llamamos a combatir este colapso impulsando la deliberación de base en cada hospital y centro sanitario, estableciendo los pliegos de reclamos tanto salariales como sobre infraestructura, personal, equipamiento e insumos; coordinando medidas de acción contra la debacle del sistema de Salud, producto de las políticas capitalistas de Milei y Sáenz. Es necesario imponer la triplicación del presupuesto de salud y su aplicación bajo control de representantes electos y revocables de los trabajadores del área. También, ante el cuadro de emergencia, imponer la utilización de la infraestructura ociosa de clínicas e institutos de salud privados. Una salida progresiva a esta crisis sanitaria está ligada a su reorganización bajo un gobierno de trabajadores.
