Escriben Joaquín Antúnez y Oscar Aguirre Zabala
El pulpo Micro Omnibus Quilmes (MOQSA) adeuda salario, viáticos y aguinaldo.
Tiempo de lectura: 3 minutos
Los 500 choferes de la línea 148, El Nuevo Halcón, se encuentran hace más de una semana en huelga por tiempo indeterminado ante la deuda salarial que mantiene la patronal (grupo MOQSA), que incluye la mitad del salario de noviembre, los viáticos y el aguinaldo. La huelga fue declarada en asamblea el pasado 23 de diciembre, cuando la empresa comunicó formalmente que no pagaría antes de la Navidad ni el salario adeudado ni los aguinaldos. La excusa es la falta de pago de los subsidios por parte del gobierno nacional. Esta situación se repitió durante meses, al menos 7 veces en el año 2025; los trabajadores convocaron retenciones de tareas y huelgas ante atrasos salariales. Una “huelga salvaje” cultivada en el salvajismo patronal.
Los trabajadores fueron agotando diversas vías en su semana de lucha. En primer lugar, parando la salida de unidades. En segundo lugar, organizaron movilizaciones a la sede central de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), para que active medidas de mediación legal con la empresa para instar al pago de haberes adeudados. Lo mismo hicieron con la Secretaría de Trabajo nacional, ubicada también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Las medidas continuaron con un corte el 29 de diciembre en el Puente Pueyrredón y, como última medida adoptada, se convocaron desde la medianoche del 30 de diciembre en los portones de la sede central de MOQSA, en Berazategui. Allí se concentran las principales líneas del grupo empresarial (159, 219, 300, 372, 584). Esto llevó a un inmediato paro general en toda la empresa, puesto que otro grupo de compañeros, ubicados en Fcio. Varela, interrumpieron la circulación de las líneas vinculadas a la firma San Juan Bautista, de la cual MOQSA es uno de sus principales accionistas.
El bloqueo a los portones y la huelga en todo el grupo MOQSA se hizo sentir con fuerza en los municipios de Fcio. Varela, Berazategui y Quilmes. Prácticamente todos los accesos a la capital por vía terrestre quedaron anulados, la línea 148 comunica a importantes zonas de Varela y el oeste de Quilmes con CABA.
Esta medida obligó a la patronal a sentarse con los delegados de la empresa, sin llevar adelante ninguna oferta que solucionara el atraso en el pago de haberes. El grupo MOQSA viene llevando adelante un vaciamiento de líneas que pertenecen a su grupo empresarial; la línea 148 es la más afectada por esta metodología. Los choferes manejan unidades en estado crítico; la falta de mantenimiento ha convertido a la cabecera de la 148 en un cementerio de colectivos.
La empresa ha contado en todo el conflicto con el explícito apoyo del gobierno nacional, que no ha movido un dedo para abonar los salarios caídos. Lo mismo vale para el gobierno de Kicillof, que puso a disposición la Policía Bonaerense para amedrentar a los trabajadores: “si no abren los portones, los sacamos a palazos”.
Una asamblea de los trabajadores presentes, después de más de 15 horas de piquete, acordó despejar uno de los portones pero desde las 17 horas del martes 30. Finalmente, cerca de las 20 horas los trabajadores dieron por concluida la actividad y se convocaron nuevas asambleas en la cabecera de la propia línea 148. Tras estos hechos, la burocracia de la UTA activó una mesa de diálogo ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, la cual hasta el momento no ha tenido lugar. La política de Walter Correa, ministro de trabajo, es la imposición de conciliaciones obligatorias para apagar la bronca de los trabajadores, mientras la patronal incumple todos los puntos de las mismas. El contraste es total: autoconvocatoria obrera de un lado, pasilleo institucional del otro.
No fueron pocas las tensiones que se vivieron en las jornadas de lucha; los trabajadores mostraron una enorme predisposición de lucha ante la violencia estatal y patronal. La solidaridad de las otras líneas estuvo subordinada a la acción directa de los choferes de la 148. Ante una única patronal, la división en varias cabeceras y cuerpos de delegados obliga a una coordinación para defender al conjunto del colectivo obrero frente a los atropellos en sus condiciones de trabajo.
El salario de los choferes, históricamente por encima de la media tras años de lucha y conquistas, ha sido rifado por la burocracia de Fernández. Las patronales se valen de un gobierno declaradamente antiobrero para avanzar sobre el convenio colectivo e imponer de hecho una contrarreforma laboral. La intransigencia ante los piquetes y la huelga ubica la estrategia en imponer una derrota de nivel para destruir la moral obrera.
