El gobierno liberticida se propone privatizar los hospitales nacionales

En una reciente conferencia de prensa, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se quejó de los aportes provinciales que debe realizar el gobierno de Axel Kicillof en cinco hospitales nacionales, cuyo financiamiento es compartido entre el Ministerio de Salud nacional y su par provincial. Estas unidades hospitalarias revistan como Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad (SAMIC). En total suman seis hospitales, de los cuales cinco se encuentran ubicados en la provincia de Buenos Aires y la restante en El Calafate, Santa Cruz. El gobierno nacional ha reclamado a la provincia una deuda de más de 500 millones de pesos. Kicillof retruca que la deuda del gobierno nacional con la provincia de Buenos Aires asciende a 15 billones de pesos, por lo que se estaría cobrando una deuda del Ejecutivo nacional por este medio. Adorni y Mario Lugones, ministro de Salud, han declarado que se evalúa una privatización de los SAMIC para “reducir costos”.

Los cinco hospitales ubicados en el conurbano bonaerense ocupan un rol central en la atención de millones de personas. Estos son: El Cruce, en Florencio Varela; Cuenca Alta, en Cañuelas; René Favaloro, en Rafael Castillo; Presidente Néstor Kirchner, en Gregorio de Laferrère; Hospital Bicentenario, en Esteban Echeverría.

En líneas generales, el gobierno nacional no ha escondido su pretensión de provincializar el conjunto de la salud pública, como ya han hecho los sucesivos gobiernos desde el menemismo, tanto con la salud como con la educación. La excepción ha sido reservada para el Hospital Garrahan, del cual Adorni ha dicho que no pretende deshacerse “por su reconocido servicio y excelencia”, luego de haber implementado un ajuste brutal sobre el nosocomio especializado en patologías para niños, niñas y adolescentes.

El Gobierno ha reclamado, mediante Manuel Adorni, que el Ejecutivo provincial ha dejado de realizar el aporte que le corresponde para el mantenimiento de las unidades hospitalarias, lo que ha obligado al gobierno nacional a afrontar el 100 % del desembolso para los recursos necesarios. En principio, estos aportes corresponden enteramente al año 2025. Los liberticidas han concluido que es imposible sostener este ´modelo compartido´, más aún si el aporte recae enteramente en el gobierno nacional. Por eso mismo, si la provincia rechaza el traspaso total de los hospitales a su órbita plantea, como alternativa, una gestión público-privada de los mismos. Este modelo es aplicado en España en numerosos nosocomios, lo que ha convertido la salud en un negociado hecho y derecho.

Según reconoció un importante funcionario libertario a La Nación (04/01), ya hay “especialistas” que han viajado desde España para interiorizarse en las unidades SAMIC y “aconsejar” al gobierno nacional en la mejor manera de privatizar estas unidades. Lo que asegura el Gobierno es que el Ministerio de Salud controlaría a la gestión privada de los hospitales y realizaría un aporte a modo de cuota para cubrir la atención de la población que no cuenta con obra social o prepaga. Si uno revisa las unidades que integran el SAMIC, comprueba que se encuentran en barriadas azotadas por el desempleo y el trabajo precario; la “cuota” se convierte en una expulsión de la población de los centros de salud. El caso más flagrante es el Hospital El Cruce, que es de alta complejidad, cuyos costos de internación son millonarios e imposibles de afrontar para cualquier familia trabajadora, incluidas las que cuentan con cobertura médica privada o sindical. El gobierno nacional ha asegurado que su idea es asociarse a las gestiones privadas para “participar de las ganancias” que arroje el gerenciamiento privado. El presupuesto 2026 ha declarado que todo el dinero público está puesto en función de abonar la deuda pública, todo lo demás es un “gasto tóxico”.

La dirección de la CICOP y Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud (FESINTRAS) ha emitido un comunicado manifestando su “preocupación” por las declaraciones de Adorni y el Ministerio de Salud nacional, sin denunciar al mismo tiempo al gobierno provincial, en el cual se encuentran enrolados políticamente.

Los gobiernos de Milei y Kicillof no actúan en el vacío, siguen el libreto internacional de los distintos gobiernos que han declarado la necesidad imperiosa de deshacerse de los servicios de salud pública. Es la gran conclusión de la burguesía y sus gobiernos tras la pandemia de COVID-19. La liquidación de la salud pública es una demostración mortal de la debacle capitalista. El conjunto de los recursos estatales es dirigido en función de sostener el pago de la deuda pública: “la bolsa o la vida”.

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