Presupuesto 2026: aplanadora a la educación y los gastos sociales, con la venia peronista y radical

La votación a libro cerrado del Presupuesto 2026 fue celebrada de diferentes maneras por la camarilla de Milei, Caputo y Bullrich. El presupuesto ajustador consiguió un nivel de aprobación superior al previsto -46 senadores a favor-, algo que no podría haber ocurrido sin el aval de un conjunto de senadores peronistas que responden a los gobernadores de Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero. En la partida también ingresó la senadora de Sáenz y representante del capital minero, Flavia Royón. Aunque Milei repartió migajas en las tratativas previas al tratamiento de la ley, el hilo conductor que guió a los gobernadores es la promesa de que las provincias serán autorizadas a endeudarse. El presupuesto, después de todo, es la transcripción literal de los compromisos que el gobierno suscribió con el FMI en abril pasado, y que hasta ahora estaban sólo sujetos a un decreto. Ahora, el rescate fondomonetarista y sus consecuencias ha logrado el aval del Congreso, sustentado en un amplio abanico de votos opositores.

Impostura

Los senadores se tragaron la cicuta del “Capítulo 2” del proyecto, que implica una trepanación sin precedentes de los gastos educativos. En el presupuesto votado, la función “Educación y Cultura” representa una caída del 47% respecto del gasto del 2023 en ese rubro. En el caso de “Universidades Nacionales”, la comparación similar arroja una reducción del 34%, e incluso un recorte respecto del año que termina. De conjunto, el gobierno dispuso la derogación del artículo de la Ley de Financiamiento Educativo que plantea un piso del 6% del PBI en Educación. Aunque esta cláusula fue sistemáticamente incumplida por todos los gobiernos, su supresión legaliza el derrumbe educativo. El mismo destino han corrido las partidas destinadas a la Educación Técnica. El recorte educativo en todos los niveles pone de manifiesto la impostura de todos los que “resistieron” en el Congreso a la derogación de la ley de Financiamiento Universitario. Varios de esos mismos bloques se encargaron ahora de votar el recorte de fondos efectivos a la Universidad. En rigor, ya lo habían hecho en Diputados, porque lo que votaron los Senadores es lo mismo. Lo que fue ocultado por toda la oposición es que el mismo “financiamiento universitario” que decían sostener en una parte de la ley de presupuesto -capítulo 11-, era desfinanciado en los hechos en otra sección de la ley, el capítulo 2. El kirchnerismo, que celebró como un Mundial la caída del capítulo 11, se cuidó muy bien de denunciar el ajuste que se perpetraba en Educación a la hora de los números.

Los “opositores” le han dado al gobierno un arma poderosa para rechazar judicialmente los reclamos que se planteen por este tema, pues los abogados de Caputo y Milei dirán que los propios diputados, al votar a favor el presupuesto de ajuste, derogaron en los hechos al “financiamiento universitario”.

Algo muy parecido ha ocurrido con la discapacidad, pues los números incluidos en el presupuesto se acomodan al recorte de pensiones y prestaciones que el gobierno está ejecutando, de oficio, en estas mismas horas: la reducción de recursos para discapacidad prevista en la ley es del 10% respecto de 2025. Los gobernadores, además, han consentido una caída del 13% en las transferencias para las cajas jubilatorias provinciales, algo que buscarán endosarle a los pasivos de cada distrito.

Salida precaria

Milei ha soldado provisionalmente a su “coalición del ajuste”, detrás del señuelo que interesa a todos los partidos capitalistas: normalizar las relaciones con el capital financiero. El bajo perfil kirchnerista frente a los ajustes que se perpetraban en Educación y otros rubros pone de manifiesto que el rescate de la deuda pública y privada es la línea maestra de toda la burguesía y sus partidos. Caputo llevará este presupuesto como ofrenda a los bancos y fondos a los que procura interesar para afrontar los vencimientos de deuda del 2026.

Pero los ajustes previstos, muy gravosos para trabajadores, educadores o jubilados, no alcanzan para afrontar las hipotecas de la deuda pública externa e interna. El presupuesto no aleja la sombra de defolt. Pero la pretensión de una salida a la miseria de los educadores, la salud o los jubilados de la mano del Congreso, ha caducado sin atenuantes.