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La “topadora” libertaria, que amenazaba cerrar el año con presupuesto, blanqueo y reforma laboral aprobados, se ha topado en cambio con un obstáculo al interior de sus propias filas. Diputados no aprobó la derogación de las leyes universitaria y de discapacidad junto a varios otros puntos cruciales; por otra parte, una ley de características anuales no puede derogar leyes de alcance mayor La amenaza de Milei de vetar su propia “ley de leyes” hubiera sido el colmo del absurdo, porque no cambiaría en nada los resultados de la votación. Pero el fracaso sembró la sospecha de que había quedado en riesgo la aprobación de la contrarreforma laboral, debido a la ruptura de pactos previos. La pieza grande del oficialismo y de los capitanes de la industria quedó para ser tratada en febrero. Para ese momento harán su ingreso otros factores de crisis, como el financiamiento para pagar los vencimientos de la deuda externa. Un recordatorio de que el voto popular no tiene la capacidad para resolver las contradicciones del capitalismo.
“Capítulo 11”
El rechazo a la derogación de las leyes de discapacidad y financiamiento universitario se llevó puestas a varias otras resoluciones que Milei-Caputo quisieron meter en el presupuesto 2026. Por un lado, la derogación de los subsidios tarifarios a las zonas frías del país Por el otro, el congelamiento de las asignaciones familiares, el único rubro del gasto social que venía indexándose desde diciembre de 2023. Los “campeones de la austeridad fiscal” también habían incluido un pago a Edesur y Edenor del orden de los 3.000 millones de dólares, ‘en compensación’ por congelamientos tarifarios anteriores. Edenor pertenece a Vila, Manzano y Filiberti, un empresario largamente vinculado a Massa. Otra compensación de este tipo se le asignaba al estado macrista de la Ciudad de Buenos Aires, por quitas en la coparticipación. Como se ve, la decisión de votar en bloque, al impedir hacerlo por artículo, encerraba una confiscación social perfectamente calibrada. En realidad, todo el presupuesto de Milei sigue una misma lógica: por un lado, reducciones de impuestos al capital; por el otro, recortes a la salud, a la educación, a los salarios, a la obra pública.
La misma “reforma laboral”, contrabandea otras medidas ajenas al empleo: por ejemplo, reducciones importantes en el impuesto a las Ganancias de las sociedades. Como es un impuesto coparticipable, este cambio implica una merma del orden de los 1.500 millones de dólares anuales para las provincias. Los socios regionales del ajuste le exigen al gobierno garantías de que esta merma será compensada con otras partidas. En los días previos al tratamiento del presupuesto, el gobierno repartió 50 millones de dólares por Aportes del Tesoro a Tucumán, Catamarca, Salta y Misiones. Pero según La Nación (19/12), estos gobernadores “no cobraron lo que pretendían”. En el oficialismo, los ‘justicialistas’ del Norte forman parte de una pandilla que dirige Martín Menem, con aspiraciones a gobernar La Rioja. Como en el delito organizado, cada uno se reserva su zona de influencia.
Kirchnerismo
A los desaguisados oficiales, se ha sumado, precisamente, el pacto entre Martín Menem y Máximo Kirchner para la designación de los Auditores Generales de la Nación, con la inclusión de un cristinista declarado en el puesto que habían reclamado Macri y Cristian Ritondo, el jefe de la bancada PRO. El acuerdo es trascendente, por su relación con las negociaciones acerca de la Corte Suprema y los centenares de vacantes en la Justicia. Esta discusión ampliada es decisiva para el futuro penal de Cristina Kirchner. En las elecciones de octubre, la ex presidenta auspició las listas encabezadas por el círculo del Norte – Jaldo, Jalil, Sáenz. y otros gobernadores. Las tratativas con el peronismo por la Auditoría y la Justicia anticipan también los acuerdos que se vienen por la reforma laboral. Patricia Bullrich anticipó en el Senado que el dictamen aprobado ayer estaba “abierto a modificaciones”.
Scott Bessent exit
La crisis de estas horas deja varias enseñanzas políticas. Por un lado, ha sacado a la luz los vasos comunicantes que unen al gobierno antiobrero y represivo con el conjunto de los partidos capitalistas, incluso y principalmente con el “nacional y popular” peronismo de todos los matices.
Cuando se anunció la reforma laboral, dijimos en estas páginas que asistíamos a una tentativa de “cambio de régimen” bajo la forma de una ley que deroga el derecho laboral como tal. La otra bomba de tiempo -la deuda pública- fue simplemente ignorada por el Congreso (así como las privatizaciones), cuando ella es la hipoteca sin rivales con que carga el Tesoro. El manejo de la deuda (endeudamiento para pagar vencimientos y el otorgamiento de garantías patrimoniales) en forma exclusiva por el Poder Ejecutivo, violenta todo el régimen constitucional. El Presupuesto 2026 ignora el cálculo de gastos y recursos financieros; es un papel mojado.
En cuanto a las leyes de financiamiento universitario y discapacidad, Milei seguirá desconociéndolas como lo ha hecho hasta ahora; lo mismo con los fallos judiciales que lo reclamen, como han hecho los Kirchner y los Macri hasta el cansancio. El interrogante es si Milei ingresó en la “comezón” del tercer año de gobierno, como le ocurrió a Macri-Caputo-Sturzenegger, en 2018, y a CFK en 2008, 2014 y finalmente 2021. En todas estas ‘comezones’, la abultada deuda pública jugó un rol fatal. Scott Bessent, el tesorero norteamericano, se ha retirado del respaldo (“backstop”) a Caputo y le tiró el fardo a Kristalina Georgieva.
