Escribe Julio Quintana
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Una resolución del Secretario de Gestión de Recursos Humanos del Gobierno de la Provincia de Salta, publicado en el día de ayer en el boletín oficial, desató la bronca de cientos de ordenanzas de escuela (auxiliares) precarizadas del interior provincial que exigen desde hace años su pase a planta permanente. Esta habilita el pase a planta transitoria pero solo de las ordenanzas de Salta Capital, rechaza el ingreso de las que prestan servicio en el interior y las coloca bajo la categoría nebulosa de “revisión”. Con la creación de la figura de “planta transitoria” el gobierno de Sáenz evita un pase a planta inmediato y lo dilata en el tiempo, aunque mejora salarios y garantiza cierta cobertura social al personal precarizado.
La excusa del gobierno es que no se ha realizado un “convenio de colaboración” con el Ministerio de Educación, lo que representa un verdadero absurdo ya que estas ordenanzas fueron enviadas a los establecimientos por los diferentes intendentes municipales bajo un “convenio de cooperación mutua” entre el ministerio de educación y los municipios. Este convenio siempre se firma a principios de cada ciclo lectivo y caduca en diciembre, por lo que es obvio que no existe formalmente en el momento en que se emitió la resolución.
La medida fue tomada como una provocación por parte de las ordenanzas precarizadas, quienes en diciembre pasado llevaron adelante un paro provincial, levantado bajo la promesa de ser tenidas en cuenta en este listado. Por eso, ahora rápidamente se autoconvocaron en asambleas y marcharon sobre las intendencias de varios municipios del interior. Ante sus reclamos los intendentes fingieron sorpresa y señalaron que mediante el Foro de Intendentes de Salta, presentarán un reclamo.
Pero el bloqueo del pase a planta transitoria por parte del gobierno de Sáenz no se debe a un error o descuido administrativo, como lo presentan los intendentes y los burócratas del Ministerio de Educación. En el marco del armado del presupuesto 2026, el gobernador se reunió con los intendentes y acordó un ajuste conjunto mediante la no cobertura de vacantes por jubilaciones y el bloqueo del pase a planta de los precarizados municipales. El bloqueo a planta transitoria contra las ordenanzas, se corresponde completamente con esta política, avalada por los diputados y senadores del interior al votar el presupuesto provincial 2026. Es la política que el saencismo ha delineado en acuerdo con Milei, para profundizar el ajuste sobre los trabajadores en pos del pago de la deuda pública nacional y provincial. A término, plantea la amenaza de que el gobierno no llame a las ordenanzas a trabajar este año, aunque su rol es esencial en las escuelas por la falta de personal.
Bajo este cuadro, la respuesta del movimiento no fue esperar las gestiones burocráticas de los jefes comunales, sino comenzar un plan de lucha para ser reconocidas como empleadas de la provincia y exigir el cumplimiento del principio constitucional “igual salario por igual trabajo”, pues por media jornada laboral cobran apenas cien mil pesos mensuales. Para ello, eligieron delegados por municipio y preparan una concentración sobre la Casa de Gobierno Provincial, el centro cívico Grand Bourg, para el próximo lunes 12 de enero. Las localidades más organizadas y activas son las de Orán, Metán, Tartagal y Güemes y ya lanzaron una colecta para financiar su viaje a la capital. El movimiento tiende a extenderse a todos los municipios.
La reacción de lucha como la que tomaron las ordenanzas precarizadas es la única vía efectiva para quebrar esta política antiobrera. Es necesario preparar la huelga provincial de las ordenanzas para el inicio de clases y confluir con los reclamos salariales de la docencia y las ordenanzas de planta permanente.
